¿Están los mayores seguros en las residencias?

Cuando María y Laura (nombres ficticios) vieron las imágenes grabadas por una cámara oculta en las que tres trabajadores de la residencia Los Nogales en Hortaleza maltrataban a dos ancianas, un escalofrío les recorrió el cuerpo. Su padre de 87 años perdió la vida en otro centro del grupo Los Nogales, en Pacífico. Ellas volvieron mentalmente a aquella mañana aciaga del 24 de septiembre de 2016, en la que su padre, que andaba con dificultad, subió desde la planta baja de la residencia, cogió el ascensor, caminó hasta su habitación, abrió la puerta con su llave, empujó la silla hacia la ventana, se subió a ella y se lanzó al vacío. “Hemos revivido nuestro drama. Nuestro padre se tiró por la ventana a los seis meses de ingresarlo. Y nos estamos planteando denunciarlo para que se investigue”, explica María.

Más información

La residencia en la que hubo maltrato a ancianas ocultó a la Comunidad denuncias de familiares

Un juez cierra una residencia de ancianos concertada que llevaba 10 años sin licencia

Las imágenes del maltrato en Hortaleza, que adelantó el miércoles la cadena SER, han preocupado a las personas que tienen familiares ingresados en residencias; la información conocida tras la aparición del vídeo no ha servido para calmarles. La residencia no trasladó al Gobierno regional las quejas que uno de los hijos de las ancianas presentó por las heridas causadas por los trabajadores. La Comunidad de Madrid tampoco ha sabido responder a las preguntas de los periodistas sobre si alguno de los tres trabajadores, denunciados por la Fiscalía, está trabajando en alguna residencia concertada de la región.

El caso suscita dudas sobre si se controla suficientemente a un sector que acoge a un número cada vez mayor de madrileños. La cifra total de plazas en centros residenciales de mayores era de 51.488 en 2018. La demanda irá en aumento conforme envejece la población: En la Comunidad de Madrid vivían 360.615 personas mayores de 80 años en enero de 2018, fecha del último padrón. Es un 5,4% de la población en la región, casi el doble que hace 20 años cuando ese grupo de edad suponía el 2,9%.

Para las hijas del hombre que se quitó la vida en 2016, el vídeo es una prueba que confirma sospechas de negligencia aparcadas durante este tiempo. Se emocionan todavía cuando rememoran aquellos días. “Ingresamos en este centro a mi madre, que tenía alzhéimer, y a mi padre, que estaba muy bien de la cabeza. Pagamos más de 4.600 euros al mes para que los atendieran bien a los dos. Nos explicaron que se ocuparían de ellos un equipo de psicólogos, médicos, enfermeros, terapeutas…”, explica Laura. “Me aseguraron que mi padre iba a tener un plan de atención personalizado, y está claro que no fue así. Nadie lo vio aquella mañana. ¿Qué atención estaba recibiendo? Creo que fue una negligencia y una falta de cuidado por parte de la residencia. Ha sido una falta de observación y de control”, añade María.

Hay muchos otros familiares con quejas. La percepción de las familias es que el trato en las residencias de la región ha empeorado, según dijo el Defensor del Pueblo en marzo de 2018 en la Asamblea de Madrid. El Defensor dijo que en los últimos tres años ha recibido un aumento de reclamaciones sobre el funcionamiento y la atención en los centros.

Los sindicatos hablan de pocos controles y falta de transparencia. El Gobierno regional impuso el año pasado 41 sanciones, pero al ser requeridas por este periódico no reveló ni los motivos ni la identidad de los sancionados.

Más allá de las incidencias concretas, el Defensor del Pueblo ha detectado como problema común a muchas residencias la insuficiencia de personal, especialmente en turnos de tarde, noche o fines de semana. La Consejería de Políticas Sociales y Familia ha adoptado un Plan de Residencias 2017-2020 que contempla un incremento de las plantillas de residencias en más de 1.000 trabajadores. Prevén un aumento superior al 25% en la plantilla de enfermeros y del 15% en auxiliares de enfermería. Los trabajadores de los centros también están recibiendo desde 2018 formación en humanización, valores fundamentales e inteligencia emocional y ética.

Cuidados prestados por el sector privado

La delegación del cuidado de ancianos en el sector privado es un motivo por el que muchos alertan de que es urgente introducir más controles. El sector ha vivido una bonanza que ejemplifica el caso del grupo Los Nogales. Abrió su primera residencia en Madrid en 1975, cuando apenas había centros de este tipo, y ahora tiene 10 en la Comunidad. Facturó más de 27 millones de euros en 2016, último ejercicio disponible en el Registro Mercantil. Entonces tenía 1.075 empleados.

“La llegada de la iniciativa privada a la atención a personas mayores está haciendo que la calidad de la atención esté en peligro”, dice Matilde Fernández, exdiputada madrileña por el PSOE (2003-2015) que promovió normas para mejorar los controles de los centros. 

Según las hijas del fallecido en 2016, la dirección del centro no les aportó una reconstrucción de los hechos ni les dijo quién fue la última persona que lo vio. “Eso apunta a que no había nadie en recepción”, señala Laura. Tampoco les dieron el informe policial. La residencia no ha respondido a las llamadas de este periódico.

Las hijas pusieron una reclamación ante el centro pero ni la dirección ni la Comunidad les respondieron. “Una enfermera le dio a mi padre una dosis errónea de Sintrom. Eso es muy peligroso, porque puede causar un ictus”, dice María. De todos modos, a diferencia de lo ocurrido en Hortaleza, nunca notaron síntomas de maltrato. Tras la muerte, la dirección les sugirió que sacaran de allí a su madre, para que no se enterara de nada. La mujer, que este verano cumple 90 años, está ahora en otra residencia en un pueblo de Madrid. “Pensándolo ahora, con el tiempo, creemos que querían deshacerse del problema”, dice una hija.