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El Gobierno propone pagar por cada dependiente lo mismo que planeó Rajoy

Un documento remitido a las comunidades autónomas incluye

un 5% de subida, idéntica a la prevista por el Ejecutivo del PP

Instalaciones del centro para personas dependientes en Castellón.
Instalaciones del centro para personas dependientes en Castellón.

El documento que el Gobierno ha enviado a las comunidades autónomas para que preparen la reunión que mantendrán esta semana propone el mismo dinero para los dependientes en 2019 que el Ejecutivo de Mariano Rajoy había planeado destinar antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder. Según el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la tabla remitida por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales solo se diferencia en dos céntimos respecto a la proyectada por el equipo anterior. Mientras que el PP planeaba dar 200,13 euros mensuales por cada gran dependiente (los casos más graves), el PSOE propone destinar 200,11. El resto de partidas, para dependientes severos y moderados, son exactamente iguales.

El documento enviado a las comunidades autónomas es un borrador de real decreto en cuyo anexo se establecen las cantidades que se asignarán a cada dependiente en función de su gravedad. Son las mismas que el Gobierno del PP pretendía aplicar el año que viene, con la única diferencia de los dos céntimos ya mencionados. El incremento estimado de este gasto es de alrededor del 5%, lo que supondría unos 70 millones de euros más que el año anterior.

El texto fue enviado a los responsables de las comunidades autónomas para que prepararan la Comisión Delegada del Consejo Territorial, prevista para este martes, donde se reúnen miembros del Ejecutivo y de los Gobiernos regionales. En el orden del día del encuentro consta que uno de los puntos que se abordarán es la financiación del llamado nivel mínimo de protección garantizado, es decir, los recursos que la Administración General del Estado remite a las comunidades para ayudas directas a los dependientes, que se reparten equitativamente entre los usuarios a medida que se otorga el servicio o la prestación.

El proyecto de real decreto, con fecha del pasado octubre, es casi igual al que planteó el pasado abril el Gobierno de Mariano Rajoy en una reunión informal de directores generales de la Dependencia. En el anexo de ambos documentos figuran las tablas propuestas para este nivel mínimo. Son prácticamente calcadas. Así, mientras el PP planteaba incrementar la partida para los dependientes más graves en 10 euros al mes (de los 190,13 actuales hasta 200,13), el PSOE propone un aumento de 9,98 euros (de 190,13 a 200,11). La subida para dependientes severos (de 84,49 a 90,15) y para moderados (de 47,38 a 49,18) es la misma.

Este incremento para el nivel mínimo, unos 70 millones de euros, está lejos de la subida de 132 millones para esta partida que se incluía en el pacto de Presupuestos Generales del Estado alcanzado entre el PSOE y Podemos. El nivel mínimo es el verdaderamente finalista, dado que se destina directamente a los usuarios. Pero el acuerdo contemplaba, además, recuperar otra vía de financiación, el llamado nivel acordado, que fue suprimido durante la crisis, con los recortes del PP. Para este concepto estaban previstos 383 millones, que también se reparten entre las comunidades autónomas, pero que no tienen que llegar necesariamente a los dependientes, dado que también pueden ser destinados a otros recursos, como por ejemplo, el personal.

En España, más de 1,2 millones de personas tienen algún grado de dependencia reconocido. De ellas, unas 270.000 están en lista de espera para recibir la prestación a la que tienen derecho. Los expertos en el sector estiman que es posible que en 2019 mueran unas 30.000 sin haber percibido la ayuda que les corresponde.

En diciembre de 2016, cuando se cumplía el décimo aniversario de la Ley de Dependencia, todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, firmaron en el Congreso un pacto por el que se comprometían a recuperar los recortes en la materia desde 2012. El proyecto de real decreto que maneja el Gobierno está lejos de igualar la partida presupuestaria destinada al nivel mínimo por entonces, cuando había más niveles por cada grado de dependencia (durante los recortes, se redujeron a las tres categorías actuales). Antes de los recortes, la Administración General del Estado destinaba 266,57 euros al mes a los dependientes más graves, frente a los 200,11 planteados en el borrador enviado por el ministerio.

Pese a que el Ejecutivo y las comunidades autónomas están obligadas a cofinanciar el sistema de la dependencia, el año pasado los Gobiernos regionales aportaron 6.241 millones de euros, el 83,7% de la inversión pública certificada, frente a los 1.218 millones consignados por la Administración General del Estado, de los cuales quedaron sin gastar 44, según los datos remitidos por el Ministerio de Sanidad al Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. Desde 2011, el Gobierno ha ido disminuyendo porcentualmente su aportación, pasando del 24,1% de entonces al 16,3% de 2017.

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