Entidades sociales estallan contra el Govern por la falta de recursos

Las entidades del Tercer Sector, que gestionan buena parte de la cartera pública de los servicios sociales, están con el agua al cuello. Las tarifas que paga la Generalitat llevan congeladas 10 años, los recursos son insuficientes para atender la demanda creciente de usuarios que entran al sistema público y los pagos que llegan de la Generalitat lo hacen tarde y mal. La Confederación, patronal del Tercer Sector, denunció ayer la infrafinanciación sistemática de las entidades y reclamó al Govern una inyección urgente de entre 600 y 900 millones de euros para atender las necesidades más acuciantes.

“Nos sentimos el hermano pobre del Estado del Bienestar. Reclamamos para el sector social el mismo trato que en enseñanza o sanidad”, protestaba ayer Joan Segarra, presidente de la Confederación, que aglutina a unas 1.200 entidades sociales del tercer sector. Estas empresas sin afán de lucro gestionan los servicios sociales que entran dentro de la cartera pública, desde residencias hasta atención a la infancia. La patronal recuerda que, aunque ellos gestionen estos servicios, “la responsabilidad” de la financiación y la sostenibilidad del sistema es del Govern.

Segarra admitió ayer que mantienen “un diálogo” con el Govern, pero esas conversaciones “no avanzan”. “Necesitamos concreción ya. Reclamamos soluciones ahora. El tercer sector no se para porque no haya Presupuestos”, espetó el presidente de la patronal. El Govern de Quim Torra está abocado a una segunda prórroga presupuestaria tras el fracaso de las negociaciones de las nuevas cuentas, lo que deja poco margen de maniobra para ampliar las partidas destinadas a servicios sociales.

Según los datos de la Confederación, las tarifas que paga la Generalitat a estas entidades con las que concierta el servicio llevan congeladas una década. Por ejemplo, la tarifa por usuario para un centro de día con terapia ocupacional era en 2009 de 555,79 euros y lo seguía siendo en 2018. Los sucesivos gobiernos no han incrementado los precios para hacer frente a las mejoras salariales vinculadas a los convenios colectivos, la actualización al alza del índice de precios al consumo (IPC) o el IVA. Ello ha supuesto que las entidades asuman un gasto adicional que debería cubrir la Administración.

Esta situación ha precipitado que se den “casos de servicios deficitarios”, según la patronal. “El módulo del servicio de ocupación de inserción lleva congelado desde 2009 con 3.300 euros anuales. Las entidades tienen que aportar un media de 1.000 euros al año para cubrir el salario”, explica Amèlia Clara, responsable del ámbito de dispacidad de la patronal. “Esto supone sacar financiación de otros servicios para hacer frente a este y la congelación de creación de nuevas plazas”, agrega. Segarra anunció que la Confederación no descarta iniciar acciones legales “para denunciar casos de servicios públicos deficitarios” y ya ha reclamado al Departamento de Asuntos Sociales la memoria económica de todos los servicios que incluye la cartera pública para analizar los precios y determinar si se cubren los costes.

La patronal cifró ayer “entre 600 y 900 millones de euros” el montante que requiere de forma urgente el sector para garantizar la calidad de los servicios prestados, la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores y la viabilidad de las entidades que gestionan estos servicios. Segarra exigió “un compromiso firme y real” del Govern para mejorar la financiación independientemente de la prórroga presupuestaria.