Busca y captura

SLOBODAN MILOSEVIC goza desde ayer de un ominoso récord: es el primer jefe de Estado procesado por un tribunal penal internacional en ejercicio de su cargo. La corte especial creada en La Haya por Naciones Unidas para juzgar crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia le acusa, junto con cuatro de sus lugartenientes, de la deportación de 740.000 albanokosovares y el asesinato verificado de 340 hombres en edad militar. El pliego de cargos de la fiscal se refiere exclusivamente a hechos ocurridos este año. El tribunal ha dictado orden internacional de busca y captura, que formalmente obliga a todos los países integrados en Naciones Unidas. Desde ayer, la libertad de movimientos de Milosevic queda limitada en la práctica al territorio de su propio país.Es posible que la decisión judicial dificulte aún más la búsqueda de un compromiso diplomático que ponga fin al actual conflicto. Pero aun así, parece difícil de objetar a la luz de los indicios aportados a la causa. El auto acusatorio es un ejercicio de independencia judicial que ha merecido reacciones encontradas: a la ira previsible de Belgrado se ha sumado la de Moscú, mientras Clinton y la mayoría de los aliados de la OTAN respaldaban el auto acusatorio. Al firmar la orden de busca y captura, la fiscal jefe, Louise Arbour, señala inequívocamente a las personas de buena fe que no se puede construir una paz duradera al margen de la justicia.

La lista de cargos considera a Milosevic y a cuatro de sus secuaces -el presidente serbio, Milutinovic; el jefe del ejército, Ojdanic; el viceprimer ministro Sainovic, y el titular de Interior, Stojiljkovic- responsables de planear, instigar, ordenar o favorecer una campaña vasta y sistemática de terror y violencia contra la población civil albanesa de Kosovo. Como herramientas, las deportaciones, persecuciones y asesinatos masivos.

Milosevic ha negado durante años la jurisdicción del tribunal de la ONU, al que no ha entregado a los sospechosos de crímenes en Bosnia escondidos en Serbia. Pero también EE UU y Europa han hecho la vista gorda hasta ahora en su afán de preservar al dictador serbio como interlocutor. Y, visto el precedente bosnio (sobre todo los casos de Karadzic y Mladic), es más que dudoso que el procesamiento de Milosevic y la cúpula político-militar serbia se refleje pronto en arrestos o juicios. Pero cambia las reglas del juego para todos.

La fiscal Arbour acaba de dejar una patata caliente en manos de los aliados. No sólo porque habrán de decidir si pueden negociar con un personaje perseguido por un tribunal penal de Naciones Unidas, sino porque, finalizadas las hostilidades, deberán entregar a los jueces al dictador de Belgrado. Milosevic, por su parte, no tiene desde ayer ningún motivo especial para cooperar con sus enemigos. Uno de sus objetivos básicos era forzar, junto al armisticio, su propia inmunidad. El caudillo serbio tiene poco que perder resistiendo hasta el último minuto; una hipótesis que acrecienta la probabilidad de que la guerra tenga que sustanciarse con una invasión terrestre de la OTAN. La decisión de La Haya imposibilita en la práctica que el futuro inmediato de Serbia y los Balcanes pueda ser discutido con Milosevic. Pero en Belgrado, hoy por hoy, no hay ningún otro interlocutor posible.