Un juez cierra una residencia de ancianos concertada que llevaba 10 años sin licencia

La residencia de ancianos Santa Eugenia, propiedad del grupo empresarial Los Nogales y concertada con la Comunidad de Madrid, ardió en 1994, apenas tres años después de su inauguración. Dos mayores perecieron en el fuego que, según los vecinos, pudo ser aún más trágico al no contar el edificio con escaleras de incendio adecuadas. Sin embargo, la residencia siguió en funcionamiento. Ahora, un juez ha ordenado su cierre porque lleva al menos 10 años sin licencia municipal. La Comunidad, que recibió hace horas el aviso del Ayuntamiento, ha dado orden de iniciar el traslado de los 120 ocupantes de plazas concertadas. Sin embargo, la empresa no solo no ha avisado a usuarios y familias, sino que ha seguido vendiendo sus servicios sin advertir del cierre decretado por el juez para el próximo lunes.

El Grupo Los Nogales dispone de nueve centros en Madrid con 1.750 plazas. La residencia Santa Eugenia, en la calle de Zazuar (Villa de Vallecas), tiene 290 plazas, aunque solo 220 están ocupadas.

La concejal de UPyD Cristina Chamorro ha expresado su preocupación porque la Comunidad concierte plazas con una residencia que lleva tantos años funcionando sin licencia. Carlos Izquierdo, viceconsejero regional de Asuntos Sociales, ha confirmado a EL PAÍS que tuvo noticia hace pocos días del cierre y busca ahora “una solución para reubicar a los 120 mayores de plazas concertadas lo más cerca posible o en sus domicilios”. Según Izquierdo, la residencia obtuvo el visado regional en 1995, y de ahí que cuente con el concierto, pese a la falta de licencia. “No es responsabilidad nuestra, sino del Ayuntamiento, revisar esos permisos”, añadió.

El Gobierno municipal ha aclarado que el centro tiene licencia de actividad desde 2003, pero no se le concedió la licencia de funcionamiento, por lo que no debería haber abierto. Se decretó su cierre, añaden fuentes municipales, pero los dueños recurrieron a la justicia, que dictó en un principio a su favor. Ahora, un tribunal ha dado la razón al Ayuntamiento y ha ordenado la clausura inmediata. Sin embargo, las autoridades municipales han dado dos semanas de margen a la empresa para reubicar a los ancianos.

Este diario llamó a la residencia el miércoles, cuando ya se había decretado el cierre, interesándose por sus servicios, y se le indicó que había plazas disponibles; en ningún momento se informó de que el centro estuviera a punto de cerrar, todo lo contrario.

Contactada ayer su directora, Julia Verdugo, afirmó no haber sido avisada del inminente cierre del centro. EL PAÍS trató sin éxito de ponerse en contacto con los responsables de la empresa.