El regreso de los desahucios

“Mis hijos —de 3 y 7 años— y yo llevamos un año y cuatro meses viviendo en este piso. Creía que estaba pagando el alquiler al propietario pero me engañaron. En realidad no estaba pagando al dueño sino a una persona que había ocupado el piso y me lo realquiló a mí. Yo no busqué esta situación pero voy a luchar para que, al menos, me den un alquiler social”, advertía este jueves en la puerta de su casa Liliana Salazar, una mujer de 43 años y origen colombiano. Si no llega a ser porque cerca de 300 personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se plantaron en la puerta de su casa de L’Hospitalet de Llobregat y paralizaron el desalojo, Liliana hubiera sido la primera persona desahuciada en Cataluña durante el estado de alarma.

Liliana encontró el pasado 2019 un entresuelo interior disponible en la Torrassa, barrio en el que viven muchos compatriotas y, además, por un piso de tres habitaciones, se podía permitir el precio: 350 euros. No firmó ningún papel con quien decía ser el dueño del piso y acabó fiándose de la persona que se .lo enseñó. Durante un año, a principios de cada mes, Liliana quedaba con esta persona y le entregaba en metálico la mensualidad. “Cuando empezó el problema del coronavirus un día nos cortaron el agua. Entonces fue cuando unas vecinas me dijeron que yo estaba viviendo en un piso ocupado. No lo sabía”, lamenta. Denunció el corte del suministro y, tras acudir a los servicios sociales y acreditar que tiene dos menores a su cargo, la compañía del agua volvió a abrir el grifo.

A las pocas semanas del incidente recibió un aviso de que el propietario del inmueble —un fondo de inversión vinculado a un banco— había denunciado la ocupación ilegal del piso. La denuncia llevaba meses en el juzgado y Liliana no había ni siquiera tenido tiempo para buscar otro lugar donde vivir. El juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de l’Hospitalet de Llobregat había marcado la fecha y la hora en la que iba a ser expulsada de su casa: el jueves 18 de junio a las 13.00.

Pasaban pocos minutos del mediodía de este jueves cuando decenas de activistas de la PAH, junto con otros miembros de los llamados sindicatos de barrio, se dirigieron a la puerta del portal donde vive Liliana. Hacía solo unos días que acudió a la entidad reclamando ayuda: “Yo trabajo limpiando pero no tengo documentos y durante la pandemia nadie me ha dado trabajo. Estoy desesperada. Siempre he pagado el alquiler a quien creí que era el propietario. Desde que me cortaron el agua dejé de hacerlo. Por favor, ayúdenme”.

El número de activistas superaba los 300 y 30 minutos antes de la hora señalada ya habían cortado la circulación frente a la casa de Liliana. Los concentrados gritaban al unísono: “Tenemos derecho a agua, luz y techo”, “vecino despierta, desahucian en tú puerta” y la habitual “¿qué pasa? ¿qué pasa? Que no tenemos casa”.

La portavoz de la PAH, Lucía Delgado, denunciaba el desalojo a pie de calle: “El gobierno de España, que se autodenomina progresista, no ha hecho lo suficiente para parar los desahucios. El real decreto solo frena los desalojos a las víctimas de la covid que no pueden pagar el alquiler. No afecta ni a los hipotecados ni a las personas que han ocupado una vivienda. Por eso estamos hoy aquí, con esta vergüenza. Todavía no ha acabado el estado de alarma y ya intentan echar a las personas de sus casas”. Delgado aseguró que el desahucio de Liliana —tal y como han cuantificado las PAH catalanas— es el primero que se intenta ejecutar durante la pandemia. “El Estado debe modificar el real decreto y la Generalitat debe presionar a los bancos para que den una alternativa de alquiler social”, concluyó.

Poco después de las 13.00 llegó la comitiva judicial. Al ver la cantidad de activistas taponando la puerta suspendió el desahucio de forma inmediata. Liliana ha ganado unas semanas de margen hasta que se lleve a cabo un nuevo intento de desalojo. Con el papel del juzgado en las manos que anulaba la acción, la mujer se fundió en un abrazo con algunos de los activistas de la PAH. En el número 100 de la calle Llobregat se volvió a oír, al unísono, uno de los lemas que nació en el seno de esta plataforma: “Sí se puede, sí se puede”.

La PAH intentará, saben que es complicado, que el banco que ha instado del desahucio deje a la mujer y a sus hijos seguir viviendo en este entresuelo interior pagando un alquiler social. “No quiero quedarme algo que no es mío, ni gratis, ni nada por el estilo”, apunta Liliana.