El Gobierno se compromete a inyectar 600 millones de euros en dependencia en 2021

El Gobierno se compromete a inyectar 603,2 millones de euros en dependencia en 2021. En un documento que ha enviado a las comunidades, al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea “un plan de choque para el impulso del sistema”, que prevé acabar con los recortes de 2012 y de 2013. La dotación económica pasa por que se aprueben los Presupuestos, que aún no se han presentado y cuyos apoyos aún se están negociando. El Ejecutivo debatirá sobre este texto con las autonomías la semana que viene.

El documento contempla mejoras en los servicios, como un aumento del número de horas de ayuda a domicilio, y en las prestaciones, como una subida del dinero que perciben los cuidadores familiares. Se trata de la hoja de ruta del Ministerio de Derechos Sociales y prevé cambios en la propia ley y en reales decretos, pero la competencia es autonómica, por lo que las medidas, que están pensadas para desarrollarse durante tres años, deben ser debatidas y aprobadas por las comunidades autónomas. El próximo Consejo Interterritorial, que reúne al ministerio y a las consejerías del ramo, está convocado el próximo 2 de octubre.

Actualmente, hay 1,1 millones beneficiarios de la ley, pero en torno a 390.000 personas están a la espera de que se resuelva algún procedimiento. El sistema no se había recuperado aún de los recortes, pero la covid-19 le ha dado la puntilla. Durante los meses de pandemia han empeorado todos los parámetros. Por ello, el Ministerio de Derechos Sociales plantea dar un impulso al sistema y reducir la lista de espera. En los Presupuestos frustrados, que el Gobierno no logró sacar adelante el año pasado, se preveía una inyección de 515 millones de euros que finalmente nunca llegó. Ahora el incremento respecto a la actual financiación —una decisión unilateral del Ejecutivo que no tiene que consensuar con las autonomías— pasaría a ser de 603,2 millones. Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Pablo Iglesias recalcan que, para ello, será preciso aprobar los Presupuestos.

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En el documento se prevé un aumento del llamado nivel mínimo de protección, por el cual la Administración General del Estado aporta a las autonomías una cantidad por cada dependiente atendido. La inyección sería de 320 millones de euros, un incremento del 20% respecto a 2019. También se contemplan cambios en los complejos criterios de asignación de esta cantidad a las comunidades. Se prevé recuperar el nivel acordado, una vía adicional de financiación que fue eliminada con los recortes. Los planes del ministerio pasan por situarlo en 283,2 millones de euros anuales. La ley debería sufragarse a partes iguales entre el Gobierno y las comunidades, pero estas últimas soportan el 80% de la financiación pública, por lo que reclaman insistentemente un incremento de la financiación.

Mejoras en las prestaciones y revisión de los copagos

De los 8.890 millones de euros para financiar el sistema, se estima que el 20% proviene de lo que aportan los propios beneficiarios, en función de su capacidad económica. El ministerio aboga por “analizar y revisar el actual modelo de copago”.

En el documento se propone además incrementar las horas de atención a quienes reciben un servicio de ayuda a domicilio: que la intensidad de horas al mes vuelva a ser igual que antes de los recortes de 2012. Así, por ejemplo, una persona que tenga un grado tres, el más grave, pasaría de 70 horas mensuales a 90. Asimismo, se propone ampliar las compatibilidades entre las prestaciones y servicios. Ahora mismo alguien que acude a un centro de día, por ejemplo, no puede recibir ayuda a domicilio a través de los servicios que otorga la ley.

También se prevé establecer la “teleasistencia como derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con un grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio”. El ministerio calcula que podrían beneficiarse unas 870.000 personas. Y, dado que se reconoce como un derecho básico, propone eliminar el copago que abonan los usuarios por este servicio, que estiman en cerca de nueve millones de euros de los 46 a los que asciende el coste. En Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y Ceuta y Melilla, de hecho, ya no hay copago.

Asimismo, el ministerio prevé mejorar las prestaciones económicas, incrementando las cuantías máximas, establecidas durante los recortes y que supusieron que el dinero que recibían los cuidadores familiares se redujera en un 15%. Plantea además la posibilidad de imponer cuantías mínimas, que ahora mismo no existen, para fijar un suelo del que no puedan bajar las comunidades autónomas. Así, lo máximo que puede recibir un cuidador familiar ahora son 387,6 euros al mes, según se especifica en el documento, y pasaría a 455,5 euros.

También se prevé modificar la ley para que, en caso de que el beneficiario viva en zonas rurales poco accesibles o deshabitadas, algún vecino pueda actuar como cuidador. Contempla que las autonomías incorporen a su cartera de servicios el respiro, apoyo y formación a los cuidadores familiares. Propone que sean una “condición necesaria” para otorgar esta prestación. Y el ministerio quiere dar un impulso a la prestación económica de asistente personal, que actualmente suponen el 1,3% del total de las que se conceden.

Agilizar los procedimientos

En el documento se aboga por agilizar los procedimientos administrativos. Así que se propone, entre otras cosas, que en la resolución en que se reconozca un grado de dependencia se establezca también el programa de atención a la persona, por el cual se propone un servicio o prestación para el dependiente (es decir, en lugar de los dos trámites existentes en algunas comunidades, solo haya uno) y que no sea necesario iniciar un nuevo procedimiento para modificar el servicio que se recibe, si cambian las circunstancias de las personas en situación de dependencia.

En el texto se reconoce que existen “problemas de gestión e información” del sistema de atención a la dependencia, como en un informe reciente adelantado por este diario puso alertó el Tribunal de Cuentas. Así que el ministerio apunta que deben mejorarse y propone corregir defectos en la remisión de las autonomías de sus certificados anuales de gasto.

Además, “como resultado de la emergencia sanitaria provocada por la covid”, en el documento se propone modificar la ley para “suprimir la mención a que en las residencias de servicios sociales se prestan servicios sanitarios continuados”, y dada “la necesidad de contar con una verdadera cooperación sociosanitaria que tenga unas bases uniformes en todo el territorio”, regularlas en un nuevo artículo. Con ello aluden sin mencionarlo a lo vivido durante el pico de la pandemia, cuando los propios centros y los familiares denunciaron la deficiente atención médica que recibieron muchos mayores.