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La equiparación de permisos por tener hijos supondría casi 1.300 millones

La medida fue anunciada por Pedro Sánchez y forma parte de las negociaciones presupuestarias con Unidos Podemos

Iglesias acude al consejo ciudadano de Podemos.Vídeo: Uly Martín / atlas

El Gobierno ya ha hecho los números de lo que cuesta equiparar los permisos de maternidad y paternidad: aumentar la prestación de los hombres de las cinco semanas actuales a las 16 que disfrutan las mujeres supone 1.266 millones más, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Este es uno de los elementos sobre la mesa en la negociación presupuestaria. Ante el optimismo del Gobierno, Podemos volvió a mostrar su preocupación por ver las conversaciones estancadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el domingo que los Presupuestos tendrían un guiño importante a la conciliación familiar: avanzarían en la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y se universalizaría la educación de cero a tres años con cargo a fondos públicos. Sobre lo que cuesta la primera medida, elevar el permiso de los padres de cinco semanas a 16, el Ejecutivo calcula que costaría unos 1.266 millones más, a razón de 105,5 millones por semana. Esta cantidad habría que sumarla a lo que ya gasta la Seguridad Social por este concepto: según los números de 2017, 1.520 millones por la prestación de maternidad y 399 millones por la de paternidad (aunque el año pasado el permiso era de cuatro semanas).

El gasto público puede aumentar si se tiene en cuenta que cuando alguien se toma el permiso por tener un hijo, el empresario puede contratar a un sustituto y sus cotizaciones están bonificadas. No obstante, esta cantidad no está incluida en el cálculo inicial de Trabajo. Al desembolso de dinero público, habría que añadir los 300 millones en cotizaciones empresariales. Cuando alguien coge el permiso por tener un hijo, el empleador sigue pagando las cuotas que le corresponden.

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El líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablaron el martes para tratar de agilizar el tramo final de la negociación, como confirmó el primero: “Estamos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo”. Unas horas antes, Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, aseguró que la negociación iba “muy bien” y se atrevió a anunciar que durante la jornada se conocerían más detalles. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue más cauta en el Senado y explicó que, aunque también era optimista, prefería no adelantar ningún detalle ni plazo.

Unidos Podemos reclama permisos iguales, intransferibles y remunerados al 100%. “Una subida progresiva del de paternidad no garantiza que vayan a ser iguales sino a que se irán equiparando, dejando siempre la posibilidad de que el de maternidad se aumente”, responden al Gobierno en el texto que la formación le envió este martes al equipo negociador que lidera Montero. “Además del aumento de semanas del de paternidad (con carácter básico) es fundamental un compromiso con la tramitación de la Ley, para que esta igualdad se blinde como derecho laboral que no discrime por género o por el modelo de familia (en progenitores del mismo sexo)”. Iglesias negó en el Congreso que hayan alcanzado un acuerdo.

Extremadamente minoritarios

La Seguridad Social no ofrece el dato de cuántos hombres tendrían derecho y renuncian a esa baja para evitar que les echen del trabajo o les penalicen. Los sindicatos tampoco los tienen contabilizados: “Cuando nos llega un caso, lo normal es que hablemos con la empresa y dé marcha atrás. Es difícil conocer cuántas veces lo hacen y les sale bien, pero no tenemos percepción de que sea un problema generalizado”, explicó Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas de CC OO en una entrevista en EL PAÍS.

Sí se sabe que son extremadamente minoritarios (menos del 2%, según datos de la Seguridad Social de 2018) los que optan por tomarse alguna de las semanas que son transferibles. Y apenas el 7% quienes asumen una reducción de jornada para cuidar a sus hijos, según datos del Instituto de la Mujer de 2016.

En esta propuesta está la clave de un gran cambio social y cultural, o de varios. Por un lado, que se deje de entender que los hijos son principalmente de las madres y que a ellas no les penalice en su carrera profesional. Por el otro, que los hombres conquisten para ellos el terreno de los cuidados como las mujeres han conquistado un mercado laboral que aún las sigue discriminando. El proyecto de presupuestos de Unidos Podemos pretende recaudar al menos 10.500 millones de euros a través de distintos impuestos.

Optimismo y contención

Ante el aparente entusiasmo del Gobierno, el líder de Podemos advirtió que “no entenderán ninguna negativa” a las respuestas que han remitido al Ejecutivo. “Son propuestas razonables”, opinó; “el Gobierno tiene que ceder”. El documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, reduce las exigencias que el proyecto inicial de 50 páginas y 17 puntos de Unidos Podemos planteaba. Las demandas más importantes se mantienen en el paquete de vivienda, precariedad laboral y dependencia. “En los últimos días hemos visto cómo las negociaciones se estancaban y el Gobierno nos planteaba acordar textos de intenciones, sin concretar compromisos o plazos en muchos apartados”, se lee en el documento.

La principal queja del grupo confederal se refiere a lo que consideran falta de precisión e inversión en las partidas presupuestarias. “No es aceptable que se pretenda destinar 400 millones de euros a dependencia porque solo sacaría del limbo a 37.500 personas de las 300.000 que tienen la ayuda concedida y no la reciben”, puntualiza Unidos Podemos en su documento. “Tampoco es asumible que se planteen cantidades que después se fragmentan en varios ejercicios presupuestarios”. Unidos Podemos está especialmente preocupado porque el Gobierno plantee proyectos de ley y no recurra a otras fórmulas ante el bloqueo parlamentario que ejercen el PP y Ciudadanos en el Congreso. “En la práctica significa que son acuerdos que no podrán cumplirse”, resumen.

El partido mantiene su demanda de que se regule el precio del alquiler. “Son medidas que comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Valencia, están pidiendo”, argumentan. Reconocen que no es el único requisito para acabar con la especulación, pero consideran que servirá para evitar subidas abusivas. La formación le recuerda al Gobierno que el PSOE ha votado dos veces a favor de estas propuestas en esta legislatura con mayoría suficiente para ser aprobadas.

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