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Toledo, el hogar asequible de los ancianos madrileños

La provincia, quinta con más plazas en residencias de España, es destino asequible para los mayores de Madrid, donde el precio es casi el doble y las ayudas tardan

Angelines Valera y su padre Francisco en el patio de la residencia de Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo.
Angelines Valera y su padre Francisco en el patio de la residencia de Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo.

Cuando María Antonia Domínguez y sus dos hermanos se pusieron a buscar residencia en Madrid para su madre anciana de 92 años se echaron las manos a la cabeza. Estaba claro que con los poco más de 600 euros de pensión no les daba ni para las más baratas que encontraron en toda la región, donde la media de precios roza los 1.900 euros al mes. Preguntaron a la Comunidad de Madrid por las ayudas de la Ley de Dependencia pero las trabajadoras sociales les dijeron que “tardarían meses, si no años”, narra Domínguez, una funcionaria jubilada de 65 años y residente en Vallecas.

Por suerte surgió la alternativa de Toledo, la provincia del sur donde encontraron “precios para gente normal”. Su madre, Martina Hernández, hoy con 95 años, se mudó hace tres desde su piso en el humilde barrio madrileño de El Pozo del Tío Raimundo a la residencia Servitrés, en el pueblo toledano de Santa Cruz de Retamar. Paga algo menos de 1.100 euros al mes, un precio que costea con su pensión más una ayuda de 300 euros de la Comunidad de Castilla La Mancha.

Toledo se ha convertido en el último hogar de los ancianos madrileños con menos recursos. El sector de las residencias prolifera en la provincia, la quinta de España por número de plazas,con 9.599. Son más que las 8.245 de Sevilla, que tiene el triple de población que Toledo. En total hay 152 centros en Toledo, muchos en el cinturón que bordea Madrid. Su precio medio al mes es de 1.199 euros, según el portal más consultado del sector, Inforesidencias.

Martina Hernández, de 95 años, asistida por dos auxiliares en la residencia Servitrés de Santa Cruz de Retamar, Toledo.
Martina Hernández, de 95 años, asistida por dos auxiliares en la residencia Servitrés de Santa Cruz de Retamar, Toledo.

En Santa Cruz de Retamar, un pequeño municipio de 2.946 habitantes a 65 kilómetros de Madrid operan tres residencias. Alrededor de la mitad de los 47 internados en el centro de Servitrés provienen de Madrid, según la dirección del centro.

El paisaje que rodea a la residencia es bucólico y se respira tranquilidad. "Es muy sano", dice una auxiliar delante de un pareja de Madrid que visita a su familiar, Francisco Gámez, de 87 años. Su yerno Antonio Valera asiente, pero se ve en la necesidad de precisar el motivo por el que están ahí. “Venimos todos porque es más barato”. Su suegro vivía en Orcasitas, un barrio de clase obrera en el sur de la capital y había trabajado en una fábrica de automóviles. Su pensión asciende a algo más de 800 euros.

Las asociaciones de familiares de Madrid ven esta migración a Toledo como consecuencia de la apuesta por el sector privado que ha hecho desde hace años el gobierno regional del PP, con competencias en la materia. Dicen que hacen falta muchas más plazas públicas y concertadas para dar respuesta al envejecimiento de la población madrileña, una demanda respaldada por el Defensor del Pueblo en una comparecencia ante la Asamblea de Madrid el año pasado. El estancamiento de las pensiones no ha ayudado.

“Las familias están vendiendo su patrimonio para pagar la residencia del abuelo”, dice Miguel Vázquez, presidente de la asociación madrileña de familias Pladigmare.

La mayoría de las plazas en geriátricos de Madrid son privadas. De las 51.488 plazas existentes a final de 2015, 29.799 eran de centros privados, según datos del Imserso. Las plazas de financiación pública eran 21.689 (bien sea en centros públicos o bien en centros privados con plazas subvencionadas por la Comunidad de Madrid). 

Los altos precios de Madrid son también en parte consecuencia del mercado inmobiliario. Como pasa con la vivienda, los precios de un geriátrico crecen cuanto más cerca se ubique del centro de Madrid o en zonas exclusivas como La Moraleja. Las más caras cuestan más de 4.500 euros al mes e incluyen suites con terraza y terapias con gafas de realidad virtual.

