La PAH y el Sindicato de Inquilinos temen una “sangría de desahucios”

Más de 300 personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consiguieron, el 18 de junio, paralizar el desahucio a Liliana Salazar —una mujer de 43 años con dos hijos de tres y siete años— que vive en L’Hospitalet de Llobregat. Faltaban tres días para que se levantara el estado de alarma. Desde entonces, los desalojos judiciales no han hecho más que crecer, sobre todo en la última semana. Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos advierten de que si las administraciones no intervienen rápido se enfrentan a una “sangría de desahucios” y a una nueva crisis de la vivienda sin que se haya cerrado la de 2008.

Los Mossos d’Esquadra cargaron el pasado jueves contra decenas de activistas que intentaron impedir un desahucio en el barrio del Carmel en Barcelona. Los agentes consiguieron desalojar a la familia que vivía en el piso y entregárselo a su dueño, Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo del expresidente de la Generalitat. Desde el lunes de esta semana, hasta el desalojo en el barrio del Carmel, el Ayuntamiento de Barcelona ha contabilizado —solo en la capital catalana— 123 desahucios.

“No tenemos contabilizados los desalojos que ha habido en L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma, Cornellà… pero podemos decir claramente que estamos ante una verdadera oleada. Una hemorragia de desahucios que las administraciones están obligadas a detener”, advierte el portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera.

El pasado 1 de abril se publicó en el BOE un decreto por el que se suspendían los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa habitacional por el impago del alquiler. Además, se establecía una prórroga extraordinaria de seis meses para los contratos de arrendamiento que quedaran vencidos durante el estado de alarma. El problema con el que se enfrentaron las familias afectadas es que debían acreditar que su vulnerabilidad se debía exclusivamente a las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia de la covid. Además, en muchos casos, solo se aplazaban o prorrateaban los pagos del alquiler pero la deuda seguía pesando al inquilino.

“Hubo muchísima gente que no pudo acogerse al decreto. A los que se les acabó el contrato de alquiler y sí que pudieron acogerse a la prórroga de medio año se les acaba en apenas unas semanas. Ahora se enfrentan a una subida en el precio del alquiler que en ocasiones supone el 40% más de lo que pagaban en marzo de 2020”, denuncia Palomera.

La portavoz de la PAH Barcelona, Lucía Delgado, advierte de que las moratorias del gobierno de Pedro Sánchez no son más que un “parche” para tapar “la total ausencia de políticas de vivienda”. Tanto Delgado como Palomera creen que debe haber una ampliación de estas moratorias: “Que se prorroguen los contratos de alquiler con precios de marzo de 2020 por lo menos hasta julio de 2021”.

“No es normal que las administraciones no fomenten más las viviendas de alquiler social en el momento en el que nos encontramos. En Barcelona, la mayoría de familias que viven de alquiler viven en pisos de fondos de inversión que solo hacen que aumentar el precio. Ahora hay muchísimos pisos turísticos vacíos y las administraciones deben ejercer su poder para que vuelvan al mercado. Hoy en toda España hay más de 150 desahucios al día y nadie ha salvado a las personas, solo se ha buscado soluciones para los bancos y así nos fue en la anterior crisis económica”, lamenta la portavoz de la PAH.

Palomera tiene claro que sin la intervención pública se agravará todavía más la crisis de la vivienda: “El mercado del alquiler no se comporta como el resto de mercados. En Barcelona el precio de un piso sigue siendo alto: 950 euros. Estimamos que con la crisis del coronavirus solo ha descendido el alquiler un 5% como máximo. Y eso que ha bajado mucho la demanda ya que muchos estudiantes se han quedado en sus municipios y mucha gente con el fenómeno del teletrabajo se ha ido al extrarradio abandonando la ciudad”. El portavoz del Sindicato de Inquilinos mantiene que la oferta de pisos ha aumentado al no haber demanda de pisos turísticos. “El problema son los agentes de la propiedad inmobiliaria. Siguen presionando para mantener el precio de los pisos y así no reducir sus honorarios. Además, las familias demandantes de alquiler no tienen capacidad de negociación, y más teniendo que afrontar gastos como las finanzas. Si no hay una intervención pública pronto, la hemorragia de desahucios no habrá hecho más que comenzar”, lamenta Palomera.