14.358 llamadas desesperadas

“Tardaré mucho en poder olvidar todo lo que he vivido. He sentido impotencia por no poder ayudar a personas que estaban en una situación límite”. Quien habla es Margarita Girón, una de las coordinadoras del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados de Madrid. Junto a sus compañeros, han atendido cerca de 5.500 consultas de personas que estaban desesperadas por no cobrar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y no tener ni para comer. O la petición desesperada de una mujer para poder ver el cuerpo de su marido antes de ser enterrado. O incluso no saber si un familiar estaba vivo o muerto, tras haber ingresado en un hospital o en una residencia.

El SOJ se ha convertido para muchos madrileños en una vía de escape, en plena pandemia. Este servicio, que se presta habitualmente de forma presencial en cuatro sedes en la capital y en una quinta en Móstoles, solo ha atendido a través del teléfono. Al principio del estado de alarma, recibieron llamadas de toda España, ya que era el único colegio que lo mantuvo desde el primer momento. Después, ya se fueron sumando otras instituciones. “Había mucho nerviosismo. La gente se enfrentaba a problemas como un ERTE o la resolución de un arrendamiento y no sabía cómo afrontarlo”, describe la directora del Servicio a la Ciudadanía –que incluye el SOJ-, Marisol Cuevas.

De las 14.358 llamadas recibidas entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, se convirtieron en consultas 5.458 (el 38%). Destacan en este periodo, las de temas laboral, con 2.103 expedientes abiertos. Al frente de esta materia está Margarita Girón, que reconoce que ha pasado una de las peores épocas de su vida al escuchar dramas humanos para los que había que buscar soluciones. Y no siempre las había. Girón recuerda a una madre de 35 años con dos hijos de 5 y 11 años, residente en la capital. Su empresa la había metido en un ERTE. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPES) le había aprobado la prestación. Sin embargo, se ejecutó unas órdenes de embargo por haber cobrado de forma indebida unas prestaciones anteriores. El resultado fue que la mujer sólo cobró 51 euros para hacer frente a todos sus gastos. No podía ni comer ni sus hijos ni ella.

“Si estamos en una situación extraordinaria, no deberían haber ejecutado el embargo. Tuvimos un caso similar con una mujer de 41 años, pero sin hijos”, recuerda la coordinadora.

Otro caso habitual ha sido de decenas de trabajadores que, inmersos en un ERTE, ha llegado principios de junio y no han cobrado todavía la prestación. Fue el caso de un hombre, vecino de la capital, casado y con dos hijos. No podía ni comprar comida. La recomendación fue acudir a los servicios sociales o a Cáritas, pero hay también le incluyeron en una lista de espera. Situación similar se ha repetido con empresas que no han dado de baja a sus trabajadores en la Seguridad Social, por lo que tampoco podían recibir el subsidio. “En general, una consulta en nuestras oficinas se solventa en poco tiempo, pero en esta situación la gente quiere que le escuches, que sepas por lo que está pasando. Hemos hecho casi de psicólogos. Y la gente ha sido muy agradecida con el trato”, cuenta Girón.

Uno de los casos más tristes lo atendió la coordinadora de derecho civil y penal del SOJ Elena Ruiz Escalera. Una mujer mayor vecina de la capital la llamó porque no la dejaban ver el cuerpo de su marido, tras fallecer. El hombre se murió de un infarto en sus brazos mientras esperaba la ambulancia. “Quiero verle y decirle adiós”, le decía la mujer entre lágrimas y desesperación. “En estos casos se requiere una especial sensibilidad, mucha tranquilidad y mucha calma, además de mucha psicología porque esta mujer lo quería era despedirse e iniciar el duelo”, reconoce la coordinadora. La ley mortuoria, que no hace distinciones, no permitió que la afectada cumpliera su deseo.

El servicio también ha recibido llamadas desesperadas, de miedo y de no saber qué hacer. Como el de una mujer que temía por su vida y por la de su hijo, un menor de edad. Su marido la pegaba y la amenazaba con matarlos. No ha sido un caso único y se ha repetido durante el estado de alarma. “Al hacerlo por teléfono tenemos un problema añadido y es que no vemos la cara y los gestos de las personas. Nos falta ese feedback, esa respuesta necesaria para ver cómo reacciona”, destaca Ruiz Escalera. En estos casos, se les ofreció que un abogado la acompañara a la comisaría a denunciar, además de asistirla en todo lo necesario. “Lo rechazó por miedo a las consecuencias”, resume la letrada del SOJ.

Residencias que se mezclan con los viajes anulados

Las continuas negligencias que se han dado en las residencias de mayores, tanto públicas como privadas, han generado un número importante de llamadas al Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados de Madrid. “Los familiares nos preguntaban qué podían hacer tras la muerte de un mayor en una residencia o por no llevarlo a un hospital. Muchas de estas consultas sí están terminando en denuncias o en querellas”, relata el coordinador de derecho general e hipotecario del servicio, Isidoro Moreno. Lo habitual en estos casos es recabar la historia médica y de la residencia para ver qué tratamiento se ha dado a la persona y a partir de ahí intentar determinar si ha habido alguna negligencia, recuerda este abogado.

“También nos han llamado bastantes personas quejándose de que no sabían si su padre o su madre estaba vivo o muerto, ni dónde estaba el cuerpo o si lo habían incinerado o enterrado. Ha faltado mucha atención a todos estos familiares”, reconoce Moreno. “Han sido situaciones muy, muy dramáticas en las que se ha mezclado la impotencia y la rabia”, añade.

En la otra parte de la balanza, también han destacado las consultas por viajes o billetes anulados durante el estado de alarma. Sobre todo, en los primeros días. “Muchas compañías han ofrecido hacerlo más adelante en un tiempo razonable o dar un bono por el dinero adelantado. Si las condiciones han cambiado, el cliente tiene derecho a que le devuelvan el importe”, concluye Moreno. La demora o la exención en el pago de los alquileres tanto de viviendas como de locales ha estado también a la orden del día, sobre todo en los negocios, en las que las cuotas de varios miles de euros unidos a la falta de ingresos por el cierre durante el confinamiento, han abocado a más de un empresario a la bancarrota.

Los problemas civiles también estuvieron en primera línea, como el impago de las pensiones alimenticias de los hijos o el que un progenitor se hiciera cargo de los menores durante más tiempo del que tenía en la sentencia de divorcio. “Muchos nos preguntaban si se podía saltar el confinamiento del estado de alarma o, si el excónyuge no se podía mover, había alguna forma de compensar ese exceso de periodo que lo iba a tener”, resume Elena Ruiz Escalera. A ello se unía que estaba por medio la Semana Santa y que los padres iban a tener vacaciones, en caso de que no estuvieran en un ERTE. “Lo que nos decía la legislación que se ha aprobado en este periodo es que se tienen que reclamar esos días y que la mayor parte de los casos, por no decir todos, se compensarán a lo largo del año”, concluye la letrada.

El servicio ya está prestando con cita previa en las sedes. Eso si, lo tiene todo preparado por si hay un nuevo confinamiento.

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