El caos en la contratación del Imserso obliga al Consejo de Ministros a regularizar 24 millones

La maquinaria que permite el funcionamiento habitual del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se paralizó en 2018. El organismo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales —antes del cambio de Gobierno, del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social—, dejó caducar los contratos que tenía vigentes (de limpieza, vigilancia, suministro de víveres, mantenimiento informático...) y no sacó nuevas licitaciones. Los contratistas de su red de centros de asistencia a la discapacidad y de referencia estatal, integrados en el sistema de la dependencia, dejaron de cobrar y algunos estuvieron a punto de cerrar. Un informe interno, al que ha tenido acceso EL PAÍS, califica la situación de "crítica" y relata la grave parálisis que vivió el organismo.

El informe, de noviembre pasado, reconoce que el caos en la contratación del Imserso ha obligado a recurrir a un procedimiento extraordinario para regularizar el pago de 24 millones de euros en el Consejo de Ministros. Este procedimiento, la convalidación de gasto, se emplea cuando existen anomalías y la intervención no ha fiscalizado esos fondos públicos. En 2018 el Imserso tuvo que recurrir a la convalidación de 33 expedientes por valor de 4,9 millones de euros. Según el informe, antes de final del año 2019 sería necesario elevar a Consejo de Ministros un total de 86 expedientes por unos 19 millones de euros. En total, casi 24 millones que no pasaron por los procedimientos de contratación habituales.

La situación extrema de este organismo, que maneja un presupuesto de unos 4.000 millones al año para pagar las pensiones no contributivas y parte del sistema de atención a la dependencia, quedó reflejada también en el informe de control financiero del año 2018 que elaboró la Intervención Delegada de la Seguridad Social. Los auditores públicos califican la contratación de "irregular". Aseguran que en el Imserso se produjo una "normalización de un procedimiento de contratación irregular", que estaba "al margen de toda sujeción a la normativa" y que tuvo "el consenso de todo el equipo directivo de ese periodo", en referencia a la primera mitad del año 2018, con Carmen Balfagón, nombrada por el PP, en la dirección del instituto.

A preguntas de EL PAÍS, Balfagón ha asegurado que licitó todo lo que pudo y que si no hizo más fue porque detectó irregularidades en la contratación del equipo anterior (César Antón, también del PP), que denunció a la Fiscalía Anticorrupción. La exdirectora del Imserso, que estuvo vinculada a Vox aunque asegura que ahora no milita en ningún partido, ha añadido que los directores que la sucedieron siguen sin regularizar muchos contratos: "Que hagan una comparativa entre lo que licité yo y lo que han licitado ellos".  

Tras la publicación de esta información, fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales han reconocido "muy graves irregularidades" correspondientes al "periodo de gestión del PP", una situación que califican de "muy preocupante". "Mientras el sistema de dependencia sufría duros recortes a manos de Mariano Rajoy, la gestión del Imserso presentaba irregularidades que apuntan a la comisión de posibles delitos, que tendrá que dirimir la Justicia", añaden estas fuentes. Manifiestan su intención de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y con el Tribunal de Cuentas, explican que han solicitado a la Inspección de servicios que inicie una inspección para depurar responsabilidades entre los trabajadores del instituto y se comprometen a favorecer un cambio que permita un "impulso" a los servicios de dependencia. 

"Parálisis" en la contratación

El informe del Imserso relata que el equipo de Balfagón trató de regularizar los pagos mediante un procedimiento (llamado revisión de oficio por nulidad de pleno derecho) irregular, que la Intervención le echó para atrás hasta en tres ocasiones. La parálisis en la tramitación de los pagos generó un retraso que finalmente derivó en la "parálisis" de la contratación, según la describe el texto. El informe atribuye parte del problema a la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos públicos en marzo de 2018 y a la falta de personal cualificado. El Imserso, añade, no contó con pliegos tipo adaptados a los cambios hasta diciembre de 2018.

La Intervención constató que fue necesario "promover de forma extraordinaria" la convalidación de gasto para que el Imserso pudiera seguir funcionando con normalidad. La situación en los centros, en los que viven o pasan varias horas al día personas con discapacidad o determinadas enfermedades, se complicó hasta el punto de que los trabajadores dejaron de cobrar varias nóminas. La actividad pudo continuar, pero al límite. 

Este informe de la Intervención forma parte de la documentación que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social envió al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción, que investigan desde finales de 2018 una presunta trama de contratación irregular en el Imserso que afecta a las aplicaciones informáticas de este organismo.

Tal como adelantó EL PAÍS, el fiscal encargado de la investigación ha pedido información sobre el periodo 2010-2018, incluidos todos los contratos de servicios informáticos relacionados con el sistema de información de la dependencia y la relación de las personas que ocuparon puestos de trabajo relacionados con la contratación. Los pagos que se han convalidado hasta ahora (aún quedan por regularizar unos ocho millones de euros, según fuentes conocedoras del procedimiento) corresponden principalmente a servicios como la vigilancia, el suministro de víveres o la jardinería de los centros. Los contratos bajo sospecha de Anticorrupción siguen a la espera de que avancen las pesquisas.

"Negligencias graves"

Los auditores se quejan en su informe de "ausencia total en la planificación de la contratación" y de que les negaron información para hacer el control interno. También recomiendan exigir responsabilidades para los funcionarios responsables de los daños causados. En su opinión, se produjeron varias "negligencias graves", como la paralización de la renovación de servicios informáticos "de necesidad crítica" para el correcto funcionamiento, y "elevados retrasos injustificados en el pago a proveedores". El informe alertaba asimismo de posibles consecuencias en el futuro, como tener que pagar penalizaciones o intereses de demora "a cargo de los fondos públicos".

Los auditores públicos destacan que la situación cambia en septiembre de 2018 —en junio de ese año había entrado el equipo nombrado por el Gobierno socialista—, "con la incorporación del nuevo equipo directivo", que se encontró con muchos expedientes "pendientes de pago". Para entonces, los proveedores no estaban cobrando pero la mayoría seguían dando el servicio. "Se ha dado un giro a la postura mantenida hasta ahora por la anterior dirección", subraya el informe, que destaca que la única forma de legalizar la situación, que califica de "extraordinaria", era la convalidación del gasto.