Todas las comunidades, salvo Navarra y Asturias, han reducido el peso del gasto social en sus presupuestos en los últimos 10 años

El Estado del bienestar español no ha dado ni un paso adelante en la última década en términos económicos. Así se desprende de un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que compara la inversión en gasto social de las comunidades autónomas en 2009 y en 2019. Hace 10 años los Ejecutivos regionales dedicaron 116.851,7 millones de euros a sanidad, educación y servicios sociales (dependencia, residencias de mayores, programas de inclusión...). En 2019, esta cifra es un millón de euros menor. Si comparamos estas sumas económicas con el total presupuestario, se aprecia mejor la contracción del gasto social: en 2009 representaba un 66,9% del gasto público de las autonomías; en 2019 era el 60,5%.

El gasto social de las comunidades autónomas tocó fondo en 2013, con 99.980 millones de euros. Desde entonces ha ido creciendo gradualmente en términos absolutos, hasta igualar los registros de 2009.

Estas cifras son una “decepción absoluta” para José Manuel Ramírez, presidente de la asociación que firma el estudio. “Comprobamos que no ha mejorado el gasto social desde la anterior crisis. Parece mentira que haya habido una recuperación económica”, indica Ramírez. Apunta a varios factores como causas, como la prórroga de los presupuestos estatales -siguen vigentes los de 2018- o el aumento de las contribuciones a la deuda. Pero el motivo principal, en su opinión, son las prioridades de cada Administración autonómica: la mayoría de las competencias en materia social están transferidas a las comunidades. “Cataluña ha dejado de invertir 4.000 millones de euros en los últimos 10 años. Es insostenible”, dice Ramírez.

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Precisamente Cataluña lidera el ranking de las autonomías que más han esquilmado su gasto social en la última década, un 19,6%. Le sigue Castilla-La Mancha, que invierte en 2019 un 15,4% menos que en 2009. Las otras tres comunidades que gastan menos ahora que hace 10 años son Aragón (3%), Castilla y León (1,2%) y Galicia (0,2%). El resto gastaron más en 2019 que en 2009, entre las que destaca el gran crecimiento de Baleares (24,8%), Navarra (15,4%) o la Comunidad Valenciana (14,5%).

Aunque 12 de las 17 comunidades hayan ampliado el gasto social, Ramírez no hace un análisis optimista de los datos: “Prácticamente todas las comunidades han recortado el peso del gasto social en sus presupuestos”. Las excepciones son Navarra y Asturias, donde el gasto en educación, sanidad y servicios sociales supone un 7,5% y un 4,3% más que en 2009, respectivamente.

Cataluña gasta 2.199 por habitante; Navarra, 3.420

Otro prisma interesante es la inversión en gasto social por habitante: Cataluña es la que más ha recortado en este aspecto respecto a 2009, 588 euros por persona. Es la que menos presupuesto público dedica de toda España a esta partida, con 2.199 euros por catalán. La Comunidad de Madrid es la segunda que menos gasta por habitante en gasto social, con 2.222 euros. Que dos regiones tan desarrolladas económicamente estén a la cola en este aspecto “se debe exclusivamente a la desidia de sus gobernantes”, considera Ramírez. “Madrid tiene los peores servicios sociales de España y siempre los ha tenido. En Cataluña el análisis es otro: viven una tendencia preocupante de recortes y falta de inversión en los últimos años”, añade.

En tres comunidades el gasto social por habitante supera los 3.000 euros: Navarra (3.420), País Vasco (3.300) y Extremadura (3.039). La comunidad navarra también lidera la lista de las que más han aumentado el gasto social por persona respecto a 2009 (349), seguida de Valencia (335) y Asturias (334).

Los ecos en la crisis del coronavirus

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cree que el coronavirus ha desvelado grietas en la red de servicios públicos. “Si el coronavirus te coge debilitado hay más opciones de que te mande a la UCI. Pues si el virus te coge con el Estado del bienestar recortado, tienes menos garantías de protección para personas vulnerables”. El mejor ejemplo de esta situación son, en opinión de Ramírez, los miles de muertos de las residencias de mayores.

“Pedimos un blindaje presupuestario al gasto social, es una materia esencial. En un escenario tan grave como el que vivimos, con las posiciones políticas extremadas que han venido a quedarse, el bienestar de los ciudadanos no puede ser un rehén de los políticos. No podemos seguir esperando años y años a que haya dotación para las políticas del Estado del bienestar”, concluye Ramírez.