La justicia británica rechaza el último recurso de Pinochet y ordena iniciar el proceso de extradición

ENVIADO ESPECIALEl juez del Alto Tribunal de Justicia Harry Ognall, tras escuchar a la defensa del general Augusto Pinochet y a los letrados del Ministerio del Interior (Home Office) y del Gobierno de España, resolvió ayer en Londres rechazar la solicitud de autorización al ex dictador para presentar un recurso de revisión judicial o impugnación de la resolución adoptada por el ministro de Interior, Jack Straw, el pasado 14 de abril, que falló a favor de iniciar el proceso de extradición. El juez dijo que todas las cuestiones que plantea la defensa de Pinochet deben canalizarse ante el magistrado que llevará la extradición, procedimiento que ya no debe dilatarse más.

No fueron tres jueces los que formaron el tribunal, como pedía la defensa de Augusto Pinochet, sino uno solo. El juez Harry Ognall, nada más sentarse, cogió uno de los cuatro tomos color rojo bermellón que estaban delante de su mesa, en el que se hallaba la petición de autorización para presentar el recurso de revisión judicial.El abogado Clive Nicholls, un hombre de pocas florituras dialécticas, expuso casi de memoria los seis capítulos de la petición. Casi en tono de ruego, con su habitual voz quebradiza, Nicholls explicó al juez que la decisión del ministro Straw era equivocada tanto por distintas razones de derecho en España y en el Reino Unido como por constituir una invasión en la jurisdicción de un país soberano como Chile.

El juez Ognall conocía el tema al dedillo, a la vista de las preguntas y del seguimiento que hizo de los argumentos del abogado. Tanto que cuando Nicholls formuló una de las interpretaciones más originales que recoge su escrito -el de equiparar el deseo del Gobierno de Chile de que se devuelva a Pinochet a su país con una petición de extradición de facto-, el juez casi completó: "¿Se refiere usted al planteamiento de la función equivalente?". Nicholls, satisfecho, contestó que así era.

Función equivalente

El abogado explicó que la posición del Gobierno de Chile, en defensa de su soberanía jurisdiccional, suponía lo mismo que una petición formal de extradición. "Tiene una función equivalente", insistió Nicholls.

Fue Jack Straw quien, en su decisión del pasado 14 de abril, señaló que si bien el Gobierno de Chile aseguraba que Pinochet podía ser juzgado en Chile, lo cierto es que, tal como establece la legislación, no podía considerar este argumento porque no se le había presentado por parte de Chile ninguna petición de extradición. Sólo en el caso de que Chile presentase una petición formal de extradición, decía el ministro, podía dar prioridad a ésta ante la que presentó, el pasado mes de noviembre, España.

Nicholls también cuestionó la decisión de Straw por aceptar, sin entrar en los detalles, la jurisdicción española en los delitos de tortura y conspiración para torturar. En su escrito se apoya en un dictamen elaborado por el abogado español Ernesto Díaz-Bastién, defensor del traficante de armas y drogas Monzer Al Kassar en el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Nacional, que terminó absolviéndole en el caso Achille Lauro.

Asimismo, señaló que la decisión de Straw era "irracional" por interferir en el proceso democrático chileno y atacó, en otro de los puntos, la decisión de haber "estudiado" los delitos anteriores al 8 de diciembre de 1988, dado que estos están cubiertos por la inmunidad, según la sentencia de la Cámara de los Lores del pasado 24 de marzo.

Tanto el abogado del Ministerio del Interior, Jonathan Sumption, como el de España, Alun Jones, consideraron que los argumentos sólo apuntaban a retrasar y dilatar el proceso de extradición y dijeron que lo mejor era debatirlos en el procedimiento.

El juez Ognall fue escribiendo su sentencia a medida que oía los argumentos. Después de dos horas y media de sesión, el juez resumió los argumentos de los tres abogados, levantando varias veces la vista de su escrito, en una exhibición de dominio de la materia. A continuación dijo que rechazaba la petición de la defensa de Pinochet con el conocimiento de que "se trata de un asunto de gran importancia pública". Según explicó, las razones dadas por el ministro Straw se ajustan a lo que debe decidirse en un proceso de extradición y subrayó que el procedimiento se ha dilatado demasiado.

"Creo que en interés de todos, empezando por el acusado, hay que empezar lo más rápidamente posible el procedimiento de extradición y discutir todas las objeciones en ese contexto", cerró. Las costas de esta revisión judicial, al fallar el juez en contra de Pinochet, deberá pagarlas el ex dictador (son unas 25.000 libras esterlinas o 5 millones de pesetas).