El acuerdo de Podemos y el Gobierno prevé 515 millones para dependencia, un 40% más que en 2018

El acuerdo entre PSOE y Podemos inyecta 515 millones de euros para el sistema de Dependencia, un 40% más de lo que había. La urgencia es atender a los 110.000 dependientes que permanecen en lista de espera a pesar de que su situación es grave o severa. Pero, tal y como se ha hecho el reparto, puede que estos usuarios no se vean beneficiados del derecho que les corresponde. Solo 132 millones del total irán a una financiación verdaderamente finalista, si por ello se entiende la asistencia a estas personas. Ese dinero (el llamado nivel mínimo) se reparte de forma equitativa, a medida que se adjudica el servicio que corresponde a cada dependiente debido a su gravedad y se financia siguiendo ese criterio. Estos 110.000 beneficiarios en lista de espera que aún no reciben su ayuda son los más caros para el sistema, normalmente personas muy envejecidas que requieren una atención y asistencia prácticamente continuas y especializadas. Las residencias para estos casos son el servicio más costoso de todos los contemplados.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, expertos en esta materia, calcula que para atender a estos usuarios se necesitarían 715 millones de euros. Eso acabaría con la lista de espera de los más vulnerables en 2019, dicen. "La ventaja de este nivel de financiación", explica su portavoz, José Manuel Ramírez, "es que todos los beneficiaros reciben una financiación estatal equivalente en todas las comunidades".

El resto del dinero, los 383 millones, que se aportan para recuperar la segunda vía de financiación del sistema de dependencia, el llamado nivel acordado, que desapareció con los recortes del PP en tiempos de crisis, plantea, sin embargo más complicaciones. No podría decirse en puridad que sea finalista. Sí, va a parar al sistema de Dependencia, pero no necesariamente a las personas necesitadas. El nivel acordado es un dinero "que se puede utilizar para fines más burocráticos, es decir, para contratar trabajadores, material, logística. Podría también derivarse para la atención al dependiente, aunque eso dependerá de la voluntad de las comunidades". De esa forma podría servir para conceder miles de ayudas (quizá de las más baratas) y bajar la lista de espera teniendo aún a las personas más necesitadas sin la ayuda que les correspondería.

"Lo bueno sería que el total del dinero fuera a parar al nivel mínimo, es más equitativo. El reparto del nivel acordado, además, atiende a muchos criterios que tendrán que ser negociados comunidad a comunidad, con el previsible retraso de las ayudas", explica Ramírez. Y añade: "Además eso implicaría el cambio de la propia ley de dependencia, derogando la disposición transitoria primera, porque el nivel acordado expiraba en 2015, por tanto, para meter esos 383 millones habría que modificar la ley".

Otro problema que acarrea este nivel de financiación es que quedan fuera de él Navarra y País Vasco, lo que podría retraerles a la hora de apoyar el presupuesto, dado que el grueso del dinero está ahí.