Cataluña repartirá la comida a domicilio a los alumnos vulnerables en caso de confinamientos parciales

Pocas incógnitas sobre las llamadas becas comedor de verano se despejaron este martes con la comparecencia de los consejeros de Educación, Josep Bargalló, y Asuntos Sociales, Chakir El Homrani. Las ayudas estivales han quedado en manos de los ayuntamientos y estos las aplicarán según sus posibilidades. Educación reiteró que, por ley, las becas comedor se acaban con el curso. Y anunció que el próximo curso, cuando se ordene el cierre de un colegio o se ponga un aula en cuarentena, el comedor escolar seguirá funcionando y se repartirán los menús en los domicilios o las familias los recogerán en los centros.

La comparecencia había sido solicitada por Ciudadanos, PSC y comunes para despejar dudas sobre cómo se van a poner en marcha las ayudas alimentarias a los menores vulnerables durante el verano —cumpliendo un mandato del Parlament—y sobre los motivos de la repentina cancelación, el 31 de julio, de las tarjetas monedero, que sustituyeron las becas comedor durante el cierre de las escuelas.

De la primera parte se encargó El Homrani, aunque dedicó gran parte de su intervención a defender la decisión de haber dejado en manos de los ayuntamientos la gestión de estas ayudas. “¿Quién conoce mejor la situación de las familias que los servicios sociales municipales?”, planteó el consejero. Y explicó que serán ayudas para garantizar la suficiencia alimentaria de las familias con menores de 18 años, ya sean las que tenían beca comedor, como las que han visto decaer su economía por la pandemia o las que ya reciben alguna ayuda social, pero esta es insuficiente. Según El Homrani, debe ser un programa “flexible”, “para que los ayuntamientos apliquen la fórmula que más les convenga”, ya sean desde ayudas para casals o campamentos de verano, vales de comida o tarjetas monedero, enumeró.

El Departamento de Asuntos Sociales anunció el 31 de julio que asumiría solo el coste de las ayudas. Aunque se habilita una partida abierta, que se alimentará de los fondos covid del Estado, El Homrani aseguró tener una primera estimación del coste, pero no la facilitó. Asuntos Sociales ampliará el actual contrato programa que tiene con los ayuntamientos para financiar las políticas sociales que llevan a cabo los municipios para incluir estas ayudas extraordinarias.

Por su parte, el consejero de Educación, Josep Bargalló, se ciñó a dar explicaciones de las tarjetas monedero y las becas comedor y, especialmente, insistió en que estas ayudas no son es el mejor mecanismo para luchar contra la pobreza infantil, ya que las becas llegan a 142.000 beneficiarios, mientras que, apuntó, los menores en situación de pobreza alcanzan los 280.000. “Las becas son una medida injusta porque deja fuera a la mitad” de los menores vulnerables, entre ellos los alumnos de institutos, que no tienen beca porque en los institutos no hay comedores. Asimismo, recordó que la normativa restringe las becas comedor al curso escolar. “Cometeríamos una ilegalidad si alargáramos las becas comedor durante el verano”, incidió.

Bargalló defendió la decisión de cancelar las tarjetas el 31 de julio por la necesidad de controlar los ejemplares emitidos y no usados. El consejero detalló que se imprimieron casi 150.000 tarjetas, para poder llegar también a los alumnos que tienen la escuela fuera de su municipio y que no tienen beca porque, por defecto, ya se beneficia del comedor gratuito durante el curso. Del total, 8.050 tarjetas no se distribuyeron porque, principalmente, no se localizaron a las familias. También se han detectado tarjetas repartidas, pero que no se han usado. Bargalló no detalló el importe recuperado del saldo que quedaba en las tarjetas.

El sistema supuso un sobrecoste de unos cinco millones, según Educación, por el hecho de haber extendido las ayudas durante las vacaciones de Semana Santa y por el coste de emisión y mantenimientos de las tarjetas (300.000 euros). Además de este dispendio, el consejero de Educación admitió que la fórmula de las tarjetas presenta otros inconvenientes, como el riesgo de pérdida o de darles un uso indebido, algo que se ha producido “en algún caso puntual”, admitió Bargalló.

Por todo ello, el consejero aseguró que no tiene previsto repetir este método el curso que viene, excepto si se produce un nuevo confinamiento total, cosa que tampoco está entre sus previsiones. En caso de que se produjera el cierre de una escuela o algún grupo de alumnos tuviera que ser puesto en cuarentena, “los comedores no se cerrarán y se priorizará llevar la comida a las familias o que sean las familias las que vayan al centro a recogerla”, especificó. Según Bargalló, esta fórmula no tendría ningún sobrecoste y además evitaría que las empresas tuvieran que cerrar el servicio y hacer un ERTE, ya que serían los monitores los que se encargarían del reparto.

En una reflexión final, Bargalló recordó que el debate sobre cómo asegurar la alimentación a los menores más vulnerables cuando finaliza el curso “surge cada verano y no se ha solucionado”. “A lo mejor debería ser un debate que saliera en invierno, y no en verano porque entonces no hay tiempo de hacerlo y no se llega a todos”, remató.

”Han pasado la pelota a los ayuntamientos”

Los partidos de la oposición coincidieron en censurar al Govern por su “mala gestión” de las ayudas. El PSC y los comunes pusieron el foco en el hecho que se comunicara a los ayuntamientos que debían asumirlas el 1 de agosto. “Seis semanas pasándose la pelota entre Educación y Asuntos Sociales para acabar dejando la responsabilidad a los ayuntamientos en unas fechas donde se no puede hacer una planificación”, criticó la socialista Esther Niubó. La CUP apostó por la gestión pública de los comedores. Y los partidos del Govern, ERC y JxCAT, alabaron a los municipios “que trabajan en silencio” y consideraron que es “obligación de los ayuntamientos colaborar en estas políticas”.