El Gobierno deja sin gastar 44 millones en Dependencia pese a las listas de espera

El Gobierno pactó con Ciudadanos el año pasado un incremento de la partida de Dependencia por valor de 100 millones de euros en los Presupuestos de 2017. La formación naranja lo incluyó entre sus exigencias para apoyar las cuentas públicas. Sin embargo, según el Observatorio Estatal para la Dependencia, una entidad independiente nacida en el seno de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, este acuerdo presentaba un serio inconveniente: no se elevaba el gasto por dependiente atendido. ¿Y qué significa esto? La Dependencia se tiene que financiar a partes iguales por comunidades y Gobierno. Pero las autonomías ya ponen una cifra muy superior al Estado, casi al máximo de sus posibilidades. Mientras el Ejecutivo siga aportando muy poco por cada atendido, será muy difícil subir el gasto en Dependencia.

Los coeficientes por dependiente atendido se elevarán un poco en 2018. Pero llevaban congelados desde 2012, cuando se recortaron, en el caso de un dependiente con grado máximo desde los 266 euros al mes hasta los 177. Al contar solo con un ingreso muy exiguo por dependiente, las comunidades no pueden armar la estructura necesaria. Ya ponen el 82% del total gastado, según cifras de 2016. Lo que, por otra parte, significa que el Gobierno incumple el 50% al que le obliga la ley de Dependencia en su memoria económica, denuncian varias comunidades. Además, según explican, Hacienda ha suprimido desde 2012 otros 280 millones adicionales que proporcionaba el Estado central todos los años, y ha limitado en las sucesivas leyes presupuestarias la capacidad de las autonomías para aumentar su personal.

Todos esos impedimentos se traducen en que por más que se anuncien aumentos del gasto en los presupuestos, la cantidad realmente desembolsada no puede subir. Ni las comunidades tienen los medios, ni pueden aportar mucho más dinero del que ya ponen. En ocasiones, esta estructura incluso va en perjuicio de los más necesitados: con tal de reducir las listas y aparecer bien en la foto, algunas autonomías acaban concentrando más recursos en los casos leves a costa de dejar sin atención los más graves y, por tanto, más costosos. “No importa cuánto aumentas el tamaño del depósito si has limitado la cantidad que circula por el grifo”, comenta un experto.

Cuestión de 1.800 millones

En definitiva, la congelación de esos pagos por atendido ha provocado que el gasto no pueda subir todo lo que estaba previsto en Presupuestos: del aumento de 100 millones consignado, se han dejado sin gastar 44 millones, situando la partida en un total de 1.218 millones, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. “La crueldad estriba en la desatención de 310.000 personas en lista de espera, de los cuales 120.000 son grandes dependientes y dependientes severos, muchos en situaciones dramáticas”, sostiene José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Y si se compara con lo que realmente se desembolsó en 2016 y no simplemente con lo que se presupuestó, el resultado es aún peor: el gasto solo ha subido en 28 millones, es decir, un 2,4%, por debajo incluso de lo que creció el PIB. “Hemos elevado el número de atendidos, pero las cantidades recibidas apenas aumentan. Bastaría para arreglar el problema con que el Gobierno cumpliese con su mitad del gasto y pusiera unos 1.800 millones más”, señala un alto cargo autonómico.

“Ante estos datos esperamos una reacción de Ciudadanos y que requiera al Gobierno una corrección inmediata. Si no lo hace, será cómplice de la desidia del Gobierno con la Dependencia”, dice Ramírez. Según cálculos del Observatorio, con esos 44 millones se podría haber atendido unos 6.600 dependientes. Tres de cada cuatro son mayores de 65 años.