La parálisis económica del Govern pone en jaque la atención a los ancianos

Las entidades que atienden a los ancianos se plantaron ayer contra el Govern. Después de varios años reclamando mejoras laborales y una inyección económica para aliviar la presión del sector, patronales y sindicatos que trabajan con gente mayor —muchos, grandes dependientes— se han conjurado para denunciar la falta de propuestas y soluciones por parte de la Generalitat. La parálisis económica del Ejecutivo, que acumula dos años de prórroga presupuestaria, impide echar a andar las peticiones urgentes que reclama el sector.

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Las entidades llevan tiempo denunciando una situación de “colapso”. Las listas de espera para una residencia se alargan varios años y el circuito de la Ley de Dependencia está saturado: uno de cada tres dependientes aún no ha recibido la prestación y, en ese limbo burocrático, 24.751 personas fallecieron en Cataluña desde 2011 aguardando ser valoradas con un grado de dependencia o esperando la ayuda asignada.

Pero a todo ello, advierten desde el sector, hay que sumar la falta de recursos para mejorar las condiciones laborales del personal. Las tarifas llevan 10 años congeladas y los sucesivos gobiernos no han incrementado los precios para hacer frente a las mejoras salariales vinculadas a los convenios colectivos, la actualización al alza del índice de precios al consumo (IPC) o el IVA. En 2017, la patronal de las residencias Acra ya lanzó la alerta por la situación financiera que viven sus centros: según sus cifras, mientras las tarifas públicas permanecían estancadas, los gastos de las residencias crecieron un 11%. Acra reclamó entonces 300 millones de euros pero, tres años después, no ha llegado ni un euro, protestan.

La gota colmó la paciencia de las entidades fue la última reunión con el consejero de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, la semana pasada. Patronales y sindicatos esperaban que, seis meses después de pactar con el Govern la creación de una hoja de ruta para mejorar la situación del sector, El Homrani se sentase con un paquete de medidas económicas para paliar las dificultades que viven las entidades. Sin embargo, según Cinta Pascual, presidenta de Acra, el consejero solo propuso una unificación progresiva de las tarifas para los dependientes de grado II y grado III —según el nivel de dificultades, a los dependientes se les agrupa en grado I (moderado), II (severo) y III (alto dependiente)—. Esto significa que, en tres años, el precio que cobra una residencia por atender a un dependiente de grado II (1.656 al mes) se igualaría a lo que cobra por un grado III (1.864).

Falta de profesionales

Esta medida, asegura Pascual, no era nueva. Estaba negociada y pactada con el Govern desde 2017 y, además, no soluciona la situación de las plantillas. “Dentro de poco no se encontrarán profesionales para trabajar en este sector. Están cobrando 985 euros de salario bruto. Tenemos problemas para encontrar gerocultores”, explicó ayer Javier Moreno, de UGT, durante una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde está la sede de la Generalitat. El sector pide equiparar salarios con los trabajadores de residencias públicas. “Los sueldos son un 20% más elevados en la pública. Estamos en un proceso de emergencia social muy importante. Cuesta encontrar profesionales y hay mucha movilidad en un sector que trabaja con un colectivo muy vulnerable que requiere estabilidad en el trato”, sostiene Roser Fernández, presidenta de la patronal La Unió.

Asuntos Sociales, por su parte, achaca la falta de recursos en dependencia a la infrafinanciación del Estado y la congelación de las partidas desde 2011. “El Estado aporta el 13% del total de aportaciones públicas y la Generalitat, el 87%”, señala el Departamento en un comunicado. Sin embargo, esta respuesta no convence a las entidades, que apuntan que este escenario sucede en todas las comunidades autónomas y Cataluña está a la cola en la puesta a punto del sistema de la dependencia.

El Govern agrega que su prioridad estos años ha sido crear más plazas en residencias para aliviar la lista de espera —3500 más entre 2017 y 2019, apunta— y reforzar la atención domiciliaria. Con todo, admite, “tanto la falta de financiación estatal como el actual marco de prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo condiciona fuertemente la capacidad del Govern de dar una vuelta a la financiación de la dependencia”.

Prioridades políticas

Las sucesivas prórrogas presupuestarias —las últimas Cuentas aprobadas son las de 2017— han dejado poco margen a la Administración. Pero, la presidenta de la patronal La Unió, recuerda que, incluso en prórroga presupuestaria, “se hicieron arreglos para atender sus demandas cuando el pasado noviembre salieron a la calle médicos, bomberos y maestros”. “Si hay una prioridad, hay mecanismos para redistribuir partidas o sacar fondos adicionales. Parece que si no sales a la calle y paras el servicio, no se toman decisiones”, lamenta.

Según las patronales, la falta de financiación ya está pasando factura también a los equipamientos y a los ratios de profesionales, porque los pacientes que llegan a las residencias son cada vez más complejos. “Esto es un tema financiero, pero muy vinculado a los problemas para retener profesionales”, zanja Fernández. El Govern apunta que las conversaciones con el sector continuarán la semana que viene.