Dependencia. La operación un éxito; el entierro…muy concurrido
Rajoy se encargó de demoler el sistema y Sánchez se ha mostrado incapaz de reflotarlo dignamente
Rajoy se encargó de demoler el sistema y Sánchez se ha mostrado incapaz de reflotarlo dignamente. Ya sabemos que uno tenía encima a las exigencias de recorte impuestas por la Troika y que el otro no ha disfrutado precisamente de algún atisbo de calma durante su proceloso mandato. Pero doce años después de la aprobación de la Ley y tras el paso –se dice pronto- de diez titulares de la cartera ministerial, la actual situación sigue siendo de evidente desigualdad entre territorios para el ejercicio de derechos, de recorte mantenido en la financiación estatal y de más de un cuarto de millón de personas en lista de espera de atenciones.
La cruel paradoja es que el Gobierno del PP acordó con las Comunidades Autónomas una serie de subidas progresivas, la primera de las cuales tuvo lugar en 2018 mientras que la prevista para 2019 (ciertamente insuficiente) fue retirada de forma apresurada por el actual Gobierno tras un amago de aprobación que finalmente se calificó como un “error” por parte del Ministerio.
El resultado esperpéntico es que tras el paseo por la montaña rusa de los Presupuestos Generales del Estado que pudieron ser y nunca fueron, la financiación de la Dependencia se ha quedado como estaba: compuesta y sin subida. Ni la magra subida programada por el Gobierno popular, ni el rumboso incremento anunciado por el ejecutivo socialista. Y ahora, según parece, es ya muy tarde.
Muchos de nuestros gobernantes no parecen ser conscientes de que esta no es una materia opinable o sujeta a determinación de prioridades políticas. Se está incumpliendo la Ley y con ello se está afectando gravemente a la ciudadanía. Se ha condenado a doscientas cincuenta mil personas dependientes y a sus familias, a no poder acudir ni siquiera a la jurisdicción social en busca de tutela y amparo de sus derechos porque son derivados al tortuoso camino de lo contencioso-administrativo. Cada día fallecen ochenta personas sin haber podido recibir servicios y prestaciones a las que tenían derecho. ¡Como para reclamar están!
Francamente desconocemos si el abordaje de una política social tan sensible como esta debe tener la consideración jurídica de situación de extraordinaria y urgente necesidad. Como también desconocemos si aún cabe alguna posibilidad, por remota que sea, de corregir este desatino que ha dejado a las administraciones gestoras presupuestariamente desarmadas para atender a la gente.
Lo que sí sabemos es que entre personas dependientes y familiares, sumarán cerca de cuatro millones de votantes que habrán tomado buena nota de que en esto de la Dependencia ha pasado como en el chiste: - ¿La operación? - Un éxito… y el entierro; muy concurrido.
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