Una concejal del PP de Palencia recibe un chalé con piscina de protección oficial en un caso con similitudes al de Alicante
La edil formaba parte de la corporación que en 2019 enajenó el solar para la construcción privada. La Junta de Castilla y León defiende la legalidad, pero la ley dice que debería haberse realizado un sorteo

Esta es la historia de una concejal del PP del Ayuntamiento de Palencia, una promoción de chalés con piscina comunitaria de protección oficial, una inmobiliaria y el visto bueno de la Junta de Castilla y León. Laura Lombraña es la edil, que fue nombrada responsable del área de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes desde 2019 a 2023. Ahora, ya en la oposición, sigue con su acta del PP.
La inmobiliaria en cuestión se llama Ingucasa, también de Palencia. Ingucasa presume en su web de contar con más de 40 años de experiencia en el sector. El 15 de junio de 2019, la edil, que también es periodista de profesión, tomó posesión como concejal de Gobierno con Mario Simón como alcalde. Simón era de Ciudadanos, que gobernó entre 2019 y 2023 en Palencia tras un pacto con los populares.
Cuatro meses después de esta investidura, según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el alcalde y sus concejales aprobaron la venta de un gran solar municipal por 1.892.647,24 euros para la construcción de un gran bloque de viviendas de protección oficial. 47 chalés de con una piscina comunitaria. Las 47 casas se entregaron en abril de 2023. Y una de ellas fue para Lombraña, la concejal del PP, según la documentación en poder de este periódico.
En este caso, la promotora y constructora no fue la inmobiliaria, sino una constructora que, a través de la inmobiliaria, las vendió por 157.320 euros. La venta se hizo sin un sorteo previo, como indica una normativa autonómica. Es decir, se adjudicaron a dedo. A última hora de este lunes, la inmobiliaria no ha contestado a las preguntas de EL PAÍS.
El caso tiene muchas similitudes con el de Alicante, donde una adjudicación presuntamente irregular de viviendas protegidas en una zona privilegiada con vistas al mar, ha destapado un patrón de favoritismos para acceder a casas de protección oficial. Un juzgado ya investiga estos hechos.
En la historia de Palencia es llamativa la forma en la que se adjudicaron los 47 chalés. La normativa autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda dice que si un grupo de personas se agrupan en una cooperativa, comunidad de propietarios o cualquier otra entidad que determine que estos socios van a ser los promotores de las mismas, deberán participar también en un procedimiento de selección que realizaría la Junta de Castilla y León.
Es decir, en el caso de aquellas viviendas de protección oficial que hayan sido construidas por la enajenación de una administración pública, como este caso, donde se vendió un solar público del Ayuntamiento de Palencia, el procedimiento para seleccionar a los futuros propietarios de las viviendas debe hacerse mediante un sorteo. ¿Y quiénes formarían parte de este sorteo? Todos los ciudadanos que están inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Pero no fue exactamente así.
“Yo me enteré porque vi el anuncio en la inmobiliaria”, dice por teléfono Lombraña, la concejal del PP que fue adjudicada con uno de estos chalés. “Yo tengo la misma información que el resto de propietarios. Yo veo esta vivienda porque estaba buscando una casa. A mi me llaman de la inmobiliaria para decirme que cumplo con los requisitos. Yo no sé si ha habido un sorteo, no lo sé. Yo veo un anuncio y me interesa”.
Más tarde, asegura Lombraña, y consta también en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, se hizo un sorteo ante notario, pero para repartir las 47 viviendas entre los 47 propietarios que se habían apuntado en la inmobiliaria. Es decir, se hizo un reparto aleatorio pero para ver qué casa le toca a cada uno: la más cercana a la piscina, la de la esquina de la calle, la del centro…
La concejal del PP también omite en el Portal de Transparencia municipal que cuenta con esta vivienda en propiedad, tal y como consta en el Registro de la Propiedad. En su declaración de bienes solo asegura contar con 7.000 euros en la cuenta corriente. La declaración fue firmada el 13 de junio de 2023.
Preguntada por la omisión de este chalé de protección oficial en el Portal de Transparencia, dice: “[La declaración de bienes] no estará actualizada, como tantos curriculums”. Lombraña asegura también que ha enviado al Ayuntamiento una actualización de la misma, sin precisar cuándo lo hizo, pero fuentes municipales niegan esta versión. “No ha enviado nada”.
Otra de las claves de esta promoción de viviendas de protección oficial de Palencia es la supervisión que, en teoría, debe realizar la Junta de Castilla y León, donde gobierna el PP.
Para responder a esta pregunta un portavoz de la Junta cita para este caso el artículo 53 de la ley autonómica de 2010, relativa a la vivienda. “En dicho procedimiento”, dice a través de correo electrónico, “se verificó el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de viviendas de protección pública, así como también se verificó el cumplimiento de los requisitos que deben cumplir los adjudicatarios de dichas viviendas”. Esto es, el visado. La Junta debe supervisar quiénes son estos propietarios. En este caso, asegura, los 47 propietarios formaban parte del registro de viviendas de protección oficial de la Junta de Castilla y León.
Pero la cuestión es si se hizo un sorteo entre todos los que forman parte de esta bolsa que, según la misma ley que cita la Junta, debería haberse hecho. Al cierre de 2025, 1.949 palentinos están inscritos en este portal, según datos facilitados por la delegación territorial de la Junta al Diario Palentino el pasado enero.
“Con carácter general”, dice el artículo 64 de esta normativa autonómica, “el procedimiento para seleccionar a los adquirentes o arrendatarios será el sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León”. Sin embargo, el portavoz de la Junta de Castilla y León, dice que ese “con carácter general” no implica “obligatoriedad”.
Y señala una normativa anterior a la de 2010 para justificar la decisión. En este caso, una orden autonómica de 2008, que dice: “Sólo tendrá lugar si así lo decide el promotor. En el caso de que el promotor opte por no celebrarlo, como sucede habitualmente cuando no hay más interesados que los inscritos en una cooperativa, debe garantizarse el cumplimiento de los principios de concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia, mediante la correspondiente publicación en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León”.
Sin embargo, la ley autonómica de vivienda se modificó también en 2013 con el fin de que, según su preámbulo, el sorteo sea obligatorio también para las viviendas de protección oficial de promoción privada, como este caso, para cumplir así el principio de igualdad en el acceso a estas viviendas de protección oficial. La vivienda en Palencia se situó en enero de 2026 en 1.541 euros el metro cuadrado, según datos de Idealista, cuatro puntos más que en el mismo mes del pasado año.
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