La desigualdad en la dependencia: País Vasco destina cuatro veces más por persona que Canarias

La dependencia pide a gritos auxilio. La financiación estatal continúa estancada tras los recortes y las comunidades vuelven a soportar, un año más, el grueso del gasto público. En 2019, el Gobierno destinó a esta partida 1.386 millones de euros, frente a los 7.221 millones de las autonomías (que incluye el copago de los usuarios, estimado en 1.840 millones de euros), según la certificación de gasto comunicada al Ministerio de Derechos Sociales y analizada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “La aportación del Ejecutivo constituye el porcentaje más bajo desde la aprobación de la ley”, explica José Manuel Ramírez, presidente de esta organización experta en el sector, que en un comunicado muestra su preocupación por la “acusada desigualdad territorial”. En el País Vasco destinaron de media 368 euros por dependiente al año, frente a los 95 de Canarias. Son casi cuatro veces más.

La aportación de las comunidades autónomas subió el año pasado un 7,4% respecto a 2018. Sin embargo, la de la Administración General del Estado no lo hizo. Los Presupuestos estaban prorrogados y no se ha contemplado un aumento de financiación por vía de decreto-ley en este tiempo, como reclamaba esta asociación, apelando a la urgencia de las personas en situación de dependencia. Esta fue la vía en que se articuló, en 2012, el recorte que cercenó la financiación de esta ley. “La aparente imposibilidad de atender a las personas más vulnerables está generando una situación tan cruel como la que provocó aquel decreto”, explica la asociación en su nota.

Si la situación ya era preocupante antes de que irrumpiera la pandemia, la covid ha puesto aún más de manifiesto la necesidad de dar oxígeno al sistema de la dependencia. La asociación se refiere a las 43.275 personas que han fallecido este año en espera de algún procedimiento: 27.116 que ya tenían reconocido el derecho a recibir una prestación y no la percibían, y 16.159 que murieron mientras aguardaban a ser valorados para que se les reconociera o denegara un grado de dependencia. Según denuncia esta organización, este es el motivo por el que ha bajado la lista de espera en 2020, y no por que hayan aumentado los beneficiarios.

El Gobierno ha anunciado un plan de choque en dependencia que contempla mejorar las prestaciones y servicios y que incluye la inyección de 600 millones de euros en los Presupuestos (y este martes han hablado además de otros 700 millones de los fondos europeos para impulsar un cambio de modelo, potenciando la atención a domicilio). Pero esta cantidad depende de que se logren los apoyos del Congreso de los Diputados. “Todo se fía a las próximas cuentas”, explica Ramírez. “Toca otra vez conformarse con el anuncio del incremento presupuestario”, se dice en la nota.

Según la asociación, esta inyección de 600 millones hará que la Administración General del Estado asuma “el 22% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto”. La ley de dependencia sostiene que la financiación se soportará a partes iguales entre el Gobierno y las comunidades, pero las autonomías cargan con el grueso de la financiación. La asociación precisa, no obstante, que la inversión de 600 millones de euros generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 millones de euros, por el IRPF, IVA o la Seguridad Social, por ejemplo.

Solo Asturias redujo el gasto en 2019

Las autonomías que más invierten en dependencia por habitante y año son País Vasco (368 euros), Extremadura (268), y Castilla y León (261 euros), y las que menos son Canarias (95), Galicia (142) y Baleares (143). Las que más incrementaron el presupuesto en 2019 fueron Baleares (un 32%), Comunidad Valenciana (18%) y Canarias (16%). Únicamente Asturias redujo esta partida en el último año, y Extremadura (1,6%) y Cataluña (2,2%) fueron las comunidades que menos la aumentaron.

Actualmente, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y otras 147.000 pendientes aún de valoración, “el resultado final es la imposibilidad para las autonomías de atender lo que tienen por delante”, según la asociación. Su conclusión es contundente: el sistema se encuentra en retroceso. Insisten en que urge un impulso a la dependencia. Y termina la nota: “Hasta entonces, a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio”.

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