El Parlament aprueba extender las becas comedor durante todo el verano

El Parlament ha aprobado extender las becas comedor durante el verano. La propuesta, impulsada en dos mociones de PSC y los comunes —que lograron el apoyo unánime de la Cámara— busca “garantizar la suficiencia alimentaria del alumnado en riesgo de exclusión social” durante los meses en que la escuela está cerrada y en que las familias con menos recursos se quedan sin ese sustento. Los partidos buscan así mitigar el impacto de la crisis en muchos hogares.

El cierre de las escuelas el pasado 13 de marzo supuso también el de los comedores escolares. Pero para mantener la ayuda alimentaria, la Generalitat transformó las 144.000 becas comedor en unas tarjetas monedero dotadas con un importe de cuatro euros diarios, y que se recargan cada dos semanas, que las familias pueden usar en los supermercados. Mantener estas ayudas supone una inversión de 2,9 millones semanales, de manera que si se mantiene durante todo el periodo no lectivo la cifra ascendería a los 30 millones, que la Generalitat espera sufragar con los fondos extraordinarios que deben llegar del Estado.

El Parlament ha debatido este jueves sobre dos mociones —una del PSC y otra de Catalunya en Comú-Podem— para paliar los efectos que la pandemia está causando en el sistema educativo. Uno de los aspectos en los que se reiteró fue eliminar la brecha digital. Los partidos se comprometieron a impulsar un plan de acción —que deberá contar con dotación económica y ser presentado en el Parlament en el plazo un mes— para dotar de equipos y conexión a todos los alumnos durante el próximo curso. Y es que miles de alumnos (Educación no los ha cifrado) se han quedado sin poder seguir las clases online este último trimestre por no contar con el equipo necesario.

Asimismo, la Cámara ha aprobado “iniciar la recuperación” de la sexta hora escolar en los colegios públicos con más alumnos vulnerables con el objetivo de “compensar las desigualdades”. La sexta hora ya se implantó en 2006 en la pública para igualar el horario con las concertadas, que impartían 175 horas más de clase al año, pero fue una de las primeras medidas que fulminó la exconsejera Irene Rigau. No obstante, se mantuvo en las escuelas que concentran más alumnos desfavorecidos, conocidas como de alta y de máxima complejidad. La idea, según explica la diputada socialista Esther Niubó, es extender la sexta hora a más centros más allá de esta clasificación, priorizando a los que registren más situaciones de desigualdad. Educación no ha dado detalles de esta ampliación.