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Torceduras, hematomas, dientes rotos... las denuncias que ocultó la residencia Los Nogales

El hijo de la anciana maltratada muestra las quejas que presentó ante el centro. La Comunidad no sabe si los empleados despedidos están trabajando en otra residencia

La residencia Los Nogales de Hortaleza (Madrid). Foto: Kike Para

Torceduras, hematomas, dientes rotos, sangre seca en la nariz... Antes de comprobar con una cámara oculta el calvario que estaba padeciendo su madre en la residencia Los Nogales de Hortaleza, Francisco Polonio se dirigió en varias ocasiones a la dirección del centro para plantearle sus sospechas sobre el maltrato. Ninguna de estas quejas llevó al centro a investigar a sus empleados. La Comunidad de Madrid comprobó este jueves que esas reclamaciones no se enviaron a la Consejería de Políticas Sociales, como exige la ley. El Gobierno regional desconoce si alguno de los tres trabajadores denunciados por la Fiscalía está trabajando en alguna residencia concertada de la región. Los sindicatos piden cambiar la ley para exigir un certificado de penales a los trabajadores.

El abogado Francisco Polonio, cuya madre estuvo internada en la residencia Los Nogales, envió varios escritos a la dirección del centro avisando de sus sospechas a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Todos los documentos tienen sello de entrada en la residencia. En uno de ellos, realizado en abril de 2017, se lee: "Hace unos diez días a mi madre le hemos encontrado un hematoma semicircular en el labio, que me dijeron que era un herpes, pero lo médicos no lo han confirmado, sino que era una rozadura". "A los dos días siguientes" —continúa— "le encontramos la rodilla derecha hinchada, que no es a causa de su artrosis sino de una torcedura en la rodilla. A los dos días siguientes le vimos un hematoma en una muñeca que no es de la pulsera que le han puesto, como me han dicho. Y tampoco me dicen cómo se le ha producido. Como esto pasa con relativa frecuencia, para su mejor cuidado, necesito que me digan quiénes son las personas que la acuestan y la levantan para poderles preguntar cuando veamos alguna lesión".

Otro de los escritos, presentado en octubre de 2017, señala: "El sábado, al ver que mi madre seguía tosiendo mucho, con una tos muy intensa y preocupante, le comuniqué a la doctora de guardia, la doctora Mori, que le pusiera aerosol a mi madre. Dicha doctora se negó a ponerle el aerosol pese a mi insistencia". Y sigue. "El lunes le ha recetado otro doctor de la residencia y el doctor del centro de salud que le sigan poniendo aerosol. La negativa de la doctora Mori la podemos considerar un desinterés en cuidar ancianos".

En una tercera queja, presentada en noviembre de 2017, dice: "Hoy ve venido a visitar a mi madre. Tenía puestos dos jerséis y una bufanda totalmente apretada al cuello, con un nudo fuerte apretado [...] No tenía la dentadura puesta y tiene una marca al lado del labio inferior como de haber forzado con la dentadura. [...] Se estaba asfixiando con la bufanda. Tiene que haber siempre un familiar dentro de la habitación cuando la estén manipulando, dado que no hay profesionales y para evitar malos tratos a los ancianos”.

Otro de los escritos, fechado en febrero de 2018, explica: “Quisiera saber cómo se han roto las gafas de mi madre y cómo se le ha roto la muela donde se fijaba la dentadura postiza. Quisiera también las imágenes de las cámaras de vídeo de los últimos días para saber la verdad”. Un quinto escrito, en mayo de 2018, se refiere a "una pequeña lesión en el lóbulo derecho de la nariz", donde además podía verse "sangre seca". "Como los golpes que presenta en la nariz son últimamente frecuentes, le comunico que no quiero que la acuesten por la noche ni el chico de pelo moreno ni la chica bajita rubia con la que tuvimos ya un incidente". Su madre falleció en verano del año pasado.

Ocultación a la Comunidad

La Consejería de Políticas Sociales y Familia descubrió este jueves que el centro no le estaba remitiendo las quejas de los familiares, tal y como exige la normativa. “Los técnicos descubrieron en la inspección de este jueves que se habían ocultado a la Comunidad quejas, que estaban registradas pero no remitidas", explica una portavoz del departamento. El procedimiento habitual según los pliegues de contrato es que cuando hay una queja, esta tiene que ser registrada e inmediatamente remitida a la Dirección General de Atención de Dependencia y Mayor. "Si no lo hace (esto se ve en las inspecciones que se hacen por sorpresa), la empresa está incumpliendo con los pliegos del contrato y, por tanto, se enfrenta a sanción económica, tal y como ha ocurrido en esta caso", añade la portavoz.  La empresa no ha respondido a las llamadas de este periódico

El Gobierno regional no sabe si alguno de los tres trabajadores investigados por la Fiscalía por maltrato (Mónica Moya Pérez, Bryan Israel Noboa Calle y María Josefa Trueba López) están trabajando en alguna residencia concertada de la región. Sí puede afirmar que no están empleados en ninguna residencia pública. Sin embargo, el 70% de las plazas públicas en Madrid lo son en régimen concertado (18.468 concertadas frente a 6.258  públicas). La Comunidad tampoco tiene previsto hacer inspecciones especiales al resto de centros de Los Nogales en la región. 

"Puede volver a pasar"

Los sindicatos acusan al Ejecutivo regional de dejación de funciones. "Esto puede volver a pasar mañana. No hay ningún control de ningún tipo. La dejación por parte de la Administración regional ha sido absoluta", se queja Javier Sanz, coordinador de Dependencia e Intervención Social de UGT Madrid. "Se pueden poner en marcha mecanismos para intentar evitarlo en el futuro como que sea obligatorio presentar un certificado de penales para trabajar con personas mayores y dependientes, al igual que ya ocurre cuando alguien va a trabajar con menores", añade. "Además, tiene que haber un registro público de este tipo de casos, que quien cometa un hecho así de grave no pueda volver a trabajar más en un centro residencial".

En su opinión, "desde hace 20 años hay una absoluta desatención por el tema de las residencias". Por ello pide hacer más inspecciones en residencias pequeñas, "que es donde todos intuimos que se cometen más tropelías". En este sentido, sugiere que en ocasiones cuando va un inspector a una residencia concertada, "se suspenden las libranzas para que casualmente el día de la inspección esté trabajando todo el mundo".

Ana González, responsable de Política Social de CC OO Madrid, coincide: "Cuando la gestión de las plazas es pública, tenemos más mecanismos de control". La sindicalista critica que "la Comunidad de Madrid, como externaliza estos servicios, tiene limitadas sus capacidades de control. Y además esta acción concertada con los acuerdos marco se realiza en un contexto opaco". Así, se queja de que "se prioriza a la empresa que ofrezca el servicio más barato en lugar del mejor servicio". CC OO pide crear una comisión para el seguimiento de la contratación pública de estas plazas concertadas para tener un control sobre ellas.

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