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Reducir la lista de espera de la dependencia: una promesa de 1.500 millones

Una asociación experta en el sector urge a subir ya la financiación ante la muerte de unas 80 personas al día sin ser atendidas

María Sosa Troya
Una mujer atiende a un anciano.
Una mujer atiende a un anciano. GETTY

El avance del programa electoral del PSOE promete reducir en un 75% la lista de espera de la dependencia, en la que 258.000 personas aguardan a recibir una prestación o servicio. Además, otras 140.000 están a expensas de ser valoradas. El partido de Pedro Sánchez se compromete, "en cooperación con las Administraciones autonómicas y locales", a dar "prioridad" a los dependientes y suprimir tres cuartas partes de esa lista de espera. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector, calcula que para ello es necesaria una inyección de 1.500 millones de euros, casi el triple del aumento de financiación contemplado en los Presupuestos Generales del Estado pactados con Podemos, que fueron rechazados en el Congreso de los Diputados.

La financiación de la dependencia se recortó por decreto en 2012 y desde entonces no levanta cabeza. El año pasado, la Administración General del Estado aportó el 16,7% del gasto público, pese a que por ley está obligada a destinar el 50%. Fueron 1.348 millones de euros, frente a los 6.707 millones aportados por las comunidades, según la certificación de gasto comunicado al Ministerio de Sanidad —que incluye el copago de los usuarios, que esta organización estima en 1.616 millones de euros—. Por ello, la Asociación de Directoras y Gerentes afea que "ni tan siquiera se hayan cumplido los compromisos ligados al último Presupuesto del señor [Cristóbal] Montoro", que preveían un incremento de la financiación "progresivo (un 5% cada año desde 2018)". "Independientemente de la inestabilidad política, alguien ha considerado otras prioridades", sostiene la organización en un comunicado. "El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante", añade.

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La asociación critica que la dependencia "no haya sido objeto de un tan ansiado decreto ley que alivie la situación" de quienes aguardan a ser atendidos. "La convocatoria de un Consejo Territorial [donde se reúne el Ministerio de Sanidad con las comunidades] para esta misma semana sin abordar el asunto de la financiación en su orden del día es, de nuevo, otra oportunidad perdida para poner el asunto encima de la mesa y de obtener el más fácil de los consensos con todas las comunidades autónomas", sostiene la organización, que urge a aprobar "al menos" un real decreto "en cumplimiento" con la subida del 5% recogida en los Presupuestos de 2018, que fueron prorrogados en 2019.

Nuevo estancamiento

"El sistema presenta claros síntomas de un nuevo estancamiento. En este contexto entendemos que han existido y existen razones sobradas para abordar la cuestión con toda urgencia", prosigue. "Hay circunstancias de extrema y urgente necesidad que demuestran la necesidad de financiar la dependencia. Pasarán meses hasta que haya un Presupuesto ejecutable. Que cada día mueran 80 dependientes esperando a ser atendidos es insostenible", critica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación.

La organización celebra la promesa socialista de acabar con el 75% de la lista de espera, pero advierte de que para cumplirla será imprescindible un importante esfuerzo económico. Los Presupuestos pactados con Podemos recogían una inyección de 515 millones a la financiación de la dependencia. En conjunto, y sumando los 315 millones destinados a las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, se preveía que la partida superara los 2.200 millones de euros, un incremento del 59,3% respecto a las anteriores cuentas públicas.

El programa electoral anunciado por Sánchez va más allá. Para cumplirlo sería necesario "un incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la Administración General del Estado para llegar así a una aportación global del 36% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto", apunta la asociación, a sabiendas de que el programa socialista hace expresa referencia a la colaboración con comunidades y Ayuntamientos. "Se debería considerar que esa inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 600 millones de euros", se añade en la nota. "Hasta entonces, a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio", concluye la asociación.

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Sobre la firma

María Sosa Troya
Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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