LA SITUACIÓN EN EL PAÍS VASCO
Los Gobiernos central y vasco han decidido reforzar la seguridad de los concejales, las sedes y los actos públicos del PP y el PSOE. El consejero vasco de Interior, Javier Balza, anunció ayer que la Ertzaintza tomará medidas en 24 horas y calificó de 'inaplazable' la coordinación con Madrid, tras la reunión de la Mesa vasca de Seguridad.
La Guardia Civil localizó ayer por la tarde en Usurbil (Guipúzcoa) un arsenal de ETA que incluía 30 kilos de explosivos, varias armas y componentes electrónicos para fabricar bombas. El depósito fue localizado en un trastero de la casa donde residían los detenidos Jokin Errasti y Oihana Lizaso, registrada el domingo infructuosamente, según fuentes de la investigación.
El líder de la oposición socialista en Cataluña, Pasqual Maragall, elevó ayer la temperatura del debate palamentario sobre la orientación del Gobierno autónomo al pedir solemnemente al presidente Jordi Pujol que disuelva el Parlamento y convoque elecciones.
M. GONZÁLEZ / A. DÍEZ | Madrid
La izquierda y los partidos nacionalistas critican la exaltación de los símbolos nacionales en plena crisis con el País Vasco
El tren de alta velocidad que unirá a Portugal con Europa habrá de esperar. Ni la sintonía política ni la amistad personal del presidente del Gobierno, José María Aznar, con su homólogo luso, José Manuel Durão Barroso, fueron suficientes para que llegaran ayer a un acuerdo sobre el trazado del AVE Oporto-Lisboa-Madrid.
Las comunidades autónomas propondrán y gestionarán el contingente de trabajadores inmigrantes del próximo año, según establece el borrador de una moción que negocian el PP y CiU, y que el pleno del Congreso de los Diputados abordará dentro de dos semanas.
El anteproyecto de Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado el viernes en el Consejo de Ministros, establece un mandato temporal de cinco años para todos los fiscales jefes, que serán confirmados o relevados a la entrada en vigor de la ley o cuando cumplan cinco años en el cargo.
Los sindicatos UGT y CC OO creen que el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha abierto un camino 'para una cierta restitución de derechos' recortados por el decretazo.
