La patronal de las residencias exige al ‘Govern’ más dinero por cada plaza concertada

La patronal ACRA de residencias de ancianos, la más grande de Cataluña, ha lanzado la voz de alarma por la situación financiera que viven sus centros. El precio que paga la Generalitat a las residencias por una plaza pública —ya sea de titularidad pública o concertada con entidades privadas— está congelado desde hace siete años, pero los gastos de los gestores de estos centros han ido en aumento. "Estamos haciendo aguas. No podemos soportar la situación que tenemos", ha advertido la presidenta de ACRA, Cinta Pascual.

La patronal ha elaborado un informe en el que constata que, mientras las tarifas públicas permanecían estancadas, los gastos de los gestores de las residencias han aumentado, como mínimo, un 11%. Según el estudio, hasta 2009, las tarifas se actualizaban en base al IPC, pero desde entonces, están estancados. Entre 2010 y 2017, el precio de referencia por una plaza pública en una residencia es de 19.468 euros anuales. Sin embargo, actualmente los gastos de gestión de una cama oscilan entre los 19.000 y los 20.700 euros, unos 2.000 euros más que en 2010.

En centros de día, señala el informe, ocurre más de lo mismo. La tarifa de una plaza se ha mantenido inalterable en los últimos siete años, en torno a los 7.400 euros al año. Los costes para los centros, sin embargo, están entre los 7.300 y los 8.800 euros. "Teníamos unas reglas del juego, que era el IPC. Ahora no tenemos ningún sistema de referencia", ha señalado Pascual.

La patronal ha indicado que los gastos de personal han crecido un 9,6%, entre otras cosas porque han tenido que sumar las compensaciones por los dos trienios que han pasado, la subida salarial que exigía el convenio colectivo del sector y el incremento de días de asuntos propios.

Pascual ha alertado de que, si continúa esta situación, la calidad asistencial de los centros puede verse mermada. "Hemos dejado de hacer mantenimiento, inversiones...", ha reconocido la presidenta de la patronal. Además, ha señalado, la organización ha detectado "movimientos de traspasos y ventas de residencias como no se habían visto antes". "Es difícil que una residencia cierre, pero ahora cada vez más gente quiere dejar el sector", ha manifestado.

Por su parte, el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales pone como excusa, según Pascual, "la limitación presupuestaria". Pese a que la partida para dependencia ha aumentado en 50 millones con los nuevos presupuestos, recientemente aprobados, Pascual ha reconocido que no han llegado a un acuerdo con Asuntos Sociales porque la excusa que hay sobre la mesa es "que no hay dinero".

La patronal ha indicado que hay unas líneas rojas que no está dispuesta a traspasar: "No nos vamos a plantear ni bajadas de ratios [más ancianos por profesional] ni fórmulas low cost", ha advertido Pascual.