El dinero para los dependientes, a la espera de los ‘viernes sociales’ de Sánchez
Algunos consejeros manifiestan su malestar por que la financiación de la dependencia no se haya tratado en la reunión con Sanidad de este miércoles
Pedro Sánchez afronta la recta final de su mandato sin haber aumentado la financiación para la dependencia, una de sus promesas al llegar a la presidencia. Este miércoles se celebró el que previsiblemente será el último Consejo Territorial de Servicios Sociales —donde se reúnen la ministra y los consejeros del ramo— antes de las elecciones y nada se dijo de una subida del dinero destinado a los dependientes. Como no se aprobaron los Presupuestos, que recogían una inyección de 515 millones de euros para estas ayudas, la única opción que tiene el Ejecutivo si quiere cumplir con su compromiso es aprobar un decreto antes del 28 de abril, cuando comienza a estar en funciones. La medida tendría que ser acordada en Consejo de Ministros, en uno de esos "viernes sociales", como el propio Gobierno ha bautizado los últimos Consejos de Ministros.
Algunos de los consejeros autonómicos mostraron este miércoles su malestar a su llegada al ministerio, donde se celebró el Consejo Territorial, por la ausencia de la dependencia en el orden del día. Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana, exigió que se incremente la partida destinada al sistema y recordó que la Administración General del Estado tiene la obligación de asumir el 50% de la financiación, algo que las comunidades vienen “reclamando desde hace años tanto al Gobierno del PP como al del PSOE”. Actualmente, el ministerio asume el 20% del gasto público destinado a la dependencia, y las autonomías, el 80% restante.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación andaluza, Rocío Ruiz, criticó al Ejecutivo y exigió “que se cumpla la ley”. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Alicia García, también reclamó un aumento de la financiación y aseguró que el ministerio “ha cercenado los fondos comprometidos por el anterior Gobierno”, por lo que su comunidad no recibirá los “nueve millones de incremento” previstos para 2019, “lo que equivalían al 6% más” que el año anterior.
“Era un real decreto que tiraron a la basura” a final de año, dijo la consejera de Castilla y León. Se refería al documento que el Imserso (el organismo que gestiona la dependencia) remitió a las comunidades el pasado noviembre y cuyo envío achacaron después a “un error”. En el texto, al que tuvo acceso EL PAÍS, se proponía el mismo dinero para los dependientes este 2019 que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había planeado destinar antes de la moción de censura que llevó al PSOE al poder. La propuesta implicaba un incremento estimado del gasto del 5%, lo que suponía unos 70 millones más que el año anterior.
El ministerio explicó entonces que su intención era aumentar la financiación a través de los Presupuestos, que recogían una subida de 515 millones, 415 de ellos para el llamado nivel mínimo de protección garantizado, los recursos que la Administración remite a las comunidades para ayudas directas a los dependientes, que se reparten equitativamente entre los usuarios, a medida que se otorga el servicio o la prestación. Pero las Cuentas no consiguieron los apoyos necesarios en el Congreso, algo a lo que la ministra, María Luisa Carcedo, ha achacado que no se haya podido aumentar la financiación para el sistema. "Aunque la actual partida para dependencia es ampliable, no se puede disponer de las cuantías que se preveían en los Presupuestos", dijo al término de la reunión.
En España, 1,3 millones de personas tienen algún grado de dependencia reconocido. De ellas, 250.000 están a la espera de percibir la prestación o ayuda a la que tienen derecho. En estos ocho meses, Sánchez no ha tomado ninguna medida que afecte directamente al dinero que reciben las comunidades autónomas para atender a los dependientes. Fuentes del Imserso explican que aún hay margen y que están trabajando en ello. Su voluntad, según señalan, es subir el nivel mínimo de financiación a través de un real decreto, aunque reconocen la dificultad que supone no contar con Presupuestos.
El viernes pasado, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley que recuperaba el pago de la cotización de las cuidadoras familiares, que fue suprimido con los recortes de 2012. La medida, que supone 315 millones de euros, afectará previsiblemente a unas 180.000 personas. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, expertos en el sector, calcula que en 2018 murieron 30.400 personas sin recibir la ayuda a la que tenían derecho. Más de 80 personas cada día. Por ello, reclaman la aprobación por decreto de un aumento de financiación que permita reducir la lista de espera.
Acuerdo para el reparto de la recaudación del 0,7% del IRPF
El Consejo Territorial acordó este miércoles por unanimidad el reparto provisional de la recaudación del 0,7% del IRPF destinada a fines sociales durante el año 2018. La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ofreció a las comunidades que se prorrogue la fórmula empleada el año pasado. Todavía no se conoce la cifra a la que asciende lo recaudado a través de la denominada casilla solidaria, pero supera los 250 millones del año pasado. Por tanto, las autonomías recibirán lo mismo que el año anterior y, cuando Hacienda certifique a cuánto asciende el resto del dinero a repartir, se abordará la fórmula de su distribución en la comisión delegada previa al Consejo Territorial, que reúne a los directores generales de las consejerías en el ministerio.
Durante el encuentro la ministra también informó del Plan Nacional de Alzhéimer, que no va acompañado de una memoria económica al no haber sido aprobados los Presupuestos. Fuentes del Imserso, que confían en que pueda aprobarse antes de las elecciones, informan, no obstante, de que parte del plan sí podrá aplicarse, dado que no todas las medids requieren de financiación específica. Su redacción se está finalizando y recoge objetivos e iniciativas para mejorar el diagnóstico de la enfermedad y la atención a los afectados y sus familiares. La estrategia desarrollará un modelo de atención de aquí a 2023 en el que se incluirá la concienciación, la ética y deontología profesional, la forma de los cuidados o la investigación e innovación.
En la reunión también se dio cuenta del nuevo sistema de información de servicios sociales, en el que trabaja el ministerio; del progreso de la estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana; de la elaboración de la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social —la ministra dijo que es posible aprobarla en Consejo de Ministros antes de las elecciones—, y sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, una de las medidas prometidas por Pedro Sánchez cuya aprobación se verá frustrada. El texto está aún en tramitación y no dará tiempo de que pase en segunda lectura al Consejo de Ministros.
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