El sistema de la dependencia sufre el primer retroceso desde 2015

La angustia de las familias no entiende de gobiernos de coalición o de cooperación. Ni de pactos a la portuguesa. Sí sabe de números: los que estrangulan la dependencia en España. Tanto, que la lista de espera ha aumentado estos seis primeros meses del año, algo que no ocurría en un semestre desde 2015. Más de 256.000 personas aguardan a recibir la ayuda. Otras 139.000, a ser valoradas para saber si esta ley que está pidiendo a gritos más recursos les reconoce el derecho a una prestación. La financiación es el gran talón de Aquiles de una norma que nació en 2006 y no ha terminado de desplegarse. Aún no se ha recuperado de los recortes de 2012. La incapacidad para formar Ejecutivo condena al sector a más parálisis.

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Si se estudian los datos por semestres, se constata el retroceso en 2019. De enero a junio, la lista de espera ha subido en 6.700 personas. Los solicitantes y beneficiarios han ido en aumento en los últimos años, hasta alcanzar más de 1,8 y cerca de 1,6 millones. Pero hasta ahora el sistema ha ido absorbiéndolos, el saldo de enero a junio o de julio a diciembre era negativo. El primer semestre de 2018, por ejemplo, la lista de espera se redujo en 21.000 personas. Esta tendencia se frena. Hay que remontarse al segundo semestre de 2015 para ver un incremento, debido a la incorporación de los dependientes leves, que hasta entonces no habían podido presentar sus solicitudes. Ahora el principal escollo es la financiación.

El miedo de Antonio Miguel Comín va en aumento. Cuando se despide de su madre se marcha pensando en lo que puede pasarle. Emiliana Hernández, que este viernes cumplió 90 años, vive sola. Es diabética, hipertensa, tiene principio de Alzhéimer, problemas de riñón, cuenta su hijo, de 51. “Ya nos ha pasado que al llegar por la mañana la hemos encontrado sin reaccionar, medio muerta. Le han dado dos hipoglucemias”, lamenta. Por ello, en diciembre acordaron solicitar plaza en una residencia pública. “Ahora tenemos una prestación por cuidados en el entorno familiar. Sobre todo se encarga mi hermana. Yo la ayudo”, prosigue este hombre, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y es autónomo. Al día a veces le faltan horas. “Es complicado. Tenemos una hija con discapacidad intelectual que requiere atención constante”, dice. “Y mi madre está deteriorada y mayor. Hace 15 días nos comunicaron que estaba en lista de espera”, señala Comín.

Los más graves

Ella es una de los severos o grandes dependientes, los más graves, que aguardan a ser atendidos. “A finales de 2018 eran unos 98.000. En junio había casi 105.000. Este es el mayor drama. Aunque suben los beneficiarios, las comunidades autónomas han priorizado a los menos graves”, explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, expertos en el sector. “Si sumamos a quienes están en lista de espera y tenemos en cuenta que aproximadamente al 80% que aguarda a ser valorado le será reconocida la dependencia, hay unas 368.000 personas sin atender”.

Aunque las competencias están transferidas, el Gobierno debe cofinanciar el sistema al 50% con las comunidades. Solo aporta el 20% del gasto público. El año pasado presupuestaron 1.330 millones de euros. Desde 2012, el recorte acumulado a las autonomías supera los 3.000 millones, según esta asociación. “Mientras seguimos con bloqueo político, sin aliviar la carga de las comunidades, más de 80 personas en lista de espera fallecen al día”, sostiene Ramírez. “No deberían irse de vacaciones hasta formar un Ejecutivo que evite esto”.

Al sistema se le escapó una inyección de 515 millones cuando Pedro Sánchez no logró el respaldo a las cuentas pactadas con Unidas Podemos. Si el nuevo Gobierno se forma en agosto, podría dar tiempo a tener un presupuesto nuevo para 2020. Si no, es más que probable que se vuelva a prorrogar el de 2018, que también ha estado vigente este año. Fuentes del Ministerio de Sanidad apuntan que la dependencia es “una prioridad”, “como quedó de manifiesto en los presupuestos” y con la recuperación del pago de la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares.

“Se necesita dinero. Si una norma no tiene financiación, acaba muriendo sola. Volver a ponerla en pie va a costar”, replica Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Dependencia. Durante el mandato de Sánchez no se han subido las partidas. “Nos hemos quedado a las puertas”, recuerda Ramírez. “Primero, el Gobierno paralizó la pequeña subida que iba a llevar al Consejo Territorial de Servicios Sociales [donde se reúnen las comunidades y el ministerio] porque trascendió que era la misma que planteaba el Ejecutivo de Rajoy. Después nos quedamos sin presupuestos. Luego vivimos pendientes de los viernes sociales sin que llegara un decreto que diera oxígeno al sistema. Y ahora seguimos sin Ejecutivo”, enumera.

“Se siente muchísima frustración”, dice Laura Clemente, madrileña de 34 años. Cuidó a su madre desde los 18, cuando sufrió el primer ictus, hasta que murió, en junio de 2018. La mujer tenía 59 años. Fue valorada con un grado dos [hay tres], con derecho a cuatro horas de ayuda a domicilio y 127 euros al mes por cuidados familiares. En 2017 tuvo otro ictus y pidieron una nueva valoración. “No podía andar, ni sostenerse. Su casa estaba adaptada y yo, con mi sueldo de administrativa, no podía hacer obra, comprar una silla de ruedas o un colchón antiescaras”, continúa. Así que ella y su hermano la cargaban a pulso. 90 kilos.

“Usábamos la silla del ordenador, con ruedas, para llevarla al salón. Si se caía, mi hermano le ponía un cojín bajo la cabeza y esperaba a que yo llegara del trabajo para levantarla entre los dos”, recuerda Clemente. “Necesitábamos que alguien nos ayudara. Pero la carta que la reconocía como gran dependiente llegó tras su muerte. La ley es papel mojado sin financiación. Estás sola. Todo el mundo te da la espalda”.