Un Tribunal de corte anglosajón

Slobodan Milosevic encabeza desde ayer la lista de criminales de guerra en la antigua Yugoslavia más buscados en todo el mundo. Su inculpación, junto con otros cuatro altos cargos del régimen de Belgrado, eleva ya a 66 el número de acusados por el Tribunal Penal Internacional (TPI), un órgano de Naciones Unidas que tiene su único precedente histórico en los juicios de Núremberg y Tokio, celebrados tras la II Guerra Mundial. A la espera del nacimiento del Tribunal Internacional Penal permanente de ámbito global, impulsado por la ONU el verano pasado en la Conferencia de Roma, su rango supranacional sólo puede ser comparado hoy con el que está juzgando el genocidio de Ruanda, acometido en 1994.Constituido en La Haya el 17 de noviembre de 1993, el TPI ha dictado ya siete condenas de cárcel y una sentencia de absolución por crímenes contra la humanidas cometidos a partir del 1 de enero de 1991 en el territorio de lo que fue la Yugoslavia de Tito. Pero sólo un procesado, el bosniocroata Drazen Erdemovic, que se pasó a las filas serbias, ha sido condenado hasta ahora en firme. El resto sigue pendiente de que se resuelvan sus apelaciones

El TPI debe su existencia a una resolución unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (la 827, del 25 de mayo de 1993) . En la actualidad, trabajan en su sede de La Haya 800 personas con un presupuesto de 94 millones de dólares (14.750 millones de pesetas), al servicio de 14 jueces, distribuidos en tres salas de primera instancia y otra de apelación. En lo ensencial, sus reglas procesales, que han sido redactadas por el propio tribunal, proceden del derecho común anglosajón. Está presidido desde 1997 por la magistrada estadounidense Gabrielle Kirk McDonald, y su fiscal jefe es la jurista canadiense Louise Arbour, que relevó en 1996 al surafricano Richard Goldstone.

Unos 30 inculpados siguen en situación de busca y captura, entre ellos Milosevic y sus cuatro colaboradores, así como el exlíder de los serbios de Bosnia Radovan Karadzic y su jefe militar, el general Ratko Mladic, o el jefe paramilitar serbio Zeljko Raznatovic, Arkan.

29 encarcelados

En las celdas del TPI, en cárceles holandesas o de terceros países, como Croacia y Noruega, hay 29 personas detenidas en distintas fases de procesamiento, tras haber sido capturadas por las fuerzas de la OTAN en Bosnia o las policías de varios países. El tribunal no cuenta con una fuerza policial propia, pero cualquier país miembro de la ONU está obligado a entregarle a los inculpados. El Gobierno de Belgrado, sin embargo, no le reconoce legitimidad alguna y le considera un órgano con trasfondo político.

El TPI posee, además, una lista secreta con un número indeterminado de acusados, cuyos nombres no han sido hechos públicos con objeto de poder facilitar su arresto. En ningún caso se puede juzgar a los inculpados en rebeldía, es decir, sin estar presentes en la vista. Entre los incluidos en la lista secreta figuraba el general serbobosnio Radislav Krstic, acusado de genocidio por la matanza de civiles en Srebrenica (este de Bosnia) en 1995, que fue capturado por la fuerza multinacional a finales del año pasado, gracias a una orden especial dictada por la fiscal Arbour, y trasladado inmeditamente a La Haya.

A falta de un Código Penal internacional, el TPI juzga las violaciones de la Convención de Ginebra (1949); del Código de Conducta en Tiempo de Guerra, suscrito en La Haya en 1901, y del resto de las normas y costumbres bélicas, así como los crímenes de guerra, declarados imprescriptibles por la ONU, y los crímenes contra la humanidad, como los incluidos en la Convención Internacional para la Prevención y la Represión del Genocidio (1948).

Los juristas de La Haya se ocupan también de la investigación de las acusaciones desde la fiscalía del TPI, así como de gestionar una reducida Administración penitenciaria. Como las 24 celdas del propio tribunal ya están abarrotadas, el Gobierno holandés ha tenido que habilitar más espacio en sus cárceles para los criminales de la larga guerra en los Balcanes.