Algunos empresarios no tienen interés en suscribir convenios de plazas concertadas con la Comunidad porque les sale más rentable tener precios en el mercado libre, según fuentes del sector. En 2017 varios centros de Madrid se salieron del acuerdo y cientos de ancianos de esas residencias tuvieron que ser reubicados. Las residencias privadas no tienen problemas para encontrar clientes gracias a que la creciente demanda en el país con la mayor esperanza de vida de Europa.

Atraídos por las buenas perspectivas del sector, los grandes fondos de inversión están comprando inmuebles de residencias en Madrid que luego alquilan a las compañías gestoras. Esta “burbuja” puede encarecer aún más los precios que pagan las familias, advierte el director de la consultora vasca Gerokon, Aitor Pérez Artetxe.

Pero Toledo es barato por otro motivo: las normas que regulan las residencias en Castilla La Mancha son menos exigentes que las de la Comunidad de Madrid. Las residencias de Madrid deben tener un auxiliar por cada cuatro ancianos no dependientes y en Castilla La Mancha el mínimo legal es de uno por cada 15. Esto hace que sea mucho menor en Toledo el pago de personal, con diferencia el mayor coste para el empresario de este sector. Con todo, eso es un mínimo exigido por ley y en la práctica centros como el de Servitrés en Santa Cruz de Retamar tienen más personal.

El puzzle normativo en España ha hecho que surjan otros refugios asequibles por el mapa como es el caso de Burgos, en Castilla y León, que atiende a pacientes del País Vasco. Si en Guipúzcoa el precio medio de una residencia son 2.566 euros al mes, en Burgos baja a 1.728 euros, según datos del portal de Internet con más tráfico, Inforesidencias. La consultora Gerokon ha denunciado la disparidad en la atención a los ancianos en un informe reciente elaborado para la patronal CEAPs.y titulado “El caos en la atención a la dependencia”.

En él señalan que el desarrollo que se ha hecho de la Ley de Dependencia de 2006 ha provocado que en la práctica surjan 19 sistemas de dependencia (las 16 comunidades autónomas y los tres territorios históricos vascos), con diferencias en las atenciones, los tiempos de espera o las condiciones económicas.

Morir esperando la ayuda

En general el sistema de dependencia en España vive una situación de “alta incertidumbre y peligro” a causa de los recortes desde 2012, según la dirección estatal de directoras y gerentes de servicios sociales. Durante 2018 más de 30.000 personas fallecieron en España sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia (media de 80 personas al día), según esta asociación. Madrid tiene una "elevada" lista de espera para la asignación de plaza residencial, según ha denunciado el Defensor del Pueblo. En julio de 2017 la lista ascendía a 6.839 ancianos en situación de dependencia.

Los madrileños son numerosos en residencias de toda la provincia de Toledo. En Las Amapolas en el municipio de Magán, cerca de Toledo capital, son un 36% de sus 94 residentes. “Cada vez vienen más, buscando un precio más económico”, dice la directora, Elena Cervilla. Los clientes madrileños deben empadronarse en el nuevo municipio toledano y solicitar una tarjeta sanitaria de Castilla y la Mancha, de modo que dejan de ser atendidos por sus médicos y hospitales habituales.

Hay ancianos que llegan a Toledo aconsejados por los propios trabajadores sociales madrileños, según fuentes del sector. Los tiempos de espera para ayudas de la Ley de Dependencia son menores, dicen estas fuentes, y muchas veces las familias no pueden darse el lujo de esperar. Deben internar con urgencia a sus mayores.

Fue el caso de Francisco Gámez, el anciano de Orcasitas. Cuando le dieron el alta hospitalaria tras una rotura de cadera sus familiares buscaron en Internet una residencia asequible. Fue una experiencia frustrante. A Gámez le reconocieron un grado III de dependencia, el mayor, que supone una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. “Nos dijeron que tendría entre seis meses y una año de espera, pero él necesitaba la ayuda ya sí o sí”, dice su yerno.

Ahora sus familiares respiran aliviados. Durante una visita reciente a la residencia de Santa Cruz de Retamar la auxiliar Felisa Guerra paseaba a Francisco en silla de ruedas por un pequeño patio con banquitos, una fuente y una higuera. Alrededor en el silencio de los campos de Castilla-La Mancha solo se escuchaba el zumbido de los coches de la autopista A-5, que conecta con Madrid.

“Le cambió la cara tras llegar aquí desde el hospital”, dice su hija Angelines. “Está como en casa”.

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