Slobodan Milosevic y cuatro de sus principales colaboradores fueron
imputados ayer por el Tribunal de La Haya para la antigua Yugoslavia de
crímenes cometidos en los cuatro primeros meses de este año contra la
población albanesa de Kosovo. Fue en esos meses cuando se agudizó la
limpieza étnica en esa provincia. La acusación, acompañada de una orden de
detención de los cinco imputados, ha sido aplaudida por los países de la
OTAN, pese a que puede añadir un obstáculo más a la negociación
diplomática.
India y Pakistán, dos países que tienen un nuevo arsenal nuclear y una
vieja enemistad, reavivaron ayer el espectro de otra guerra por Cachemira.
El Gobierno de Nueva Delhi ha recurrido a la aviación y a los helicópteros
para desalojar a los milicianos islamistas que hace casi tres semanas
penetraron en este territorio fronterizo desde el lado paquistaní, y ayer
las fuerzas antiaéreas de Islamabad derribaron dos cazas Mig indios. "La
incursión de los aviones constituye un acto de guerra", declaró un general
paquistaní. "Esto es una guerra", asintió otro general indio. La novedad en
el viejo conflicto cachemir es que ahora los contendientes tienen armas
atómicas. China, EEUU y la UE se apresuraron a pedir prudencia a ambos
países.
El pleno del Tribunal Constitucional decidió ayer, por siete votos contra
cinco, rechazar la ponencia elaborada por el magistrado Manuel Jiménez de
Parga, que proponía rechazar el recurso presentado por los 23 antiguos
miembros de la Mesa Nacional de HB contra la sentencia del Supremo que les
condenaba a siete años de prisión. El presidente del Constitucional, Pedro
Cruz Villalón, afirmó ayer que esta votación "afecta tanto al fallo como al
resto de la sentencia, que la mayoría desea en sentido contrario al de la
redactada por el ponente anterior". El magistrado Carles Vives Pi-Sunyer
tendrá que redactar ahora una ponencia acorde con el criterio expuesto por
la mayoría, favorable a revocar la sentencia del Supremo, lo que dejaría en
libertad a los dirigentes de HB, de los que 22 siguen en prisión.
El PSOE presentó ayer un texto alternativo al elaborado por el Gobierno
para regular las ayudas a las víctimas del terrorismo. El proyecto
socialista propone cambios sustanciales en los baremos de indemnización. La
nueva propuesta y los desacuerdos expresados por CiU y PNV ante el proyecto
del Gobierno retrasarán la tramitación de la ley al menos hasta después de
las elecciones del 13 de junio. El Gobierno pretendía ayer consensuar su
proyecto con el resto de los partidos.
La Haya
El presidente yugoslavo y cuatro de sus colaboradores son acusados de matanzas y deportaciones
Bonifacio de la Cuadra | Madrid
O.MARTÍ / J.RIVERA | París / Madrid
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