Cataluña tardará ocho años en absorber la lista de espera de la dependencia

El mapa de atención a la dependencia en España arroja grandes diferencias por comunidades autónomas. Cataluña es la que más tiempo tardaría en absorber la lista de espera, si continuara con el mismo ritmo mantenido desde 2016. Necesitaría ocho años, según el análisis anual que realiza el Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, expertos en el sector. El informe constata que el sistema lleva dos años consecutivos de cierta reactivación en España, con mejoras en el número de atendidos o las prestaciones o servicios entregados, pero señala que las incorporaciones se deben fundamentalmente a la atención de los dependientes moderados (los menos graves). Unas 98.000 personas con grandes necesidades continúan esperando, son cerca del 40% de los desatendidos. La asociación reclama al Gobierno que apruebe por decreto los 415 millones de euros que estaban incluidos en los Presupuestos.

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En España hay 1,3 millones de personas con algún grado de dependencia reconocido, según datos de diciembre recogidos por el XIX Dictamen de la dependencia, elaborado por la asociación, que ha sido presentado este jueves. De ellas, 250.000 no reciben ninguna prestación o servicio, pese a que les ha sido reconocido, es decir, que el 19,2% de los dependientes está en lista de espera. Otras 128.000 personas aguardan a ser valoradas para saber si pueden entrar al sistema. El informe calcula que el año pasado murieron 30.400 personas sin haber percibido la prestación o servicio a la que tenían derecho. Más de 80 cada día. Los expertos precisan que no fallecieron por esta causa, “pero sí con la expectativa incumplida de recibir atenciones”.

El dictamen apunta las “gravísimas” desigualdades entre territorios, tanto en cobertura como en modelos de gestión. “Es previsible que haya algunas comunidades que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y/o una inyección financiera”, sostiene el informe. En la escala de valoración que realizan, para cuya elaboración tienen en cuenta parámetros como la lista de espera, el gasto público, el empleo o la relación entre servicios y prestaciones económicas, Canarias es la comunidad que sale peor parada, como en años anteriores (1,8 sobre 10). Le siguen Cataluña, Baleares y Asturias (2,9). Castilla y León encabeza el ránking (9,3). La media del país es un aprobado raspado (5,04). 

El ritmo de avance desigual hace que territorios como Andalucía, Cantabria, La Rioja o Cataluña tengan una previsión de seis años o más para la plena atención (la media del país es de cuatro años) si mantienen el ritmo de crecimiento de los últimos tres años. Solo Andalucía y Cataluña aglutinan el 60% de las 250.000 personas que están en lista de espera en España. La asociación apunta que la presión de demanda es “muy elevada” en ambos territorios, que han incrementado las atenciones, pero de manera aún insuficiente. Cantabria y La Rioja tardarían siete años en absorber la lista de espera; Andalucía, seis. Territorios como Castilla y León, Navarra y Ceuta y Melilla “tienen una lista de espera reducida prácticamente a la gestión normal de altas y bajas sin acumulados”. 

A grandes rasgos, el sistema mejora. El número de personas atendidas (más de un millón) se incrementó un 10,4% el año pasado, con casi 100.000 más que en diciembre del año anterior. También han crecido los servicios entregados (13,7%) en mayor medida que las prestaciones económicas por cuidados familiares (han incrementado un 5,5%), algo que la asociación considera “determinante” para el incremento del empleo neto creado por el sistema (unos 29.000 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 247.000 puestos de trabajo) y los retornos económicos.

Pero, si bien durante 2018 la lista de espera se redujo en 60.000 personas, la asociación sostiene que se debe, sobre todo, a los dependientes menos graves. “Quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen su lista de espera, lo que evidencia que las comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista con menores costes para el sistema, los dependientes moderados, con servicios de bajo coste”, se apunta en el dictamen. “La prueba es que desde 2009 el coste por dependiente se ha reducido un 20,8%, al pasar de los 7.687 euros anuales de entonces a los 6.087 actuales”.

El año pasado, el Gobierno aportó 1.330 millones (un ligero aumento respecto a 2017), el 20% de los 6.922 millones de gasto público en el sistema. Las comunidades aportaron el 80% restante. Pero la asociación estima que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2018 fue de 8.252 millones de euros: es decir, los usuarios aportaron un 20,6% en forma de copago. Según sus cálculos, el recorte acumulado desde 2012 en la financiación de las comunidades asciende ya a 3.154 millones de euros.

La asociación considera que la recuperación que parece consolidarse en 2018 se debe al empuje de las comunidades y de los copagos familiares y reclama un esfuerzo al Gobierno. Según sus estimaciones, la partida de 415 millones de euros prevista en los Presupuestos para el llamado nivel mínimode financiación permitiría atender a casi 70.000 personas más y se generarían más de 15.000 nuevos empleos directos. Por lo que la asociación solicita al Ejecutivo que recoja esta subida de financiación a través de un real decreto, “dada la urgencia de los dependientes en lista de espera y de sus familias”, tal y como reclamaron el pasado diciembre los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción del PP.

"El problema es que todos los recortes de 2012 siguen vigentes salvo la pírrica subida del PP el año pasado. Si no impulsan el decreto ley, probablemente el avance de sus dos últimos años se frenará", ha lamentado Luis Barriga, coordinador de estudios de la asociación. "Si algún partido lo vetase, estaría condenando a los dependientes", ha añadido José Manuel Ramírez, presidente de esta organización, quien también ha reclamado que se recupere la cotización de la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales, algo que previsiblemente se aprobará mañana viernes en Consejo de Ministros.