El pacto del Gobierno y Podemos incluye subir el salario mínimo a 900 euros en 2019

El giro político radical de la política española desde la moción de censura quedó rematado esta mañana con un acuerdo clave para los Presupuestos de 2019 que consolida la legislatura y aleja, al menos de momento, el fantasma de las elecciones anticipadas. En solo cuatro meses, y sin que medien unas elecciones, España ha pasado del dominio del centroderecha de PP y Ciudadanos al control del centroizquierda del PSOE y Podemos. Estos dos partidos, eje del nuevo poder que podría extenderse en las próximas elecciones autonómicas y municipales, consolida esa especie de cogobierno con este acuerdo, el más importante alcanzado desde de la moción de censura del 1 de junio. Son 50 páginas en las que se incluyen reformas importantes como la subida del salario mínimo interprofesional de los actuales 736 euros (en 14 pagas) a 900 en 2019 y muchos otros compromisos que implican un importante aumento del gasto.

Es la mayor subida del salario mínimo de la historia, un 21%. Aún no está claro cuando entrará en vigor -no se prevé que los Presupuestos estén aprobados antes de febrero de 2019 y el Gobierno no se compromete a subir el salario a 900 euros a final de año pase lo que pase- pero sí es evidente que su impacto será muy fuerte. La patronal salió inmediatamente a criticar esta subida: la CEOE señaló en un comunicado que la medida "cuestiona el diálogo social" y tendrá "efectos negativos" en la negociación colectiva y en la economía.

En la oposición señalan que no salen las cuentas y habrá más déficit. Pero el Gobierno lo niega. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que los nuevos ingresos por subidas de impuestos y crecimiento económico compensan con creces al aumento de gasto. Según sus cálculos, que no se detallan en el documento oficial, los ingresos extra derivados de la reforma fiscal serán de 5.678 millones. Mientras, el gasto de todas las medidas sociales pactadas con Unidos Podemos en las cuentas del año que viene sería de 2.082 millones. Pero eso son solo los gastos de Presupuestos, los de Seguridad Social, esto es sobre todo las pensiones, se cuentan aparte. Las medidas cuantificadas en pacto suman un gasto de al menos 5.100 millones de euros. "Con este pacto se posibilitan unas cuentas públicas valientes con las que se revierten recortes y se protege a los más vulnerables", ha afirmado Montero.

Este giro expansivo hacia políticas progresistas se compensa en parte con algunas subidas de impuestos, sobre todo en Sociedades, pero podría suponer un aumento del déficit y por tanto estará sujeto a la autorización de Bruselas. La responsable de Hacienda ha insistido en que el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria "es inequívoco". Resuelta con más gasto la negociación con Podemos, ahora empieza otra más difícil, que es la que hay que hacer con la Comisión Europea.

Con este pacto, Sánchez podrá entregar las líneas maestras a Bruselas el lunes 15 de octubre y tratará de presentar las cuentas en el Congreso a finales de noviembre. Sin embargo, por el bloqueo del PP, no podrá aprovechar el margen extra de 6.000 millones que había negociado con Bruselas, y tendrá que ajustarse a la senda de déficit del PP. La ministra explicó que en lo que afecta a Presupuestos solo hay un margen de 1.200 millones en discusión, el resto es para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Unidos Podemos ha hecho una estimación particular que eleva los ingresos hasta los 7.000 millones y los gastos en 4.500 millones. Su cálculo incluye la ley de prespuestos y los acuerdos que una vez se cierren se tramitarán de manera independiente, como el impuesto del 3% a las empresas digitales.

Todo fue muy medido en los últimos días. El miércoles hubo negociaciones hasta la madrugada y una larga reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Y esta mañana, a primera hora, el líder de Podemos ya estaba en La Moncloa para trasladar la imagen, con una escenografía muy cuidada, de la firma del acuerdo con el presidente y el apretón de manos de rigor. El mensaje que recibirán los ciudadanos es muy claro: hay un giro político completo que deja atrás los desencuentros que impidieron el Gobierno del centro izquierda en 2016 y convierte a Sánchez e Iglesias en los dos grandes protagonistas del nuevo poder. Los dos parecen interesados en este reencuentro. Con ello se despejan también, al menos de momento, los rumores de adelanto electoral.

"Esto no es un pacto de legislatura", aclaran desde Unidos Podemos. "Estamos apoyando la ley de presupuestos no significa que vayamos a apoyar al Gobierno en el resto de medidas". La formación que lidera Iglesias se muestra optimista con el acuerdo después de que el lunes el equipo negociador del Ejecutivo se mostrara, aseguran, inmovilista. Aun así, recuerdan que no es la hoja de ruta de presupuestos que el grupo confederal usaría si estuviera en Moncloa.

