Cómo tramitar con eficacia y rapidez ayudas sociales

Los sindicatos y diversas ONG se han quejado amargamente de la lentitud en la tramitación de diversas ayudas sociales, fundamentalmente el ingreso mínimo vital, pero también las ayudas de desempleo para las trabajadoras domésticas. Desde el punto de vista sindical, se incide en la paulatina reducción de efectivos de las administraciones de Seguridad Social y Desempleo desde el año 2000. En realidad, la plantilla de la Seguridad Social es insuficiente y está muy envejecida. También se ha modificado. Ahora el trabajo de afiliación, recaudación y reconocimiento de prestaciones se ha automatizado mucho, lo que además garantiza la equidad de las prestaciones en el territorio español. Los empleados públicos ingresados en las últimas décadas son interventores, letrados, médicos, informáticos, técnicos. Pero la tramitación de ayudas sociales consiste en ayudar al solicitante a formular la solicitud, informarle de cómo una ayuda puede ser concedida o denegada, y explicarle qué comportamientos son o no compatibles con la ayuda, y la relación de esta con otras ayudas. Este trabajo lo han hecho los centros de acción social de los Ayuntamientos, los servicios sociales de las comunidades autónomas transferidos con el Imserso, y la red de servicios comunitarios de atención de organizaciones no gubernamentales, laicas y confesionales, profesionales y voluntarios, concertados por Ayuntamientos y comunidades y apoyados por el 0,7% de otros fines de interés social del IRPF. Servicios deprimidos en un año en el que los recursos de las administraciones que no emiten deuda disminuyen con la pandemia.

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Esta realidad es tan manifiesta que cuando se pusieron en marcha las pensiones no contributivas su tramitación se realizó por parte de los servicios de las comunidades autónomas. Pero en esta ocasión, una administración absolutamente desentendida de la realidad económica de los beneficiarios de las prestaciones, la Seguridad Social, debe realizar comprobaciones. De momento, ya lo hace mal, porque la falta de información hace que las solicitudes se presenten con defectos formales, y nadie indica a los solicitantes a veces cómo cuestiones menores podrían convertirles en beneficiarios legítimos. Cuando tramite todas las solicitudes presentadas, de las que solo se ha resuelto una cantidad muy reducida, lo hará peor, porque no será capaz de distinguir el grano de la paja, y en un tema tan sensible, que preocupa, generará agravios comparativos que suscitarán la elemental cuestión de si esta centralización administrativa sirve o no al uso más adecuado de los recursos públicos. La solución no es demasiado complicada. Hay que firmar un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias y colaborar con los gastos de gestión municipales. Hay que permitir que se concierte la parte delegable de este trabajo con las ONG. Hay que dejar a las comunidades autónomas que tramiten las ayudas, porque esta tramitación no rompe de ninguna forma la unidad de caja, como no la rompió con las pensiones no contributivas. Y cuando las cosas funcionen debidamente, podremos prestar atención sobre lo que es asistencia social y Seguridad Social en la Constitución.

Octavio Granado es ex secretario de Estado de la Seguridad Social (2004-2011, 2018-2020).