Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La residencia en la que hubo maltrato a ancianas ocultó a la Comunidad denuncias de familiares

El Gobierno regional propone multar al grupo Los Nogales con 600.000 euros e inhabilitar a su directora por cinco años

Francisco Polonio, hijo de una mujer maltratada en la residencia Los Nogales, ante los juzgados de la plaza de Castilla. En vídeo, entrevista a Francisco Polonio.

Golpes en la cabeza, insultos y bofetadas son parte del maltrato de varios cuidadores a dos ancianas que se ve en las imágenes que Francisco Polonio, abogado de 58 años, grabó en la habitación de su madre en la residencia Los Nogales de Hortaleza. Los sindicatos exigen responsabilidades a la Consejería de Políticas Sociales, que el año pasado archivó una denuncia contra la misma residencia por motivos sanitarios firmada por 120 familiares. El Gobierno regional propone una sanción de 600.000 euros para el centro y la inhabilitación de su directora por cinco años por ocultar las quejas y denuncias de los familiares.

Polonio asegura que hasta en 15 ocasiones se reunió con la dirección del centro o le mandó escritos para que tomase alguna medida por el trato vejatorio a su madre, Josefa, ya fallecida, aunque la dirección niega que sus encuentros fueran para tratar los malos tratos que se aprecian en las imágenes que adelantó ayer la Cadena SER.

La Comunidad ha iniciado dos expedientes sancionadores por los hechos denunciados por la Fiscalía y propone una sanción económica contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta 600.000 euros, cinco veces más que la máxima sanción interpuesta hasta ahora, que era de 120.000 euros. Además, tras comprobar que la dirección del centro había ocultado a la Consejería de Políticas Sociales las denuncias y quejas de los familiares de los residentes, va a proponer una inhabilitación de su directora para el desempeño de funciones relacionadas con los servicios sociales por un plazo de cinco años. En ambos casos, estas propuestas estarán supeditadas a la resolución judicial, puesto que la actuación de la Administración regional está vinculada a la misma.

Según el relato de Polonio, siempre se encontró con que se negaban los hechos que él denunciaba: “Arañazos, moratones, signos externos de violencia”. La tercera planta del centro, en la que estaban internadas las ancianas que aparecen en los vídeos, está destinada a personas con movilidad reducida y que padecen algún tipo de trastorno mental. Ambas necesitaban que los operarios les bañasen y vistiesen y eran incapaces de relatar lo que les ocurría.

Antes de la denuncia a la Fiscalía Provincial de Madrid en diciembre de 2018, el abogado presentó en 2016 en comisaría otra denuncia que fue remitida al juzgado y sobreseída por el juez al entender que “no había maltrato contra la anciana”. Ante las sospechas de que su madre no estaba siendo bien tratada, colocó una cámara sobre las persianas de la habitación durante tres días. “Siempre a la hora de acostarse el auxiliar le propinaba seis o siete bofetadas. Mi madre le decía: '¡Como se entere mi hijo!'. Ella no me podía contar nada porque estaba con principio de alzhéimer”, asegura. El auxiliar de enfermería, según Polonio, dijo que no eran bofetadas “sino caricias”.

El abogado no desistió de descubrir lo que le ocurría a su progenitora y logró obtener pruebas suficientes con las que certificar lo que intuía ante el avance de su deterioro físico. En mayo de 2018 volvió a instalar una cámara para grabar lo que sucedía en la habitación de su madre y pudo obtener imágenes y audio de calidad.

En el visionado de las cintas, los investigados Mónica Moya Pérez, Bryan Israel Noboa Calle y María Josefa Trueba López tratan a las ancianas con desprecio. Les golpean en la cabeza, propinan bofetadas, insultan, maltratan y meten miedo aludiendo al infierno. Un maltrato que, según un empleado del centro que pidió no ser identificado, es más frecuente de lo que se piensa. “En la zona donde están las personas que no tienen movilidad el trato por parte de algunos empleados es indignante”, dijo.

La Comunidad de Madrid no tiene acceso a los contratos de personal de las residencias privadas con las que tiene plazas concertadas, por lo que no sabe si los profesionales acusados de maltrato están trabajando en estos momentos en otro centro. “Lo que exigimos y comprobamos es que se cumplan las ratios de profesionales establecidas”, señalan fuentes de la Comunidad.

¿Por qué no sacó a su madre del centro? "Estuve mirando en otras residencias de la zona pero el sistema era el mismo. Solo se podía acceder en las horas de visita y no cuando se la bañaba por la mañana, cuando estaban comiendo o cuando se las acostaba para comprobar si estaba limpia o no. Mientras estaba con estas gestiones mi madre murió, en julio de 2018", relata Polonio.

"Estamos investigando"

El responsable del grupo Los Nogales, José Manuel Rodríguez, se opone a la versión de Polonio: "Ni las cartas ni las reuniones que este señor mantuvo con la dirección del centro estaban relacionadas con los malos tratos. Sus quejas eran porque no se le permitía saltarse los horarios de visitas. Él quería dar de comer a su madre, bañarla y ese tipo de cosas. En ningún caso este señor vino con las imágenes y nos las mostró para que desde la dirección se investigase", dice. "Ahora estamos investigando a ver qué es lo que ocurrió verdaderamente. No entendemos por qué transcurrió tanto tiempo desde que sucedieron los hechos hasta que se presenta la denuncia", añade, tras confirmar que el grupo Los Nogales se ha reunido este jueves con la Comunidad.

