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Los vecinos no logran parar el desahucio de Alam y sus tres hijos menores en Bravo Murillo

La nueva propietaria del piso, residente en Suiza, compró el piso a la Sareb mediante subasta pública y decidió doblar el alquiler a la familia, de 700 a 1.300 euros

Varios agentes de policía, durante el desahucio en la calle de Bravo Murillo, 207 (Madrid), la mañana de este lunes.
Varios agentes de policía, durante el desahucio en la calle de Bravo Murillo, 207 (Madrid), la mañana de este lunes.Claudio Alvarez
Jacobo García

Este lunes, alrededor de las once de la mañana, un grupo de 20 agentes, entre Policía Municipal y Nacional, han logrado ejecutar el desahucio de Alam y su familia, con tres hijos de 3, 6 y 10 años. Unos 40 vecinos y militantes de la Organización por la Vivienda de Tetuán (OVT) han tratado de impedir el lanzamiento agolpándose frente a la puerta del portal desde antes de que saliera el sol, pero la policía ha acordonado la calle y, en pocos minutos, ha logrado tumbar la puerta del cuarto piso de Bravo Murillo, 207. Junto a Alam, han sido desalojados los tres activistas que ha pasado la noche con él en el piso. Antes de las once de la mañana, él y su esposa estaban en la acera junto a sus muebles.

El llamado a los vecinos era a las ocho de la mañana pero, desde horas antes, la policía ya había acordonado el tramo comprendido entre las calles Fulgencio Miguel y Mariano Fernández, había expulsado al grupo de activistas reunidos y había cerrado la boca de metro de Estrecho. Entonces, el grupo de jubiladas, estudiantes y vecinos de Tetuán ha tenido que empezar a gritar desde más lejos.

Dentro de la vivienda seguía Alam, de nacionalidad española y nacido en Bangladesh. Alam llegó a España hace 15 años y en Madrid ha tenido a sus tres hijos. En 2020 trabajaba en un almacén y encontró en el portal Idealista.com un piso en alquiler en la cuarta planta de este edificio por el que pagaba 700 euros a la inmobiliaria Bartolomé. Compró muebles, electrodomésticos y matriculó a sus hijos en colegio más cercano, pero en 2022 la propiedad cambió de dueño sin que él supiera nada.

Poco después, le llegó una carta de una señora que decía ser la propietaria del piso. Era una mujer que había comprado desde Suiza el piso en subasta pública a la Sareb, el famoso banco malo de viviendas. La primera carta que recibió de su casera fue cuando la mujer decidió doblarle el precio del alquiler y pasar de los 700 euros actuales a 1.300. Alam, que había pagado puntualmente el alquiler, preguntó en la OVT y, cuando el asunto llegó a los juzgados, supo también que el contrato que había firmado ni siquiera era válido porque la vivienda estaba sujeta a hipoteca y ni siquiera podía haber sido alquilada. El juzgado autorizó el lanzamiento al comprobar que el inquilino “no es el justo titular”, explica la Organización por la Vivienda de Tetuán.

A las nueve de la mañana, una comisión del juzgado ha entrado al edificio. “Comisión judicial, comisión criminal”, gritaban los vecinos al otro lado de la cinta de plástico. A las jubiladas y los activistas de la plataforma se han unido varios estudiantes y algunos vecinos espontáneos. “Vecino despierta, desahucian en tu puerta”, volvían a gritar. Y con cada grito, el frío y el vaho en las bocas. A ellos se ha unido un grupo niños del colegio Jaime Vera, compañeros de aula de los hijos de Alam, cuyos padres han querido que la clase de hoy la recibieran en la calle.

Carteles de apoyo de los vecinos contra el desahucio de la calle de Bravo Murillo, 207.
Carteles de apoyo de los vecinos contra el desahucio de la calle de Bravo Murillo, 207.Claudio Alvarez

El caso de Alam, dice la OVT, es especialmente simbólico después de que la ministra, Isabel Rodríguez, pidiera responsabilidad a los caseros, algo que en este caso no ha sucedido, “porque, a pesar de que Alam ha pagado su alquiler; la Sareb ha vendido el piso en lugar de buscar un alquiler social para su inquilino”. Actualmente, el 43% de las casas bajo control de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) están vacías. Creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos procedentes de la crisis financiera, la entidad pública cuenta actualmente con más de 33.500 viviendas en su balance, de las cuales 19.164 están habitadas y 14.359 permanecen clasificadas como “libres”, según datos oficiales.

La operación de desalojo, “lanzamiento” en lenguaje jurídico, ha durado menos de media hora. A las diez, nuevos agentes se han unido a los policías municipales. Pero esta vez eran de la UIP, la Unidad de Intervención de la Policía, los antidisturbios de toda la vida. Hasta la puerta del cuarto piso han llegado 10 agentes con cascos, escudos, equipo de protección, un ariete y una radial que lo primero que han hecho ha sido tapar la mirilla. Dentro de la vivienda, Alam y tres “compañeros” de la Orgnización por la Vivienda de Tetuán esperaban con las manos en los bolsillos la entrada de la policía.

Dos arquitectos han confirmado antes que, si la policía se liaba a golpes con la entrada, se caería la puerta y no las casas de los vecinos. Confirmado el peritaje, la madera han tardado pocos minutos en caer. Acto seguido la policía ha pedido la documentación y a empujones todo el mundo hacia abajo. Vecinos, comerciantes y los pasajeros del bus seguían la escena. La tienda de decoración junto al portal, Love Home, abría sus puertas. A las once de la mañana, Alam y su esposa miraban desconcertados sus muebles sobre la acera.

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Sobre la firma

Jacobo García
Antes de llegar a la redacción de EL PAÍS en Madrid fue corresponsal en México, Centroamérica y Caribe durante más de 20 años. Ha trabajado en El Mundo y la agencia Associated Press en Colombia. Editor Premio Gabo’17 en Innovación y Premio Gabo’21 a la mejor cobertura. Ganador True Story Award 20/21.
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