Imserso

El Tribunal de Cuentas destapa duplicidades, sobrecostes y presuntos amaños en los contratos del Imserso

Un informe apunta a la "absoluta falta de control" de las licitaciones para gestionar el sistema informático de la dependencia, también investigadas por Anticorrupción

La sede del Imserso, en Madrid.
La sede del Imserso, en Madrid.KIKE PARA

Empresas que no pueden concursar, pero acaban haciendo el trabajo porque las subcontratan; sobrecostes de 1,7 millones por trocear en varios contratos lo que pudo hacerse en otro ya vigente; contactos previos al concurso con una compañía que finalmente lo gana; personal externo que trabaja sin contrato y que accede a datos sensibles de millones de personas… El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la situación de la dependencia en España, adelantado por EL PAÍS, dedica casi 70 páginas a describir la “absoluta falta de control” e irregularidades en la contratación de los servicios de informática del Imserso, materia que también investiga desde finales de 2018 la Fiscalía Anticorrupción. El informe, aún un anteproyecto que puede recibir alegaciones, enumera decenas de decisiones de 2012 a 2018 que no solo perjudicaron al erario público sino que contribuyeron a la mala gestión del sistema de dependencia.

Los contratos examinados se firmaron con César Antón y Carmen Balfagón como directores del Imserso, ambos nombrados por el PP. El tribunal se centra únicamente en las licitaciones que tienen que ver con el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sisaad), la base de datos de todas las prestaciones de dependencia. La descripción de los hechos sugiere la comisión de delitos, pero no entra a calificarlos ya que el informe se limita a cuestiones de contratación administrativa. La investigación de Anticorrupción es más amplia y afecta a otros contratos de informática firmados en esas fechas. La Fiscalía ha pedido información sobre todas las personas que tomaban decisiones en materia de contratación en el Imserso.

El primer sistema de información Sisaad se puso en marcha a los pocos meses de la entrada en vigor de la ley, en 2007. Costó 37 millones de euros. Cinco años después comenzó a desarrollarse una nueva aplicación informática con el objetivo de subsanar las deficiencias de la primera. El informe destaca que no se rentabilizó la “importante inversión previa” y que no se justificó por qué debía crearse un nuevo sistema que, además, después siguió mostrando incoherencias y errores. Igual que un tercer sistema informático desarrollado a partir de 2016.

El Tribunal de Cuentas no publica los nombres de las empresas, pero EL PAÍS tuvo acceso a los contratos a través de peticiones amparadas en la ley de transparencia y ha podido reconstruir quiénes fueron los adjudicatarios. Buena parte de las irregularidades empiezan con un contrato menor, otorgado a dedo el 16 de marzo de 2012, a la “empresa número 6”, que es Virtual Desk. El Imserso le encargó analizar si era más rentable modificar el primer Sisaad o desarrollar un nuevo sistema a partir de una plataforma ya existente en una comunidad autónoma. El tribunal cree que hubo “contactos” dirigidos a adjudicar directamente el contrato a la empresa. Finalmente Virtual Desk recomendó lo segundo y el Imserso le hizo caso.

El Imserso decidió licitar los distintos subsistemas de la aplicación en hasta siete contratos, haciendo un “uso recurrente” de la “posibilidad excepcional” de limitar la solicitud de oferta a un mínimo de empresas. Considera el tribunal que este sistema “minoró la mayor concurrencia que hubiera posibilitado la tramitación de un procedimiento abierto”. Una misma empresa se llevó seis de los siete contratos para el desarrollo de la aplicación: la “empresa número 4”, Informática El Corte Inglés (Iecisa). Pero Iecisa subcontrató a otras compañías. ¿Qué parte del trabajo? No se sabe porque el Imserso reconoció al tribunal que disponía de “nula información”. Entre las subcontratadas estaba justamente Virtual Desk, autora del informe que recomendaba apostar por una nueva aplicación. El tribunal menciona también que los actuales responsables del Imserso afirmaron en las entrevistas con los auditores que la falta de documentación del contrato de asesoría de Virtual Desk podría “ocultar la verdadera finalidad que la ejecución de ese contrato posibilitaba, que no era otra sino la de acceder al código fuente del primer Sisaad”, desarrollado por Accenture. De esta forma, podría sustituirla en el desarrollo y mantenimiento posterior, como sucedió al ser subcontratada de manera recurrente.

Riesgo de acuerdo previo

El tribunal considera que “existe un elevado riesgo” de que el reparto de contratos estuviera “previamente acordado” entre las empresas 4, 5 y 6 (Iecisa, Tecnologías Plexus y Virtual Desk) y entre ellas y el propio Imserso, “adulterando de esta forma el procedimiento de contratación pública”. El Imserso contrató estos subsistemas mediante un acuerdo marco, no de forma directa. Iecisa figuraba entre las empresas que podían ser contratadas, pero Plexus y Virtual Desk no. Iecisa subcontrató a Plexus y esta a su vez a Virtual Desk, sin que se pueda constatar que informara de ello al Imserso, destaca el informe. El consejero delegado de Virtual Desk, Julio Martín, asegura que nunca han tenido “conocimiento de ninguna irregularidad”. Una portavoz de Plexus indicó que su empresa es líder en tecnología para sanidad y servicios sociales, lo que explica que otras tecnológicas la subcontraten para realizar partes determinadas de los contratos. Una portavoz de El Corte Inglés, al que perteneció Iecisa hasta el pasado abril, señaló que la empresa siempre se ha ceñido a la normativa, descartó cualquier irregularidad y dijo que están a disposición de quien les pida información.

El desarrollo de los subsistemas del segundo Sisaad podría haberse incluido en un solo contrato evitando, dice el tribunal, el sobrecoste que supuso la ejecución independiente: 1.688.115 euros. En el informe se cuestiona la idoneidad de realizar dichos contratos cuando existía uno previo.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, asegura que las presuntas “corruptelas” en la contratación que se describen en el informe han afectado a la gestión de la dependencia. “Entre 2012 y 2018 se gastaron 17 millones en todos estos contratos y lo más grave es que encima el sistema no funciona, no ha servido para nada”.

El tribunal destaca la falta de planificación, que no se evitara “duplicar costes” y la falta de información. No hay constancia, por ejemplo, de los nombres de los trabajadores externos que acudían a la sede del Imserso. Empleados de Plexus y Virtual Desk lo hicieron durante cuatro meses y medio “sin amparo contractual”, algo que vulnera la normativa en materia de contratos y además “puede suponer una grave conculcación de la Ley Orgánica de Protección de Datos”.

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