La gestión opaca de las residencias de mayores en Madrid

Más información

"Mi padre se suicidó en una residencia". ¿Están los mayores seguros en estos centros?

La residencia Los Nogales amenaza con querellarse contra el denunciante de maltrato

Cuando el portal Inforesidencias.com empezó a publicar las actas de inspección de las residencias de mayores madrileñas, como hacen voluntariamente clientes de Catalunya, Valencia y otras comunidades, la Comunidad de Madrid intervino para que las retiraran. El director del portal, Josep de Martí, dice que alegaron que iba contra la Ley de Protección de Datos, pero en el sector muchos entendieron ese secretismo como un error porque necesitan ganarse la confianza de los clientes.

“Llevamos años reclamando que se publiquen inspecciones y sanciones, aunque solo se deban a que hay un rasguñón en la pared”, dice Pilar Ramos, la presidenta de la patronal de las pequeñas y medianas residencias de Madrid, Amade.

La transparencia es uno de los retos del floreciente sector de las residencias de ancianos, en la lupa de las familias después de que la semana pasada la cadena SER adelantara un vídeo de maltrato grabado con cámara oculta por un familiar en la residencia Los Nogales, en Hortaleza. El sector de la atención a mayores asegura que es un caso aislado. El vídeo ha abierto el debate sobre la conveniencia de instalar cámaras de vigilancia en las habitaciones. Pero por ahora en Madrid ni siquiera se ha conseguido reducir la opacidad en cuestión de sanciones.

Las familias tienen suspicacias, no solo causadas por esos incidentes, sino también por el desembarco de grandes fondos de inversión, atraídos por la oportunidad de negocio en el país que, según estudios, tendrá pronto la mayor esperanza de vida del mundo.

En Madrid hay 473 residencias para mayores, según el listado general de centros y servicios enviado por la Comunidad de Madrid a este periódico. Es un mercado muy fragmentado en el que participan cooperativas, congregaciones religiosas, las administraciones, empresas familiares y grandes grupos internacionales. Los mayores grupos privados están ganando terreno. Los que tienen más centros son la francesa Orpea (22 residencias), la británica Sanitas (19) y la francesa Amavir (17). 

El grupo Nogales, con 10 centros, es una de las empresas familiares que han prosperado en la capital de España. Abrió el primer centro en 1975, cuando apenas había residencias para mayores en Madrid y ha crecido gracias a los cambios culturales y demográficos.

La expansión es tal que, como pasa con la vivienda, también las residencias de la almendra central de la capital experimentan una burbuja, según las fuentes del sector. “Dentro de la M-30 ya es difícil encontrar plaza”, indica el director de Inforesidencias.com. Como para esos centros es más lucrativo ofrecer plazas privadas, hace dos años muchos renunciaron al convenio de plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Las familias de menos recursos tienen que optar por centros en la periferia, algunos junto a gasolineras e incluso a algún club erótico.

Los familiares desconfían del aterrizaje de grandes inversores internacionales, porque temen que vean a los ancianos como meros números. “Los fondos de inversión a lo único que van es a ganar dinero, les importan tres narices los cuidados”, dice Miguel Vázquez, presidente de la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare).

Vázquez, partidario de que el Estado cuide de los mayores, dice que si se delega este servicio al sector privado, la condición debe ser un control mayor. El dominio de los grandes operadores va a acelerarse según un informe de 2018 de la consultora inmobiliaria estadounidense CBRE, que predice que muchos pequeños van a ser engullidos en un contexto de mayor competitividad.

La Comunidad de Madrid no revela cuántas sanciones pone, ni por qué motivos o a qué empresas. A este periódico solo ha entregado el dato de que en 2018 se pusieron 41 sanciones. Quien quiera conseguir información más concreta debe hacer solicitudes de acceso a la información pública, cuyas respuestas pueden demorarse un mes o ser denegadas. “Estas actas no son públicas, son de carácter reservado porque contienen datos personales y nunca se publican”, dice una portavoz regional. 

Según el director de Inforesidencias.com, un antiguo inspector, España tiene que aprender de otros países europeos y Estados Unidos donde cualquiera puede ver las inspecciones y sanciones de cada centro en Internet.

Otras demandas para mejorar el servicio son el aumento de plantillas, talleres de humanización para empleados o protocolos internos para evitar el falso compañerismo, de modo que los maltratadores sean denunciados, dice De Martí. 

Para aumentar la transparencia y ganar voz y voto, las familias también piden participar en los órganos de gestión, una opción que por ahora está muy restringida, dice Pladigmare.

De Martí destaca que las empresas están muy concienciadas sobre cómo mejorar el servicio. Él mismo las ha acompañado en viajes al extranjero para aprender buenas prácticas: “Están tomando la iniciativa”.