Sin embargo, al PSOE no le basta con Unidos Podemos. Juntos suman, en el mejor de los casos —con Compromís y los canarios— 156 diputados. El PNV está prácticamente cerrado, serían 161. Pero necesita superar los 166 que suman PP y Ciudadanos. La aprobación de los Presupuestos no está pues ni mucho menos garantizada, pero el PSOE y Podemos han dado un importante salto político para lanzar la idea de que no es Sánchez el único que quiere agotar la legislatura, también su socio principal le acompaña en esa tarea. Sellado el pacto con Podemos y sus confluencias, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha hecho un llamamiento a los partidos nacionalistas para sacar adelante los Presupuestos. "Este acuerdo es el principio del trabajo, ya estamos juntos la segunda y tercera fuerza y hay que ir sumando", ha expresado. Montero, que ha acusado a PP y Ciudadanos de "miopía" por no respaldar las cuentas públicas de 2019, también ha solicitado de ERC y del PDeCAT a los Presupuestos, incidiendo en que Cataluña recibiría "más de 2.200 millones de euros" si se aprueba el acuerdo con Unidos Podemos.

El documento firmado por Sánchez e Iglesias se concentra sobre todo en importantes aumentos del gasto social. Entre las medidas consensuadas se incluye, por ejemplo, un aumento de presupuesto del plan estatal de vivienda, más protección a los inquilinos y regulación por ayuntamientos de precios del alquiler en zonas tensionadas. También hay nuevos ingresos, como una subida del impuesto de patrimonio del 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros.

La vivienda, el aumento del salario mínimo y la ley de dependencia fueron los tres últimos escollos de una negociación que ha durado más de un mes. El salario mínimo está ahora mismo en 735 euros, si se calcula en 14 pagas (como suele recibirse). Finalmente, se acordó subirlo a 900 en 2019, también en 14 pagas, según se indica en el documento de acuerdo, y tratar de llegar a 1.000 en 2020. La subida no está condicionada a ningún crecimiento económico, no figura ninguna condición en el documento firmado. El impacto presupuestario de la mejora del salario mínimo será de 340 millones de euros, según el texto.

El salario mínimo en España ha experimentado subidas significativas en los dos últimos años, con el Gobierno del PP. De hecho, en 2017, previo pacto entre del Gobierno de Rajoy con el PSOE para sacar adelante el techo de gasto, el incremento fue del 8%, el mayor de una sola vez desde 1986. Este año el incremento, pactado por el anterior Ejecutivo con los agentes sociales, fue del 4% y suponen 10.302,6 euros al año. Desde las posiciones que suelen reclamar prudencia a la hora de subir el Salario Mínimo Interprofesional, se apunta que el escaso efecto que han tenido las subidas precedentes se debe a que partía de un umbral bajo (entre 2012 y 2016 subió muy poco, de 641 euros a 655) y que eran muy pocos los trabajadores y empresas afectados por la subida.

El documento parte de la base de que “después de siete años de recortes y asfixia de los Gobiernos del PP (…) la mayoría de los ciudadanos de este país se han empobrecido mientras se privilegiaba a una minoría, con medidas que iban destinadas a erosionar el Estado del bienestar”. El PSOE y Unidos Podemos coinciden en que “todos los esfuerzos y ajustes recayeron en las clases medias y trabajadoras” y en que “con la excusa de la crisis se desplegó una austeridad a ultranza, centrada en exclusiva en la reducción del gasto público”. En esta línea, una de las novedades del acuerdo suscrito es la recuperación en los Presupuestos de 2019 del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años, volviendo a fijar en dicha edad el acceso al subsidio. Su coste sería de 323 millones.

Reforma laboral. Entre los compromisos adquiridos se encuentra la derogación “antes de finalizar 2018”, de los aspectos “más lesivos de la reforma laboral de 2012, particularmente en materia de negociación colectiva. La intención de Sánchez e Iglesias es aprobar “con carácter prioritario y urgente” una nueva regulación laboral que incluya elementos como la ampliación del régimen de no caducidad del convenio colectivo, más allá de las previsiones contenidas en el mismo, a la finalización de su vigencia.

También se aboga por “reducir la dualidad” entre trabajadores indefinidos y temporales y “la inestabilidad y la rotación laboral”, con medidas como desvincular el contrato de obra o servicio determinado de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas. Asimismo, se pretende reforzar la “obligación de constancia expresa” del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

Gobierno y Unidos Podemos se comprometen a tratar de concluir "con la mayor urgencia posible" la tramitación parlamentaria de proposiciones de ley para modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores con el fin de "garantizar la igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados". Lo mismo ocurriría con el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, en este caso para incluir la obligación de registrar diariamente el horario concreto de entrada y salida respecto de cada trabajador.

Permisos de paternidad y maternidad. El Gobierno y Unidos Podemos han acordado un calendario para equiparar los permisos de padres y madres y que sean iguales, intransferibles y se remuneren al 100%. En 2019, los permisos de paternidad subirán a ocho semanas, en 2020 a 12 y en 2021 a 16 completando así la equiparación con la baja de maternidad.

