Un informe alerta del riesgo de deterioro de los servicios esenciales por la parálisis política. En Cataluña, la inversión en sanidad, educación y servicios sociales es un 20% inferior a la de 2009
La Fundació Arrels adverteix que han augmentat un 22% les persones sense sostre que no saben on aconseguir serveis socials a Barcelona, com ara menjar o una dutxa
La Fundació Arrels advierte de que han aumentado el 22% las personas ‘sin techo’ que no saben dónde conseguir servicios sociales en Barcelona, como comida o una ducha
La plantilla del SAMUR social, servicio público municipal que acaba de celebrar su 15º aniversario, denuncia la falta de recursos para atender situaciones de emergencia
Camino de los dos años de su aplicación, la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) no iguala siquiera la prestación que vino a sustituir, la Renta Mínima de Inserción (RMI)
Camí dels dos anys de la seva aplicació, la Renda Garantida de Ciutadania no iguala ni tan sols la prestació que havia de substituir, la Renda Mínima d’Inserció
El Govern, en respuesta a una petición de transparencia, admite que solo ha aprobado el 9,2% de las nuevas solicitudes de la prestación hasta mediados de enero
El Govern, en resposta a una petició de transparència, admet que només ha aprovat el 9,2% de les noves sol·licituds de la prestació fins a mitjan gener
Mientras se gallea con banderas y patrias, la vida sigue, la ciudadanía consume con mayor o menor fortuna su vida y 350.000 catalanes viven en pobreza severa
En la precipitada carrera desde el austericidio a la independencia, hemos perdido la oportunidad de mejorar las condiciones de vida gracias a los presupuestos, ya fueran los propios o los del Estado
Los recientes ataques a centros de menores extranjeros en Cataluña resucitan el fantasma de la xenofobia. Los datos contradicen la imagen de adolescentes peligrosos
Els atacs recents a centres de menors estrangers a Catalunya ressusciten el fantasma de la xenofòbia. Les dades contradiuen la imatge d’adolescents perillosos
Un informe revela que 31 municipios con más de 20.000 habitantes gastan más de 100 euros por habitante al año frente a 40 que destinan menos de esa cantidad