Cientos de ancianos pueden verse obligados a cambiar de residencia

La Residencia Valle de la Oliva situada en Majadahonda ha comunicado a 26 ancianos con plaza concertada y subvencionada por la Comunidad de Madrid que se tienen que trasladar. La razón se debe a que este año finaliza el acuerdo marco suscrito entre estos centros y la Consejería de Asuntos Sociales, y los propietarios no están interesados en renovarlo. Lo mismo ocurre en otro centro que la compañía posee en Moratalaz.

Los familiares han tenido conocimiento de la situación con un formulario enviado por la empresa en el que les solicitan que indiquen los cinco municipios que prefieran para proceder al traslado. “Nadie te garantiza dónde van a ir o no, será donde haya plaza”, se queja Luis Ventura, cuya madre vive en esa residencia. Por este motivo, ha decidido no firmar el traslado hasta no obtener más información.

Ya hay personas que han dicho que sí al cambio de lugar, y se les ha derivado a la primera opción elegida, aseguran fuentes de la consejería. Un portavoz explica que carecen de datos concretos de las residencias que se van a salir del circuito público, debido a que la negociación con las patronales del sector no finaliza hasta junio y es un proceso complejo.

El Gobierno regional cuenta con 9.533 plazas concertadas en centros privados (5.694 con financiación total y 3.839 parciales), y el total de plazas de mayores que gestiona es de 25.041.

El diputado socialista de la Asamblea de Madrid José Ángel Gómez-Chamorro dice que llevan meses advirtiendo al Gobierno de que esto iba a ocurrir. Según los datos que ha recabado, serían unas 1.000 personas las que se tendrían que trasladar a otra residencia. En su opinión, el motivo se encuentra en que “el importe que ofrece la Comunidad de Madrid por plaza concertada, que se encuentra por debajo de los costes reales”, comenta. El Gobierno regional ofrece 54 euros por plaza y día, “mientras que la memoria económica de la consejería estima en unos 80 euros ese coste”.

Algunos familiares de los ancianos afectados de la Residencia Valle de la Oliva critican que no hayan recibido ninguna noticia por parte del Gobierno regional. “Mi madre es una persona de 87 años dependiente, en silla de ruedas y con demencia senil”, explica Luis Ventura.

A él no le importaría que la trasladasen, pero siempre y cuando se desplazara también el equipo que la rodea. “Como cualquier persona, se ha acostumbrado a un entorno y a unos cuidadores que hasta saben evitar comportamientos que provocan los brotes de demencia”, añade. Cree que cambiar de entorno a dependientes como su madre “es una aberración, que puede repercutir en su salud de forma que no puedan superarlo”.

Ventura pide más sensibilidad a la Comunidad de Madrid, “que no conviertan a los ancianos en una mera transacción económica”. “Cualquier profesional de la medicina geriátrica considera un desatino modificar su entorno o cambiar a sus cuidadores con los que ya existe un conocimiento mutuo de confianza y cariño, que produce un efecto muy beneficioso en su salud”. Su residencia no les ha puesto un plazo concreto para salir de las instalaciones.