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Más de 24.700 personas mueren esperando ayudas de dependencia

Cerca de 18.500 ancianos están en lista de espera para conseguir una plaza en una residencia pública

Imagen de archivo de una anciana y una cuidadora en una residencia.
Imagen de archivo de una anciana y una cuidadora en una residencia.

La lista de espera para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia ha dejado un reguero de víctimas por el camino. Al menos, 24.751 personas fallecieron en Cataluña desde 2011 esperando ser valoradas con un grado de dependencia o aguardando la ayuda asignada. Así lo ha confirmado el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales en sendas respuestas parlamentarias fechadas en marzo de 2016 y enero de 2019. La lista de espera para una plaza en una residencia de ancianos pública —es el recurso más otorgado después de las ayudas domiciliarias y del cuidador no profesional—, asciende a cerca de 18.438 personas.

El proceso para que a una persona le sea reconocida la dependencia y se le asigne una prestación es largo y tedioso. Asuntos Sociales fija el plazo medio de tres meses para la primera fase del circuito asistencial, que es la valoración inicial en la que se determina el nivel de dependencia de cada solicitante. Luego, se suman al menos otros seis meses hasta obtener el programa individualizado de atención (PIA), en el que se recoge el recurso asistencial más adecuado para cada dependiente (desde un centro de día hasta una plaza residencial o un cuidador no profesional).

En todo ese recorrido, muchas personas con alto grado de vulnerabilidad se han quedado en el camino. En España, más de 100 dependientes reconocidos mueren al día sin llegar a recibir ninguna ayuda, según el Ministerio de Sanidad. En Cataluña, los cálculos más conservadores elevan la cifra a más de 24.000 desde 2011, aunque el baile de cifras es tal que incluso el Departamento ha cambiado la forma de contabilizarlos en estos años para “homologar” sus datos a los de otras comunidades, justifican.

Según explicó el consejero de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani a una pregunta parlamentaria del grupo de Ciudadanos, entre 2013 y 2017, 2.848 personas fallecieron antes de que culminase el proceso de valoración de sus grados de dependencia. En ese tiempo, otras 8.346 personas que ya tenían reconocido el grado de dependencia y el PIA asignado, se murieron antes de recibir el recurso otorgado. Según Asuntos Sociales, el 54% de los solicitantes de la dependencia tienen más de 80 años.

Estas muertes se suman a las otras reveladas en una respuesta parlamentaria de 2016 por la entonces consejera del ramo, Dolors Bassa. Allí concretaba que entre 2011 y 2015, también habían fallecido 12.557 personas que, aunque ya tenían la dependencia reconocida, todavía no se les había hecho el PIA correspondiente.

En la última de sus respuestas parlamentarias, Asuntos Sociales también cifra la lista de espera para una residencia pública en casi 18.500 ancianos. Según ACRA, patronal de las residencias, la lista de espera se ha reducido en 5.000 personas desde 2016. Cinta Pascual, presidenta de ACRA, aboga por recuperar las prestaciones económicas vinculadas (PEV), una ayuda que otorga la Administración al dependiente para costear una plaza privada mientras no hay una cama pública disponible. “La PEV permite acceder a una plaza residencial o a otro recurso con más rapidez que una plaza pública, por la cual pueden llegar a pasar dos, cuatro o seis años, en función del servicio y de la población”, agrega. Más de 17.000 personas están aguardando una plaza residencial, según la patronal.

Pascual criticó ayer la “rigidez” del sistema y reclamó, además, “un sistema de urgencia” para los casos más graves. “Tiene que haber un sistema para acceder a una prestación rápida. Hay que ser más flexibles. En el mejor de los casos, estarás de seis a ocho meses en el proceso para tener una ayuda. Es horrible”, zanjó.

Los vaivenes de la ayuda para una residencia

La prestación económica vinculada (PEV) para sufragar una plaza privada a la espera de una pública se convirtió en una piedra en el zapato para el Govern de Artur Mas. En 2013, la consejera del ramo, Neus Munté, suspendió indefinidamente estas ayudas. El recorte afectó a unas 4.000 personas, según ACRA.

Un año y medio después, Munté reactivó la PEV, aunque con limitaciones: solo a los dependientes de grado III (el más grave) y en función de sus ingresos. Ahora, ya se otorgan ayudas a los de grado II pero Pascual reclama que las ayudas sean más altas (son 426 euros para grado II y 715 para grado III), como antes de la crisis (unos 1.000 euros).

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