Los testimonios de dos etarras convertidos en testigos protegidos de la justicia: “Estoy en deuda con la democracia”

Apenas diez minutos antes de que el reloj marcase las 12.00 del pasado 23 de abril, una cita muy particular daba comienzo en la Audiencia Nacional. El magistrado Manuel García-Castellón, que ha dirigido el Juzgado Central de Instrucción 6 hasta su jubilación este septiembre, iniciaba el interrogatorio a un antiguo etarra que quería colaborar con la justicia. Solo un día antes, otro exterrorista de la banda se sentaba ante el juez para lo mismo. Son los dos únicos exmiembros de ETA conocidos a los que se les ha concedido recientemente la condición de testigos protegidos, y sus testimonios ya han permitido avanzar en varias causas contra los exjefes del extinto grupo armado. “Creo que es mi deber. Creo que debo hacerlo. Estoy en deuda con la democracia”, dijo uno de ellos al fiscal, según las actas que recogen el contenido de aquellos encuentros, a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

—¿Cuándo surgió su deber de cooperar con la Administración de Justicia? —le preguntó el ministerio público a uno de estos dos exetarras, que militó en un comando legal (de miembros no fichados y que atentan mientras aparentan seguir con su vida habitual) desde 1993 hasta que fue detenido en 2001.

—Bueno, no estoy seguro cuándo ocurre ni de qué manera ocurre, pero sé que hay un momento en el que creo que debo hacerlo —respondió el exterrorista.

A la misma pregunta se enfrentó su antiguo compañero de armas, que pasó por la cárcel y formó parte de la banda “en los 80”: “No quiero poner la fecha por si acaso, por no dar pistas”.

—¿El motivo de venir ahora a declarar a la Audiencia Nacional? —le inquirió el fiscal.

—Ha sido una evolución que he tenido, me he dado cuenta el daño que he hecho y quiero colaborar con la justicia y con la Guardia Civil —respondió él.

—¿Quiere ayudar en lo que pueda a esclarecer los atentados de ETA?

—Sí, en lo que pueda, en lo que sé y conozco.

Los testimonios de los dos etarras —cuya identidad se mantiene bajo secreto— han adquirido importancia en varias causas. Sus respuestas ante García-Castellón se produjeron dentro del sumario reabierto por el atentado contra Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP de Ermua (Bizkaia) secuestrado y asesinado en julio de 1997, por el que se procesó este mismo abril de 2024 a cuatro exjefes de la banda (José Javier Arizcuren, alias Kantauri; Mikel Albisu, Mikel Antza; María Soledad Iparraguirre, Anboto; e Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería). Antes, en 2023, los arrepentidos ya habían declarado ante el juez Alejandro Abascal, en las pesquisas que siguen vivas por el crimen de Gregorio Ordóñez, edil popular de San Sebastián (Gipuzkoa), a quien un comando de ETA mató de un disparo en la nuca en 1995. Y, paralelamente, sus palabras se han incorporado a las indagaciones sobre el asesinato del empresario Francisco Arratibel en 1997, permitiendo procesar también por este crimen a Kantauri, Antza, Anboto e Iñaki de Rentería.

Precisamente, la Audiencia Nacional prevé celebrar este lunes dos vistas para estudiar los recursos de tres de ellos (Antza, Anboto y Rentería) por su procesamiento por el atentado de Miguel Ángel Blanco. En un comunicado, la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ya agradeció “sin paliativos” la ayuda de los dos etarras convertidos en testigos protegidos, así como “su disposición a reducir el daño y a resolver judicialmente casos hasta ahora no esclarecidos”.

Más de 200 respuestas

Cuando acudieron el pasado abril a la Audiencia Nacional, los dos exetarras arrepentidos respondieron a más de 200 preguntas del juez García-Castellón y de la Fiscalía. A lo largo de sus declaraciones, ofrecieron detalles del funcionamiento interno de los comandos de la banda; señalaron a dirigentes concretos de ETA por dar las órdenes para atentar; y especificaron quién y cómo se elegía a los objetivos. “Se tomaba todo lo español como enemigo del pueblo vasco”, llegó a resumir uno de ellos.

La dirección “decidía” el asesinato de los políticos. Los dos testigos protegidos incidieron en que ETA funcionaba con una estructura muy “jerarquizada”, donde los comandos solo tenían vía libre para atentar contra miembros de la “Policía, Guardia Civil y del Ejército”, pero que debían recibir órdenes precisas de la cúpula para atacar a otros “objetivos” concretos, como políticos, fiscales o jueces. En estos casos, la dirección “planificaba todo” y daba las instrucciones a través de un sistema de “buzones”: “Siempre ellos [el comité ejecutivo] decidían contra estos objetivos”. “El comité ejecutivo ha trabajado siempre igual”.

