La partida en dependencia sube en un 34,4%, hasta los 2.354 millones de euros

El proyecto de Presupuestos de 2021 plantea una subida del 34,4% en dependencia, hasta los 2.354 millones de euros. Según el documento que resume las cuentas, se inyectarán 603 millones más que el año anterior. Si se atiende exclusivamente al dinero destinado a financiar el sistema, sin incluir las cotizaciones de los cuidadores no profesionales, el aumento es de 636 millones respecto a la previsión de la ejecución presupuestaria de este año, según fuentes de la Vicepresidencia Segunda.

Estas fuentes explican que además hay otra partida de 708 millones de euros procedentes de los fondos europeos que se destinarán a planes de inversión en cuidados de larga duración, como proyectos de teleasistencia avanzada o el impulso de un nuevo modelo residencial, bien a través de la remodelación de centros ya existentes o con la construcción de nuevas instalaciones. En total, más de 1.300 millones de euros para dar aire a un sector que necesita oxígeno, aún asfixiado tras los duros recortes de 2012 y fuertemente castigado por la crisis de la covid-19.

Una de las principales áreas de actuación del Ministerio de Derechos Sociales es la dependencia. Su gestión recae en las autonomías y, pese a que la ley contempla que el Gobierno y las comunidades financien el sistema a partes iguales, los Ejecutivos regionales cargan con el grueso de la financiación. Fuentes de la Vicepresidencia que ocupa Pablo Iglesias explican que la inyección prevista para la financiación de la dependencia permitiría elevar el 19% de la aportación actual de la Administración General del Estado al 26%. Y que el plan de choque que se está negociando con las comunidades y los agentes sociales y que contempla, entre otros aspectos, mejoras en las prestaciones y servicios como el aumento del número de horas de atención en el domicilio o las cuantías que se perciben por cuidados familiares, permitirá que al final de la legislatura el porcentaje se haya elevado al 34%.

Según el documento que resume las cuentas, se prevé aumentar el denominado nivel mínimo garantizado, que se entrega de forma equitativa a las comunidades autónomas a medida que se adjudica el servicio o la prestación a cada dependiente, en función de su gravedad. Se elevaría en unos 290 millones (hasta alcanzar los 1.746), con el objetivo de incrementar el número de beneficiarios y aumentar las cuantías mensuales que se remiten a las comunidades por persona atendida, en función de su grado de dependencia. Así, el más grave pasaría de 190,13 a 235 euros; el intermedio, de 84,49 a 94 y el más leve, de 47,38 a 60. Además, se recuperará el llamado nivel acordado, que fue suprimido con los recortes del PP durante la crisis y que las autonomías no tienen que destinar obligatoriamente a las personas en situación de dependencia, sino que pueden utilizarlo para afrontar gastos de personal, por ejemplo. El documento lo cifra en 283 millones de euros. Fuentes de la Vicepresidencia Segunda explican, no obstante, que aún se está negociando con las comunidades autónomas y agentes sociales el plan de choque, en el que se especificará a cuánto ascenderán ambas partidas.

El objetivo es que este plan de choque esté listo a corto plazo, según estas fuentes, que no disponen aún de una estimación del impacto que puede tener esta inyección económica en las listas de espera. El año pasado, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales calculó en 1.500 millones lo que costaría reducirlas en un 75%. Actualmente, más de 380.000 personas aguardan por un procedimiento, cerca de 234.000 ya tienen el derecho reconocido y pese a ello no reciben ninguna prestación y casi 147.000 están a la espera de ser valorados para saber si se les reconoce algún grado de dependencia. Más de 43.000 personas han muerto en lo que va de año mientras aguardaban, son más que las fallecidas a lo largo de todo el año pasado.

5.201 millones para servicios sociales y promoción social

El proyecto de Presupuestos prevé dedicar en 2021 a servicios sociales y promoción social un total de 5.201 millones de euros, incluidos aquí los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que se cifran en 1.154 millones. Si estos últimos se tienen en cuenta, el incremento es del 70,3%. Si no, es del 32,1%. Entre las áreas que agrupa la partida de servicios sociales y promoción social está la dependencia, prevención de la violencia de género (180 millones) o la atención de menores extranjeros no acompañados (28 millones).

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda explican que, además del plan de choque en dependencia, quieren impulsar un cambio de modelo en los cuidados de larga duración y que, para ello, destinarán 708 millones de euros de los fondos europeos, que no se pueden dedicar a financiar gastos corrientes, a diseñar proyectos que se debatirán con las comunidades que esperan que estén licitados y parcialmente ejecutados en 2021, pero que necesitarán más tiempo para estar totalmente en funcionamiento. El objetivo es promover la atención centrada en la persona, la atención en el domicilio y nuevos modelos residenciales, lejos de las grandes residencias actuales. Así que se impulsarán, por ejemplo, proyectos relacionados con la teleasistencia avanzada o la modernización y readaptación de actuales centros residenciales o la construcción de nuevos espacios, residencias más pequeñas, fácilmente sectorizables, que cuenten con módulos de convivencias más pequeños. La Vicepresidencia Segunda quiere acompañar este cambio de modelo con el desarrollo de una ley marco de servicios sociales que quiere tener lista a final de 2021.

Plan Concertado de Servicios Sociales

Las fuentes consultadas precisan que reforzarán la financiación de los servicios sociales públicos, que está perimetrada en torno al Plan Concertado, cuya financiación actual es de 40 millones de euros y que el proyecto aumenta en 60 millones, hasta llegar a los 100. Por lo que el incremento es del 150%. Se trata del dinero con el que se sufragan estos servicios básicos que se prestan en los Ayuntamientos. Además, con cargo a los fondos europeos se incorporarán 177 millones de euros para modernizarlos, con programas relacionados con la capacitación de profesionales y refuerzos tecnológicos. Asimismo, según estas fuentes, se incorporará una partida de 25 millones de euros para avanzar en accesibilidad universal, en ámbitos como la educación, el empleo o los servicios públicos.

Ingreso mínimo vital

En el documento que resume los Presupuestos se recoge que la transferencia del Estado para financiar el ingreso mínimo vital asciende a unos 3.000 millones de euros. Se prevé que de esta prestación, por la que actualmente están esperando decenas de miles de solicitantes, se beneficien unas 850.000 familias. Además, se recoge un incremento de 28 millones de euros para complementar los recursos de los que disponen las comunidades y Ceuta y Melilla para atender a los menores extranjeros no acompañados.