El Gobierno gastó el año pasado 350 millones de euros menos en dependencia que antes de los recortes
Las comunidades autónomas aportaron en 2017 el 83,7% del gasto, frente al 16,3% del Ejecutivo
El Gobierno gastó el año pasado 350 millones de euros menos en dependencia que en 2011, cuando no se habían aplicado todavía los recortes en el sector. En este tiempo, el gasto del Ejecutivo ha ido disminuyendo y el número de beneficiarios, aumentando. Hace siete años, el Gobierno destinó 1.568 millones para atender a las 740.000 personas que recibían una prestación, frente a los 1.218 millones de 2017 para los más de 950.000 beneficiarios. Es decir, el peso ha ido recayendo cada vez más en las comunidades autónomas, pese a que estas y el Ejecutivo están obligadas a cofinanciar el sistema. El año pasado, los Gobiernos regionales aportaron 6.241 millones de euros, el 83,7% de la inversión pública certificada, según los datos remitidos por el Ministerio de Sanidad al Observatorio Estatal para la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Desde 2011, el Gobierno ha ido disminuyendo porcentualmente su aportación, pasando del 24,1% de entonces al 16,3% de 2017.
“El año pasado, el Gobierno continuó en retirada respecto a la financiación”, critica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Esta organización carga en un comunicado contra la “incapacidad y la vergüenza” del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que en 2017 no ejecutó en su totalidad un “presupuesto recortado”. De los 1.218 millones consignados el año pasado, quedaron sin gastar 44.
El observatorio destaca “cambio de actitud del ministerio”, que ha facilitado “por primera vez la información completa de la financiación del sistema”. Este era uno de los cinco puntos acordados en el pacto de 2016. “Un avance democrático en transparencia e información que vale la pena reconocer”. Recalca, no obstante, la cantidad de tareas pendientes y critica el desigual reparto de los esfuerzos para hacer frente al crecimiento de gasto del sistema. La financiación del Gobierno fue mermando a partir de 2011 y no se han recuperado los niveles previos a los recortes. Son las comunidades y los usuarios los que han asumido este esfuerzo. En 2017, las autonomías aportaron 6.241 millones de euros, según el gasto certificado comunicado al Ministerio de Sanidad. En 2012 fueron 5.483 millones.
En su nota, la asociación critica el “sistemático y doloso incumplimiento de una ley, cuando 300.000 personas” se encuentran en lista de espera para recibir la prestación a la que tienen derecho. El observatorio estima que en 2017 un centenar de personas murieron cada día sin haber percibido su ayuda.
El observatorio estima que en 2017 un centenar de personas murieron cada día sin haber cobrado la ayuda a la que tenían derecho
Si bien la lista de espera disminuyó el año pasado en casi 39.000 personas (al pasar de los 348.509 de diciembre de 2016 a los 309.520 de finales de 2017), la asociación atribuye la mejora al “incremento de servicios de bajo coste” —como puede ser, por ejemplo, la teleasistencia—, dirigidos a dependientes moderados, con lo que se “abandona a los más graves, que requieren atención con mayor urgencia”, es decir, los dependientes severos y grandes dependientes. “Baja la lista de espera, pero se mantiene la de las personas más graves, que sigue inamovible en torno a 110.000”, detalla el presidente de la asociación. Esto explicaría que el gasto medio por dependiente también haya ido disminuyendo con los años. En 2015, el gasto era de 9.075 euros anuales. En 2016, de 8.437. En 2017 volvió a bajar hasta los 8.225 euros.
El impacto acumulado para el gasto público de los recortes de 2012 es de 4.600 millones de euros
Según esta asociación, los datos facilitados por el ministerio —y obtenidos a partir de fuentes oficiales certificadas por la intervención de cada comunidad autónoma— confirman el impacto acumulado en el gasto público de los recortes de 2012: hasta diciembre del año pasado ha sido de 4.600 millones de euros. Este es el motivo por el que solicitan al actual Gobierno que cumpla con el pacto por la dependencia, firmado en 2016 por todos los grupos políticos a excepción del PP, y que se recupere la inversión previa a los recortes, lo que requiere introducir en el sistema 470 millones de euros anuales, “que permitirían atender a 100.000 personas en el limbo de la dependencia y generar 30.000 puestos de trabajo directos”.
“En un primer momento pedimos revertir los recortes. Después, iniciar el camino para conseguir negociar dentro del consejo territorial y que la Administración General del Estado acabe aportando el 50% de la financiación, que es lo que establece la ley”, expone Ramírez. “Esto implicaría que el Gobierno doblase la inversión que realiza actualmente”.
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