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Un tercio de los dependientes catalanes está en lista de espera para recibir su ayuda

El Govern admite un "exceso de burocracia" que retrasa los trámites, pero defiende la calidad de los servicios

Imagen de archivo de una anciana y una cuidadora en una residencia.
Imagen de archivo de una anciana y una cuidadora en una residencia.

Uno de cada tres dependientes catalanes está a la espera de recibir, de forma real y efectiva, la prestación reconocida por ley de Dependencia para su caso. Los expertos lo llaman “el limbo” de la dependencia. Esa tierra de nadie en la que hoy se encuentran en Cataluña más de 73.000 personas que tienen un grado asignado (I,II,III) según el nivel de gravedad), pero que todavía no han recibido la ayuda económica, la atención sociosanitaria o la plaza residencial que le tocaría por su estado de salud. Cataluña es, según los datos del Ministerio de Sanidad, la comunidad con más dependientes en este limbo.

Si bien los datos asistenciales en Cataluña han mejorado —a finales de febrero de 2019, eran 140.659 los beneficiarios que tenían una prestación concedida, 22.364 personas más que un año antes—, el sistema de la dependencia sigue infrafinanciado, colapsado y sin visos de mejora. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la situación es “crítica” y, a este ritmo, se tardaría “ocho años en llegar a la plena atención”.

El enrevesado proceso administrativo para hacer efectiva la ayuda de la dependencia dura entre seis meses y un año, según la patronal de residencias, Acra. Primero, la solicitud; luego, la valoración del grado de dependencia (moderado, severo o gran dependiente); y más tarde, la elaboración programa de atención individual (PIA), donde se decide la prestación más adecuada en cada caso. Al menos, 24.751 personas fallecieron en Cataluña desde 2011 en este proceso, según el Departamento de Asuntos Sociales.

El último cómputo del Ministerio de Sanidad (a febrero de 2019) cifra en 26.104 los catalanes que tienen reconocido el grado II o III de dependencia pero todavía están pendientes de que se les conceda la ayuda adecuada a su caso. Del grado más moderado, el I, hay otros 47.305 dependientes que aguardan la prestación. “Hace años que decimos que lo que necesitan los mayores es rapidez en la concesión de las ayudas. En Cataluña, el problema es muy grande”, advierte Cinta Pascual, presidenta de Acra.

Las cifras de la dependencia

Beneficiarios. Hay 157.877 dependientes en Cataluña, según el Ministerio. El Govern eleva esta cifra a 171.722.

Lista de espera. Hay 27.032 ancianos aguardando una plaza en una residencia pública, 1.500 más que en julio de 2017. De ellos, 8.568 tienen una PEV para costear una cama privada.

Infrafinanciación. La ley recoge una financiación a medias entre el Estado y las comunidades autónomas (además de un copago del beneficiario según su renta). Pero las comunidades han asumido una mayor parte. Según el Govern, el Estado ha dejado de aportar más de 5.700 millones. La Generalitat ha asumido desde 2017 más del 60%. En 2017 invirtió 926 millones y el Estado, 172.

El Govern, por su parte, admite “presión” en el sistema, pero rebaja las cifras del Ministerio. El secretario general de Asuntos Sociales de la Generalitat, Francesc Iglesias, alega que hay “desajustes” entre las bases de datos de ambas administraciones “que dejan en el limbo estadístico a 20.000 personas”. Esto es, beneficiarios con la prestación asignada que no aparecen en el cómputo de Sanidad. Iglesias justifica, además, que en la comunidad hay otros dispositivos de ayuda a la dependencia que no contempla la normativa. “La atención va más allá de lo que pasa por el tamiz de la ley. En el ámbito sociosanitario se atiende a miles de personas no reflejadas en las estadísticas. Tenemos residencias de ayuntamientos y entidades que nos atienden a personas mayores vulnerables que no cumplen los criterios para tener la dependencia y se escapan del sistema”, ejemplifica.

Iglesias admite que “hay un exceso de burocracia” que retrasa los tempos de asignación de las ayudas, pero defiende, a su vez, que, “en conjunto, hay un buen nivel de servicios y calidad”. Una visión con la que no comulga Acra, que critica las listas de espera y la congelación de sueldos y tarifas en el sector desde hace nueve años. A febrero de 2019, la lista de espera para acceder a una plaza de residencia pública ascendía a 18.464 personas —además de las otras 8.568 que están en una residencia privada con una prestación económica vinculada (PEV) hasta que tengan plaza en un centro público—. “Hace 10 años, la estancia media en una residencia era de cuatro años y medio. Ahora es de dos años. Llegan más tarde y más deteriorados”.

Acra reclama la inyección de 300 millones de euros para tomar medidas que cubran, a corto plazo, las necesidades más acuciantes. El Govern, por su parte, denuncia una infrafinanciación del Estado que, según sus datos, asciende a 5.700 millones de euros en 10 años. José Manuel Ramírez, portavoz de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, admite esa falta de recursos estatales, pero apunta también a una ausencia de voluntad política del Govern. “Desde 2015, Cataluña ha paralizado el desarrollo del sistema de la dependencia, cosa que no han hecho otras comunidades que, a pulmón, con fondos propios, han priorizado la atención a la dependencia. Cataluña tiene que recuperar esos tres años de letargo”.

“La excusa perfecta”


Pero el Govern, abocado a una segunda prórroga presupuestaria al fracasar en la aprobación de nuevos presupuestos, tiene poco margen de maniobra. “Priorizamos las plazas públicas y haremos más en 2020, no ponemos límites a las PEV, promovemos la construcción de residencias en 2020, 2021 y 2022..”, enumera Iglesias, aunque admite que le “gustaría tener más presupuesto para concertar plazas y más residencias”. Su discurso, sin embargo, ya no convence a las entidades. “La falta de presupuestos es una excusa perfecta para decir que no tienen dinero. Lo que hay que hacer es priorizar”, sugiere Pascual. El PSC de Barcelona también pidió ayer a Colau que demande al Govern por incumplir pagos de atención domiciliaria en la ciudad.

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