La partida en dependencia subirá un 59% hasta alcanzar los 2.232 millones

La partida presupuestaria que más aumenta en los Presupuestos que ha presentado este viernes el Gobierno es la destinada al sistema de la dependencia. La suma, 2.232 millones de euros, supone un incremento del 59,3% respecto a las anteriores Cuentas, es decir, 831 millones más. De ellos, 315 serán para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales —el Ejecutivo del PP dejó de asumir el pago de esta cantidad durante la crisis—, y el Ejecutivo estima que unas 180.000 personas se verán beneficiadas, la mayoría, mujeres. Otros 515 serán para la financiación del sistema. Ambas cantidades ya quedaron recogidas en el acuerdo alcanzado con Unidos Podemos el pasado octubre. 

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"La partida para esta política experimenta un crecimiento del 59,3%. Quizás lo importante no es la cifra en sí misma, sino que ese aumento significa la mejora en la atención a miles de personas. Se contribuye a mejorar la financiación de las comunidades, muchas han contribuido a pulmón a sostener el sistema. Va a permitir mejorar las prestaciones", ha explicado este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La inyección de 515 millones para la financiación del sistema supone un incremento del 40% respecto a los Presupuestos anteriores. 

La novedad es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha cambiado la distribución de esta partida respecto a lo planteado en el acuerdo con Unidos Podemos, de tal forma que una mayor cantidad será verdaderamente finalista. De esos 515 millones, 415 irán al llamado nivel mínimo garantizado (frente a los 132 que se recogían en el pacto del pasado octubre), una cifra que se reparte de manera equitativa a las comunidades autónomas, a medida que se adjudica el servicio o la prestación a cada dependiente, en función de su gravedad.

Las cantidades asociadas a cada grado experimentarán, por tanto, un "incremento significativo", según el texto que ha presentado este lunes el Gobierno. El documento especifica además que esta subida "tiene por objeto, por un lado, atender al crecimiento de los beneficiarios y, por otro, consignar cantidades que posibiliten la financiación de una nueva prestación de teleasistencia avanzada, a incorporar al catálogo de prestaciones de la ley".

Otros 100 millones irán a parar al denominado nivel acordado (frente a los 383 recogidos en el acuerdo con Podemos). Esta partida, que las comunidades no tienen que destinar obligatoriamente a los dependientes —pueden utilizarla para afrontar los gastos de personal, por ejemplo, o de material—, fue suprimida con los recortes del PP durante la crisis. 

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en dependencia, criticó el pasado octubre que la mayor parte del incremento presupuestario planteado en el acuerdo con Podemos se destinara al nivel acordado y solicitó que el dinero fuera a parar íntegramente al nivel mínimo de financiación. José Manuel Ramírez, su portavoz, ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de incrementar la dotación presupuestaria para poder atender a los casi 100.000 dependientes que están en lista de espera pese a que su situación es grave o severa. La asociación calcula que, con el incremento presupuestario recogido en las Cuentas Públicas, podrá atenderse a 80.000 de esos 100.000. También estiman que podrían crearse 18.500 empleos en todo el territorio.

En España, más de 1,2 millones de personas tenían a final de noviembre algún grado de dependencia reconocido. De ellas, unas 254.000 están en lista de espera para recibir la prestación o servicio al que tienen derecho. Pese a que el Ejecutivo y las comunidades autónomas están obligadas a cofinanciar el sistema de la dependencia, en 2017 los Gobiernos regionales aportaron 6.241 millones de euros, el 83,7% de la inversión pública certificada, frente a los 1.218 millones consignados por la Administración General del Estado, de los cuales quedaron sin gastar 44, según los datos remitidos por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social al Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes. Desde 2011, el Gobierno ha ido disminuyendo porcentualmente su aportación, pasando del 24,1% de entonces al 16,3% de 2017.

Contra la pobreza infantil

Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 también contemplan el inicio del desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, en particular, con el incremento de la prestación por hijo a cargo. Las familias en situación de pobreza severa, es decir, aquellas cuya renta sea inferior al 25% del umbral de la pobreza —para un hogar de dos adultos y un niño, inferiores a 6.479,99 euros—, verán duplicada esta cantidad, que se elevará de los 291 euros anuales que perciben actualmente hasta los 588. El Gobierno prevé que esta nueva prestación permita reducir la pobreza infantil severa en un 12%, sacando de esta situación a cerca de 82.000 menores.

En el resto de hogares con derecho a la prestación por hijo a cargo — con ingresos inferiores a 12.313 euros anuales para familias con un hijo; 18.532 para familias con tres hijos—, la prestación se incrementará de los 291 euros actuales hasta los 341 euros. Hasta ahora, no se distinguía entre tipos de pobreza a la hora de otorgar la prestación por hijo a cargo, todos los solicitantes obtenían 291 euros al año, menos de 25 euros al mes.

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha dotado con 25 millones de euros más su actuación para Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, alcanzando una dotación global para el próximo año de 125 millones de euros. Un 60% de ellos irán destinados a actuaciones para familias y pobreza infantil mediante tres tipos de proyectos: los dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad de las familias, cubriendo necesidades básicas; los de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos de inserción sociolaboral con hijos a cargo, y los servicios de intervención y apoyo familiar.