El parón judicial por el coronavirus deja un retraso de meses en los desahucios

El parón de la justicia por el coronavirus ha dejado una acumulación de desahucios pendientes. El número de lanzamientos diarios en Barcelona no ha aumentado —oscilan entre los 25 y 30— porque los funcionarios son los que son y la plantilla no aumenta. Pero sí hay una acumulación de casos que, junto a las medidas legales para proteger a las personas en situación vulnerable, está provocando ya un retraso de hasta tres meses en las ejecuciones por impago del alquiler o de la hipoteca. Los servicios sociales, coinciden las fuentes judiciales consultadas, están desbordados y no ofrecen salidas a los afectados.

Cuando un juzgado admite la demanda de un propietario para echar a su inquilino por impago, lo comunica al SAC Civil, el servicio de funcionarios que acude a pie de calle a ejecutar los desahucios. Aunque trabajan para que una sentencia se cumpla, son los malos oficiales de la película, escoltados a veces por la policía. El SAC fija ya en ese momento una fecha para el lanzamiento, aunque luego pueda retrasarse por mil motivos. “Hasta el coronavirus, en Barcelona el plazo podía oscilar entre los tres y cuatro meses. Ahora nos hemos ido a los seis”, explica Roberto García Ceniceros, magistrado del juzgado de primera instancia 30 de Barcelona.

García Ceniceros cree que es pronto para saber si la crisis económica por la pandemia disparará el número de desahucios. La presión en la calle va en aumento. Y la presencia puntual de los Mossos d’Esquadra para echar a inquilinos ha recordado a los peores momentos de la Gran Recesión. Pero una cosa son las percepciones y otra, los datos. Y estos, por ahora, apenas se mueven. Lo que sí ocurre es que, debido al paréntesis por el estado de alarma, “los asuntos se acumulan” sobre la mesa de los juzgados.

El parón fue casi total. Según los datos que este viernes publicó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el número total de lanzamientos cayó un 90,6% en el segundo trimestre, coincidiendo con la parálisis judicial. De los 1.383 que se practicaron en toda España en ese periodo, la mayoría (73%) corresponden al impago de alquileres y el resto, a ejecuciones hipotecarias.

El magistrado percibe “un aumento de las peticiones para suspender los desahucios”. Una ley aprobada por el Gobierno en marzo permitió a las personas vulnerables —las que no tengan otro techo bajo el que cobijarse— solicitar un aplazamiento de hasta seis meses. Esa circunstancia ha redundado “en un retraso evidente en los lanzamientos; los propietarios van a tardar más en recuperar sus casas en caso de impago”, añade la abogada Cristina Vallejo, diputada de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona. Vallejo cree que aún es pronto para ver todas las consecuencias y sostiene que hay casos resueltos “mediante acuerdos entre las partes”.

Frente a los intereses de bancos o propietarios se sitúan los de los hipotecados o los inquilinos que no pueden afrontar los pagos. García Ceniceros admite que los jueces no tienen demasiado margen de maniobra, pero cree que “se han mejorado las herramientas”; por ejemplo, la comunicación con los servicios sociales, pese a que los juzgados no pueden contactar con ellos sin permiso explícito del afectado por protección de datos.

Eso provoca anomalías; por ejemplo, que se llegue a un desahucio sin que el ayuntamiento de turno tenga noticias de que hay personas en situación de riesgo o con niños pequeños y sin tener adónde ir. “En ese caso, y sobre todo cuando se trata de la primera orden, los funcionarios suelen paralizar el proceso. Pero ni aun así llegan las soluciones”, denuncia el juez. En Barcelona, más de la mitad de órdenes de desahucio se suspenden, y son necesarias hasta tres o más visitas del SAC —en última instancia, con policía— para que se ejecute realmente. “Una sentencia que no se cumple es papel mojado”, dice el juez.

Servicios “desbordados”

La clave del asunto, insiste, es que los servicios sociales están “desbordados” y rara vez pueden ofrecer una alternativa de vivienda, “ya no en tres meses, sino en un año”. “La gente pide que paremos el desahucio, busca en el juzgado un amparo que nosotros no podemos dar”, añade. Desde el punto de vista de los dueños de los pisos, la abogada Vallejo lamenta también la falta de medios: “Se traslada la carga de la ausencia de ayuda pública a los propietarios”.

El mayor “cliente”, bromea el juez, de los juzgados civiles en esta materia es el Incasòl, el organismo público que gestiona la vivienda pública de la Generalitat. Incasòl pide liberar pisos sociales que tiene ocupados de manera ilegal y que deberían servir, por ejemplo, para albergar a quienes no pueden pagar la renta.