Dos mujeres entran este jueves a la residencia Los Nogales, en Hortaleza.
Dos mujeres entran este jueves a la residencia Los Nogales, en Hortaleza.

Esta no es la primera denuncia contra el centro residencial Los Nogales en Hortaleza. Hubo una anterior en 2018 por temas relacionados con alimentación e higiene que fue desestimada por la Comunidad de Madrid y que fue presentada por 120 familias. Además, durante ese año se realizaron dos inspecciones de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (CIRA): una nocturna y otra ordinaria.

En las puertas de la residencia de Hortaleza, ancianos que están internados en esta y sus familiares se mostraban este jueves “desolados” tras contemplar las imágenes en las que los cuidadores vejan insistentemente a las residentes. “ Estoy descompuesta. No me podía imaginar que en mi residencia, de la que estaba muy orgullosa, estén pasando estas cosas”, indicaba una señora que lleva tres años alojada en Los Nogales y que desembolsa por su estancia todos los meses 1.600 euros. Mientras, la hija de otro interno, que paga 2.000 euros al mes, decía estar “destrozada. Pobres ancianas. Cualquiera que vea las imágenes llorará, como me ha ocurrido a mí. Siempre reclamamos más personal y mejor cualificado”. Polonio pagaba 1.100 euros por la estancia de su madre al tener una plaza concertada.

No criminalizar al colectivo

Los sindicatos comparten las quejas de los familiares y piden no criminalizar al colectivo de trabajadores de residencias de ancianos. “Hoy han venido al sindicato muchas compañeras que trabajan en residencias y me han comentado: ‘Madre mía, nos van a juzgar a todas por eso, yo no he visto eso nunca en mi centro de trabajo”, explica Juani Peñafiel, responsable del sector de dependencia, residencias y centros de día del sindicato CC OO y trabajadora en una residencia privada. En su opinión, “lo que no funciona correctamente son los mecanismos de control de la Administración, a la que tantas veces se le ha reclamado que haga uso de sus funciones”. En este sentido, “no puede ser que haya tres tipos de residencias —públicas, concertadas y privadas— y que cada una de ellas tenga una ratio de profesionales por residente, porque sus residentes son iguales y no se les trata igual”.

Más de 18.000 plazas en residencias concertadas

La Comunidad de Madrid tiene un total de 24.726 plazas residenciales para mayores en la región, de las que 6.258 son plazas públicas y 18.468 son plazas concertadas, según datos de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. El coste de las plazas concertadas varía según varios factores; en el caso de las incluidas en el Acuerdo Marco, como Los Nogales, es de 56,69 euros al día. La Consejería no sabe precisar el precio de las plazas públicas, dado que también depende de muchos factores.

Tanto los centros públicos como los concertados están sujetos a un sistema de control y vigilancia a través de dos procesos: por un lado, los técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia realizan visitas periódicas para saber si los centros cumplen con las obligaciones del servicio; por otro, la Subdirección General de Control de Calidad de la consejería realiza inspecciones periódicas sin previo aviso. Estas inspecciones se realizan de lunes a domingo, en diferentes horarios (también nocturno), para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa en materia de servicios sociales.

Según el Gobierno regional, el año pasado se realizaron 4.126 inspecciones en 1.200 centros en 2018 y se impusieron 41 sanciones. Cuando se recibe una queja o reclamación en la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor, se pide un informe al centro y luego se tiene en cuenta cuando los técnicos realizan las visitas de control a los centros. La Consejería de Políticas Sociales y Familia señala que el Gobierno regional ya realiza el doble de las inspecciones que exige la ley.

Peñafiel destaca que “este caso es completamente excepcional” y genera “muchísimo rechazo en los trabajadores del sector. Comenta un caso en el que sospechó "que un trabajador no actuaba de manera correcta. Inmediatamente lo puse en conocimiento de la directora y despidieron a esa persona en ese mismo momento”. CC OO tiene representación sindical en la residencia de Los Nogales.

UGT, por su parte, también ha destacado que han fallado los “mecanismos de control” y ha reclamado “la inmediata intervención de la Comunidad de Madrid y de la justicia” para que “se investiguen con prontitud estos hechos vejatorios" cometidos "contra personas que están en situación de vulnerabilidad e indefensión”. En un comunicado, el sindicato ha criticado “la falta de dotaciones presupuestarias suficientes destinadas a la creación de una red de asistencia y de atención a los mayores”.

Gustavo García, responsable de estudios de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, ha apostado por mejorar la gestión de las quejas como forma de prevenir cualquier abuso: "Hay que fomentar que los residentes y los familiares se quejen, y también los trabajadores. No es un indicador negativo, porque son oportunidades de mejora, si se gestionan bien”, ha explicado. García ha aconsejado a quienes estén buscando residencia para un familiar que tengan en cuenta “si la residencia favorece la presencia del familiar en el centro, porque cuanto más abiertas son, más te puedes fiar”.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram

Se adhiere a los criterios de The Trust Project Más información >

Más información