Los jefes señalados. A lo largo de sus declaraciones, los dos testigos protegidos apuntaron a una docena de exjefes de ETA. A varios los señalaron sin paliativos. Entre ellos, por ejemplo, a los ya mencionados Anboto y Antza; y a Javier García Gaztelu, Txapote; Ainhoa Mugica, Olga; y Juan Antonio Olarra, Jokin: “Eran ellos los que daban la autorización para atentar. Al menos esa era la impresión que daba cuando hablaba con ellos”.

Ternera “mandaba en todo”. También salió el nombre de José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, que se encuentra actualmente en Francia reclamado por España. “¿Durante su periodo dentro de la organización terrorista ETA, puede explicarnos quién era Josu Ternera y cuál era su función y responsabilidad dentro de la misma?”, se le preguntó a uno de los dos arrepentidos. “Ternera era el responsable del aparato político, y su función era mandar en todo. Era el número uno, el que mandaba todo. Esto es sobre los años 80 [...] Detrás de [Domingo] Iturbe, [Txomin, muerto en 1987], era el siguiente que organizaba todo. El que más fuerza tenía”.

Otegi y el atentado de Miguel Ángel Blanco. Al tratarse de un político, los dos arrepentidos subrayaron que ningún comando pudo secuestrar y asesinar al concejal de Ermua por su cuenta. “¿Sabe quién dio la orden?”, les preguntó el magistrado García-Castellón. “No, pero seguro que fue el comité ejecutivo de ese momento. No lo creo, sé que seguro fue el comité ejecutivo”, destacó uno de los exetarras. “Al tratarse de un político, la decisión se tomaría por el aparato político [...] La responsabilidad fue compartida y emanó desde la dirección de ETA”, respondió el otro testigo protegido.

“Si me hubieran dado la orden, [yo] lo tendría que haber hecho”, admitió uno de ellos. ¿Si el comité ejecutivo de ETA hubiese querido se hubiera evitado el asesinato de Miguel Ángel Blanco? “Sí, con seguridad”. “El comando no podría haber llevado a cabo el asesinato [tras el secuestro] si no hubiera recibido las órdenes del comité ejecutivo, puesto que había impuestas unas condiciones, que el comando no tenía por qué saber si se habían cumplido o no [...] Finalmente lo asesinaron, y eso contó con la aprobación de la dirección de ETA seguro”.

El juez preguntó por la supuesta implicación de Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, y otros miembros de la antigua Herri Batasuna. “¿Tiene conocimiento usted que Herri Batasuna era conocedora del secuestro de Miguel Ángel Blanco?”, planteó el magistrado de la Audiencia Nacional a uno de los exetarras. “No lo sé”, respondió este. “Durante la instrucción de la causa, una testigo protegida afirmó que Otegi tenía conocimiento del secuestro de Miguel Ángel Blanco. ¿Cree que Otegi pudo evitar el asesinato?”, prosiguió García-Castellón. “No, yo creo que no”, afirmó el arrepentido.

“Seguro” que la cúpula ordenó secuestrar a Ortega Lara. En la misma línea, los dos arrepentidos se refirieron al secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, liberado por la Guardia Civil en julio de 1997 tras más de 530 días de cautiverio en manos de la banda terrorista. ¿Fue la cúpula de ETA quien ordenó el secuestro y alargar su cautiverio para conseguir sus objetivos? “Estoy completamente seguro de que sí.”. ¿De quién dependía la orden de acabar con dicho cautiverio? ¿Quién tenía la capacidad para liberarlo? “La capacidad de acabar con ese cautiverio solo podía venir de la dirección”.

“Orden clara” para asesinar a Gregorio Ordóñez. En el caso del asesinato de Gregorio Ordoñez, tuvo que haber una “orden clara” por parte de la cúpula de la organización, añadió uno de los dos exetarras: “El comando no podría haberlo hecho de ninguna de las maneras sin autorización del comité ejecutivo”.

Casas cuarteles, cuantas más víctimas, “mejor”. Los arrepentidos destacaron la importancia que tenía atentar contra casas cuarteles de la Guardia Civil. “Era prioritario. Cuanta más gente vivía, mejor”. El juez y el fiscal preguntaron por dos en concreto. El que sufrió el recinto del instituto armado en Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002 y que costó la vida a dos personas, una de ellas una niña de seis años; y el de Zaragoza, de diciembre de 1987, en el que murieron 11 personas, seis de ellos menores de edad. Por este segundo está procesado precisamente Josu Ternera. “¿Este atentado pudo haber sido realizado por un comando o previamente tuvo que haberse pedido autorización a la organización?”, preguntó el fiscal a uno de los etarras. “No, [para atentar] a las casas cuarteles los comandos tenían autonomía”, aseguró el exetarra sin dar nombres concretos.