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El Gobierno volverá a cotizar por 180.000 cuidadoras de familiares dependientes

La ministra de Sanidad anuncia que eliminará el copago de medicamentos para pensionistas y promete un plan de prevención del suicidio

Carmen Montón, ministra de Sanidad, este jueves en el Congreso.

El Gobierno volverá a cotizar a la Seguridad Social en nombre de quienes cuidan de un familiar dependiente. Es parte de la política de la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, llegada hace poco más de un mes a la cartera, de revertir medidas del PP y, en sus palabras, "recuperar los derechos arrebatados" en la sanidad pública durante los últimos años. En este caso, pagar las cotizaciones de cuidadoras (el 90% son mujeres) le da la vuelta a los recortes en Dependencia de hace seis años.

Aquellos recortes, los del año 2012, marcaron un antes y un después para la Ley de Dependencia, implantada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Cuando, en julio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un decreto ley acabando con la obligación del Estado de pagar las cuotas de la Seguridad Social,  el número de este tipo de cuidadores cotizando se desplomó. En diciembre de 2011 eran más de 170.000. En noviembre de 2016 quedaban menos de 10.000.

La nueva medida, que Montón calcula que estará vigente para el ultimo trimestre de este año, afectará a 180.000 personas.

Montón insiste desde su llegada a la cartera de Sanidad en que la intención del Gobierno es "recuperar los derechos arrebatados y rescatar a quienes fueron expulsados del sistema". Para ello quiere replicar políticas que aplicó durante sus dos años de consejera en Valencia. La primera era devolverles a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la atención sanitaria pública, revocada con un decreto de 2012. La Comunidad Valenciana, igual que otras, revirtió estos recortes por sus medios, aunque la justicia ha tumbado varios de los intentos.  

Fin del copago para los pensionistas

La otra medida anunciada este jueves por Montón promete acabar con el copago de medicamentos de los pensionistas, algo que también hizo como consejera autonómica. Hasta abril de 2012, los jubilados —sin contar los funcionarios, cubiertos por Muface— no pagaban nada por los medicamentos que les recetaban, pero ese año Sanidad, liderada entonces por Ana Mato, decidió cambiar esta política, entre otras. Introdujo entonces cuatro franjas de pago: pagarían el 0% los que recibieran pensiones no contributivas o mínimas; el 10% (con un máximo de 8 euros al mes) los que tuvieran ingresos hasta 22.000 euros al año; el mismo porcentaje, con un límite de 18 euros al mes, si recibían entre 22.001 y 100.000 euros; el 20% hasta los 60 euros al mes para los ingresos de más de 100.000.

El copago cuesta 400 millones al año a los mayores, según el último Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles y tener que pagar ha hecho que un 7% de ellos dejara de tomar alguna de las medicaciones que les recetaban, según un estudio de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana.

Montón no ha dado fecha, señalando que depende de los Presupuestos Generales del Estado y del diálogo con las comunidades autónomas.

Montón también promete "potenciar" la compra centralizada de medicamentos y fomentar el uso de fármacos genéricos. Ha tenido palabras también para las pseudoterapias: "La homeopatía no cura", ha señalado en el Congreso, y ha asegurado que pedirá a Europa que deje de considerar estos productos como medicamentos.

Un plan contra el suicidio

El Gobierno planea también poner la salud mental en sus "prioridades políticas", con un plan para prevenir el suicidio. En 2016 se suicidaron 3.569 personas en España, 10 al día, el doble de muertes que provocan los accidentes de tráfico. La Comunidad Valenciana tiene un protocolo de prevención, y Montón insiste habitualmente en la importancia de "acabar con los tabús y el estigma" respecto a la salud mental.

Entre el resto de medidas anunciadas por Montón está una estrategia para apoyar a familias vulnerables y la aprobación de un proyecto de ley contra la violencia en la infancia.