“Esta medida, que se incorporará a los correspondientes convenios colectivos, se realizará en diálogo con las comunidades autónomas y las entidades locales”, recoge el texto acordado entre ambas formaciones. Además, se convocará una mesa de diálogo social para establecer una estrategia que complemente este calendario. El impacto presupuestario está calculado en 300 millones.

Regulación de las viviendas de alquiler. El Gobierno cede ante una de las grandes demandas de Unidos Podemos: los ayuntamientos podrán regular "temporal y excepcionalmente" los precios del alquiler en aquellas zonas urbanas "tensionadas" cuando se haya producido un "incremento abusivo" de las rentas de alquiler de vivienda habitual "que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable". El precio del alquiler se ha incrementado en los últimos cinco años un 47% en Barcelona y del 38% en Madrid, las dos ciudades principales que Podemos y sus aliados gobiernan.

La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos ampliará los contratos de alquiler de propietarios de las personas físicas de los tres años actuales a cinco años. En el caso de las personas jurídicas serán de siete, frente a los tres vigentes.

Dependencia. Su presupuesto aumenta en 515 millones de euros, un 40% más, respecto a los Presupuestos de este ejercicio. La urgencia es atender a los 110.000 dependientes que permanecen en lista de espera a pesar de que su situación es grave o severa. Pero tal y como se ha hecho el reparto puede que estos usuarios no se vean beneficiados del derecho que les corresponde. Solo 132 millones del total irán a una financiación verdaderamente finalista, si por ello se entiende la asistencia a estas personas.

El gasto total en dependencia fue de 7.459 millones en 2017. De ellos, 6.241 los tuvieron que asumir las comunidades autónomas (84%) y solo 1.218 millones el Gobierno (16%) pese a que tendría que costearse a partes iguales.

Autónomos. Se acuerda reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los tres millones de trabajadores autónomos “para vincularlo a los ingresos reales”, de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja.

Para combatir la proliferación de falsos autónomos, antes de finalizar 2018, se adoptarán medidas como determinar en la ley la presunción de que, salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena las prestaciones de servicios en las que los ingresos obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras procedan de un único cliente o empleador.

Por último, se evaluará en el plazo de cuatro meses el actual régimen especial del criterio de caja en el IVA y se procederá, en su caso, a su revisión “para, dentro de los límites de la directiva armonizada, hacerlo atractivo para autónomos y pequeñas empresas y conseguir que sea un sistema efectivo de diferimiento del ingreso del IVA hasta el cobro de sus facturas”.

Pobreza infantil y ayudas a familias. Se destinan 180 millones al aumento progresivo de la prestación por hijo a cargo, “comenzando en los umbrales de pobreza severa que incluyen a las personas más necesitadas”. En 2019 se incrementará la prestación actual de 291 euros al año hasta llegar a 473 euros anuales por hijo a cargo. Gobierno y Unidos Podemos entienden que permitiría una reducción de la pobreza infantil severa del 14,7%, “lo que equivale a reducir el número de niños y niñas en pobreza severa en 99.500, un 16% del total”. Las ayudas para comedor a los menores de familias en situación de precariedad o riesgo de exclusión contarán con una aportación presupuestaria de 25 millones de euros.

También se avanza hacia la universalización de la escuela entre los 0-3 años. En una primera fase se facilitará a los ayuntamientos que puedan destinar parte de su superávit a las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas Administraciones, lo que supone un impacto de 300 millones de euros. Esta medida servirá de soporte inicial para la elaboración del plan de universalización que se diseñará a lo largo de 2019, conjuntamente con las comunidades autónomas —tienen competencia en esta materia — de forma que se incorpore al ciclo educativo la etapa hasta los 3 años.

Más presupuesto para I+D+I. Las cuantías para Ciencia e I+D+i en 2019 se incrementarán en un 6,7%, íntegramente en el ámbito civil. Este aumento se calcula en un impacto presupuestario de 273 millones de euros. Las convocatorias de proyecto aumentan en 85 millones más, respecto a los 393,7 de 2018. Se suman 300 becas predoctorales y se convocarán de nuevo otros 300 contratos posdoctorales, incrementando los contratos de investigadores de forma progresiva y en etapas imprescindibles para el sistema de ciencia. Para evitar una mayor fuga de cerebros y recuperar a los investigadores que se fueron se invertirán 39 millones de euros.

Juegos de azar y apuestas en línea. Para tratar de controlar lo que ambos equipos consideran “la proliferación de modalidades de juego online que están utilizando fórmulas de publicidad muy agresivas vinculadas a la imagen de personas famosas, habitualmente deportistas de éxito, o a bonos de acceso gratuitos”, el acuerdo contempla aprobar una regulación de la publicidad de este sector similar a la de los productos de tabaco. El objetivo es evitar “graves problemas de adicción y ludopatía”.

El proyecto incluye medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos para generar “prácticas de consumo saludable y prevenir, anticiparse y, en su caso, identificar la generación de patrones de juego problemático, mejorando la protección del consumidor”. Además, un porcentaje de la tasa de la gestión administrativa del juego que pagan los operadores online se destinará a iniciativas preventivas y de sensibilización.