La instalación de un centro para inmigrantes en Tenerife desata una crisis en el PP insular

El portavoz del PP en el Cabildo Insular de Tenerife, Benicio Alonso, dimitió ayer de su cargo y se dio de baja en el partido por discrepar de la dirección regional respecto a la reutilización de la prisión de Tenerife I como centro de internamiento para inmigrantes. En contra de las instrucciones del presidente del PP canario, José Manuel Soria, Alonso y los otros dos consejeros del PP respaldaron una declaración institucional del Cabildo de Tenerife en contra del uso de la antigua cárcel, situada en el centro urbano de Santa Cruz.

La discrepancia con la línea oficial del PP llevó a Alonso a reclamar incluso la dimisión de su hasta ayer compañero de partido Antonio López, delegado del Gobierno en Canarias.

La declaración institucional del Cabildo contó también con el apoyo del PSOE y de Coalición Canaria, que dispone de mayoría absoluta. Dichos grupos sostienen que hay alternativas mejores que el centro penitenciario y proponen instalar a los inmigrantes en terrenos aeroportuarios o militares del propio Estado, como los cuarteles de Hoya Fría o La Mina.

Ante la falta de respaldo en el PP regional, Alonso decidió presentar la dimisión y darse de baja en un partido al que llegó hace ocho años, procedente de la Agrupación Tinerfeña Independiente. Alonso se separó de dicha formación, que en 1993 se había integrado en Coalición Canaria (CC), después de que la plataforma nacionalista admitiera en su seno a grupos de la izquierda grancanaria.

El Cabildo de Tenerife fue escenario precisamente ayer de una reunión entre representantes del Estado, del Gobierno de Canarias y de todos los grupos representados en la institución insular, que presentaron hasta nueve alternativas a Tenerife I.

El martes pasado, el presidente del Cabildo, Ricardo Melchior (CC), se comprometió ante el delegado del Gobierno para la Extranjería e Inmigración, Ignacio González, a encontrar en diez días un emplazamiento alternativo para el centro de internamiento de inmigrantes entre las propias infraestructuras del Estado en la isla.

El presidente insular reiteró su compromiso de asumir la cuota de 500 inmigrantes (250 retenidos y 250 en acogida) establecida para Tenerife por el Parlamento de Canarias y el Congreso de los Diputados, pero rechazó la reutilización del centro penitenciario.

El proyecto de construir cuatro centros de internamiento y dos de acogida en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, para aliviar la situación de esta última isla, a la que llegan la mayoría de las pateras, está tropezando con la polémica generada en torno a la ubicación del centro tinerfeño.

Melchior presentó ayer nueve opciones de fincas o inmuebles elegidos entre los 50 millones de metros cuadrados de titularidad estatal que hay en la isla. Los nueve emplazamientos comparten características comunes: superan los 3.000 metros cuadrados, están bien comunicadas por carretera y disponen de accesos a suministros de agua y energía eléctrica.

El vicepresidente insular, José Manuel Bermúdez, no quiso detallar su ubicación para evitar, según dijo, el posible rechazo social. La idea es instalar casas prefabricadas en las fincas, mientras que los inmuebles necesitarán leves reformas para adecuarlos a su nueva función.

A la reunión asistió Juan José Izarra del Corral, director general de Infraestructuras y Material de la Seguridad del Ministerio del Interior, acompañado del subdirector general de Patrimonio y Gestión Económica del mismo departamento, José María Cervera. El Gobierno de Canarias estuvo representado por Antonio Gil, director general de Asuntos Sociales, mientras por parte del Cabildo de Tenerife asistió el presidente, el vicepresidente, y los representantes de Coalición Canaria, PSOE y PP. Por este último partido ya no acudió Benicio Alonso, sino Eduardo Pintado.

Aunque el nivel de entendimiento entre los asistentes 'fue alto', en palabras del vicepresidente insular, éste rechazó que dentro de dos días se cumpla el plazo al que se comprometió el Cabildo para resolver el problema. 'Hemos hecho mucho más de lo que nos correspondía', argumentó. 'Hace 113 días ya le comunicamos al Estado nuestro rechazo a la reutilización de Tenerife I, el pasado martes reiteramos nuestra posición y ahora es el Estado, con estas nueve alternativas, el que tiene que decidir dónde se ubica', agregó.

En caso de que el Estado inicie esta misma semana las obras en la prisión, el Cabilido utilizará 'todos los instrumentos del Estado de Derecho' para impedirlo, concluyó.