Desahucios

Los desahucios de vivienda en España, en mínimos antes de que llegase la epidemia

Un total de 9.659 personas fueron expulsadas de sus casas entre enero y marzo, la cifra más baja desde que hay registros en los juzgados

Concentracion de la PAH para frenar un desahucio en Hospitalet del Llobregat (Barcelona), la semana pasada.
Concentracion de la PAH para frenar un desahucio en Hospitalet del Llobregat (Barcelona), la semana pasada.MASSIMILIANO MINOCRI / EL PAÍS

Una caída sin precedentes del número de inquilinos desahuciados y menos ejecuciones hipotecarias que nunca. Son los dos ingredientes que provocaron en el primer trimestre de este año un descenso histórico de los lanzamientos de vivienda, que por primera vez desde que hay registros en los juzgados (2013) bajaron de 10.000. Se trata sin duda de un dato positivo, aunque aporta poco alivio en un momento en que la incertidumbre por la covid-19, particularmente por sus consecuencias económicas, hace temer un repunte de las personas que no puedan pagar la hipoteca o la renta de alquiler y se vean expulsadas de sus casas. También hay que tener en cuenta que la declaración del estado de alarma el 14 de marzo paralizó en buena parte la actividad judicial, lo que habría tenido sus efectos estadísticos al comprender dos semanas del periodo estudiado.

Como en tantos otros aspectos, los datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial parecen de otra época, esa previa a la epidemia, que nada tiene que ver con la situación actual. Para esa era pre-covid, la tendencia que muestran era positiva. El total de lanzamientos (como se conoce en argot judicial al momento en que un tribunal ordena la entrega de una casa y se pone en marcha el mecanismo de desahucio) que se practicaron entre enero y marzo fue de 9.559. Esto son unos 6.000 menos que en los tres primeros meses de 2019, lo que supone un descenso próximo al 38%. Como sucede desde hace años, la inmensa mayoría de personas expulsadas de sus casas (un 71,4%) vivían de alquiler.

En cifras absolutas, eso supone que los inquilinos desahuciados en el primer trimestre del año fueron 6.892, un 33,1% menos que en el mismo periodo del año pasado. Supone un gran salto con respecto a la tendencia que se venía arrastrando. Tras un periodo de gran crecimiento, que coincidió con una etapa de fuertes subidas en los precios de alquiler, lo cierto es que desde el segundo trimestre del año pasado se produjo una inflexión. Desde entonces, la estadística encadena cuatro trimestres consecutivos registrando descensos en los desahucios de inquilinos en términos interanuales (es decir, el comparar la cifra con el mismo trimestre del año previo). Sin embargo, hasta ahora se trataba de bajadas leves: en el cuatro trimestre de 2019, por ejemplo, la reducción fue del 2,6%. Independientemente de cuánto haya influido en los datos publicados este viernes la inactividad de los juzgados en la segunda mitad de marzo, lo cierto es que pasar del -2,6% al -33,1% es un salto muy llamativo.

Lo mismo sucede con los lanzamientos por ejecución hipotecaria. Según la estadística del CGPJ, entre enero y marzo de este año fueron expulsadas de sus casas por no poder pagar las letras del préstamo 2.390 personas. Es la cifra más baja desde que los juzgados, ante la alarma social por las secuelas que la Gran Recesión estaba dejando en propietarios e inquilinos de vivienda, comenzaron a recabar estos datos a principios de 2013. En términos relativos, supone un descenso interanual del 45,1%, nuevamente un salto llamativo con respecto a la inercia que se arrastraba. La reducción de los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias es constante desde hace años, algo que los expertos asocian al hecho de que la mayoría de compradores insolventes durante la burbuja inmobiliaria ya han sido desposeídos y a que las condiciones para acceder a una hipoteca son cada vez más exigentes. Sin embargo, el año pasado esos porcentajes de descenso oscilaban entre el 20% y el 30% interanual, entre 15 y 25 puntos por debajo de lo que muestra la estadística difundida este viernes.

Descensos generalizados

Los descensos fueron generalizados en todas las comunidades con excepción de La Rioja, donde se registraron más desahucios que en el arranque de 2019 tanto entre inquilinos como entre propietarios. Conjuntamente, los lanzamientos practicados en ese territorio hasta marzo fueron un 5,6% más. En el resto de autonomías, las caídas fueron de entre un 18% y un 50%. Cataluña, con 2.178 desahucios en total, la Comunidad Valenciana (1.454) y Andalucía (1.443) registraron las cifras más elevadas en términos absolutos.

Desde el punto de vista de la evolución futura, la mayoría de expertos coincide en señalar que las dificultades económicas derivadas de la crisis del coronavirus pueden provocar un nuevo aumento del número de familias incapaces de hacer frente al importe de sus rentas o préstamos. Sin embargo, será difícil de cuantificar esa consecuencia a corto plazo en los datos que ofrece del CGPJ. A la ya mencionada paralización de la actividad en los tribunales (que solo atendían casos esenciales durante el confinamiento), se une la prohibición de determinados desahucios decretada por el Gobierno. Dentro del paquete de medidas económicas que el Ejecutivo aprobó el 31 de marzo, se incluyó una suspensión de los procesos de desahucio hasta seis meses después del levantamiento del estado de alarma (lo que sucederá el 21 de diciembre próximo) en el caso de familias vulnerables a las que no se pudiera facilitar otra vivienda si eran expulsadas de la suya.

La estadística de Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales también recoge, desde el tercer trimestre de 2018, datos relativos a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas. Ese procedimiento requiere que el propietario que reclama que su inmueble ha sido ocupado sea una persona física, una entidad sin ánimo de lucro o una administración pública. Con esas características entraron en los juzgados entre entero y marzo de este año 792 asuntos, un 12,1% menos que en el mismo periodo del año pasado. El mayor número de demandas correspondió a Cataluña (202), Andalucía (194) y la Comunidad Valenciana (87). Durante el periodo citado, se resolvieron en los tribunales 717 asuntos de esa naturaleza, quedando en tramitación 2.216.

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