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El Tribunal de Cuentas también ve indicios de malversación en el Imserso

Esta investigación se suma a la que ya tiene en marcha la Fiscalía Anticorrupción

Sede del Imserso en Madrid
Sede del Imserso en Madrid

El Tribunal de Cuentas está investigando indicios de malversación de fondos públicos en la contratación de la informática del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). El Tribunal ya ha nombrado un delegado instructor —el equivalente al juez instructor en un proceso judicial— que está recabando información y documentos sobre las anomalías detectadas en las licitaciones de los servicios informáticos del organismo que gestiona la dependencia. Esta investigación de la sección de Enjuiciamiento se suma a la que tiene abierta la Fiscalía Anticorrupción, adelantada por EL PAÍS.

La investigación del Tribunal de Cuentas sobre la contratación del Imserso se inició en noviembre pasado y ya ha avanzado a la fase de actuaciones previas, el equivalente a la instrucción judicial. El instructor examinará durante varios meses la documentación que ha solicitado al Ministerio de Sanidad, del que depende orgánicamente el Imserso. El Tribunal de Cuentas ve indicios de responsabilidad contable por alcance, es decir, que las personas que tenían a su cargo el manejo de caudales públicos pueden haberlos gestionado mal o no haber evitado su mal uso.

Esta fase del enjuiciamiento acabará con un acta de liquidación provisional en la que se concretará, si es el caso, la cantidad presuntamente malversada y quiénes fueron sus responsables. En ese punto se suele ordenar un embargo preventivo, como ocurrió con la fianza de 5,2 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Artur Mas y el resto de dirigentes independentistas por el gasto de dinero público en la consulta del 9-N en 2014. El paso siguiente sería el juicio.

El Ministerio de Sanidad reconoció, a preguntas de EL PAÍS, que personal del órgano de control ya ha estado en el Imserso recabando documentación.

En paralelo a la investigación del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a finales del año pasado numerosos expedientes y documentos al Imserso sobre la contratación informática del organismo durante el periodo 2010-2018. Salvo una de las licitaciones, todos los expedientes específicos bajo la lupa de Anticorrupción se adjudicaron entre los años 2012 y 2017, es decir, durante casi todo el mandato de César Antón como director del Imserso. Antón, exconsejero de Sanidad de Castilla y León con el Partido Popular, fue nombrado en enero de 2012 al frente del Imserso. En esa época la ministra de Sanidad era Ana Mato.

Antón fue cesado en noviembre de 2016 por Dolors Montserrat. Esta nombró al frente del instituto de mayores a Carmen Balfagón, que previamente había trabajado en puestos de confianza como alto cargo en los Gobiernos autónomos de Esperanza Aguirre en Madrid y de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Varias fuentes conocedoras de este traspaso de poderes aseguran que Balfagón destituyó a buena parte del equipo de Antón en cuanto llegó al Imserso y que mantenía mala relación con él pese a estar nombrados ambos por un Gobierno del mismo partido, el Partido Popular.

La funcionaria que denunció las irregularidades en los contratos ante la Fiscalía Anticorrupción en septiembre pasado trabajaba bajo las órdenes de Balfagón. Esta la nombró subdirectora general de un área económica del Imserso. El Gobierno socialista la destituyó en septiembre, algo que Balfagón califica de “represalia”. “Nos costó mucho reunir la documentación y no ha sido un plato de gusto denunciar estos hechos”, aseguró este lunes en conversación con EL PAÍS. “Las anomalías se remontan a varias legislaturas, pero con independencia de cuál sea mi partido, yo soy funcionaria hace 46 años. Ante cosas que puedan ser susceptibles de delito tengo que actuar. Hicimos lo que teníamos que hacer”, añadió.

Su predecesor al frente del Imserso, César Antón, contestó este lunes a este diario: “Ahora hay que esperar con absoluta tranquilidad. Estoy a disposición de la Fiscalía. No tengo nada que ocultar”. En sus respuestas, Antón subrayó que, por ahora, lo que hay es una denuncia de “una funcionaria, no de un órgano de control”. Sobre el hecho de que su sucesora, Balfagón, avalara con su firma el texto de denuncia de la funcionaria, solo comentó: “Pregúntele a ella”. Acerca de la buena o mala relación que ambos mantenían apuntó: “Cuando llegó me puse a su disposición. Le di mi teléfono y le dije que si necesitaba algo que me llamara”. No le llamó, precisó.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, aseguró este lunes en un acto público en San Sebastián que las irregularidades corresponden a la última etapa del Gobierno del PP. Fuentes del PSOE aseguraron que durante la etapa socialista previa el Imserso no licitó ningún contrato de informática, sino que simplemente prorrogó el existente, que había ganado Accenture en 2008, cuando se puso en marcha el sistema SISSAD de gestión de la dependencia. El único expediente previo a 2012 por el que se interesa específicamente Anticorrupción es precisamente este primer contrato de Accenture.

Cuatro pesquisas en marcha

La denuncia de una funcionaria del Imserso, avalada por la directora general del Imserso entre noviembre de 2016 y junio de 2018, Carmen Balfagón, ha propiciado la apertura de cuatro investigaciones. Además de la que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción y la del Tribunal de Cuentas, está en marcha una investigación interna de la Inspección de Servicios del Ministerio de Sanidad que encargó la anterior directora del Imserso, Carmen Orte, según asegura el Ministerio de Sanidad. A estas hay que sumar la auditoría que encargó la propia Balfagón en mayo de 2018 a Isdefe, una empresa pública dependiente del Ministerio de Defensa especializada en ingeniería de sistemas. Este encargo, valorado en casi 150.000 euros, aún está en elaboración al haberse firmado por un periodo de un año.

La denuncia ante la Fiscalía especial contra la Corrupción se presentó en septiembre de 2018, y va firmada por una funcionaria del Imserso y por Balfagón. Esta misma funcionaria había dejado por escrito sus averiguaciones sobre irregularidades en materia de contratación en junio de 2018, en una declaración firmada presentada ante la Dirección General del Imserso.

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